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TV3, ley electoral y escuela, los objetivos del PSC para desactivar el procés

Salvador Illa se dirige a Pere Aragonès en la sesión de control parlamentario al Govern Parlament

El PSC ha insistido en las últimas semanas en su buena predisposición a pactar los presupuestos de la Generalitat para el próximo año. Una política de conciliación y mano tendida al gobierno de Pere Aragonés que Salvador Illa ya avanzó en el debate de investidura, cuando ofreció al líder de ERC «pactos puntuales» en cuestiones «de país». Pero esa predisposición no significa que los socialistas catalanes se hayan resignado a un papel de comparsas de la mayoría independentista.

Los socialistas han fijado los objetivos que creen fundamentales para desactivar a medio plazo esa mayoría independentista: los medios de comunicación públicos de la Generalitat, la inexistente ley electoral catalana y la escuela. Mientras, la política de pactos debe servir para rebajar la tensión política vivida en los últimos años, volviendo a una «política autonomista». Y en la medida de lo posible, para dividir al independentismo.

El debate de política general fue la primera prueba de ello, con dos votaciones en las que el PSC votó alternativamente con ERC y JxCat y forzó que exhibieran su división sobre dos cuestiones primordiales para el Govern: la mesa de diálogo con el Gobierno y la ampliación del aeropuerto de El Prat.

En los prespuestos, el PSC busca reforzar su imagen de partido de orden en Cataluña, por contraste con el independentismo. Y romper la mayoría de la investidura, en una

La preciada TV3

La corporación catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) es uno de los bienes más preciados de la Generalitat, pero tiene todos sus órganos de gobierno caducados. ERC ya ha explicitado su voluntad de renovarlos, entre otras cosas porque en el reparto de papeles definido con sus socios de gobierno, a los republicanos les correspondería ahora la dirección de TV3, mientras Junts se haría con el puente de mando de Catalunya Ràdio.

Y el PSC tiene la llave de esa renovación, porque la ley fija una mayoría reforzada para nombrar tanto a la cúpula de la CCMA como a los miembros del Consejo del Audiovisual (CAC) -donde el independentismo ha perdido su mayoría por la sucesiva dimisión de consejeros con el mandato caducado-.

En ese contexto, los socialistas han dejado claro que esta vez la renovación de cargos no se puede limitar a un «intercambio de cromos» para trasladar las mayorías del Parlament a los órganos de gobierno de los medios públicos. Quieren una «refundación» de la CCMA y así lo explicitaron en un largo informe hecho público el pasado mayo, la primera propuesta en firme del nuevo PSC de Salvador Illa tras las elecciones del 14F.

Cara y en regresión

En el PSC creen, además, que el tiempo juega a su favor, porque la situación de la CCMA es cada vez más complicada. Con un costo anual de 250 millones de euros para las arcas de la Generalitat y una plantilla progresivamente envejecida y sobredimensionada respecto al resto de las cadenas españolas, la televisión y radio públicas se han convertido en un reducto del independentismo que va perdiendo audiencia.

TV3 vuelve a ser líder de audiencias en Cataluña, aunque durante los meses de verano perdió ese liderazgo frente a Telecinco. Y Catalunya Ràdio hace años que perdió el primer puesto en favor de la emisora de Godó, Rac1. Colegios profesionales, comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio y entidades como el Colegio y el Sindicato de Periodistas han coincidido en los últimos meses en el diagnóstico de que los medios públicos de radiotelevisión necesitan una reconversión para adaptarse al panorama comunicativo actual.

Ley electoral

La ley electoral será otro de los caballos de batalla de una legislatura en la que tanto el PSC como Esquerra parecen dispuestos a devolver al Parlament los debates de política «ordinaria». Han sido los republicanos los primeros en poner sobre la mesa la necesidad de llenar un vacío inédito en el contexto español. Cataluña es la única comunidad autónoma que nunca ha regulado su régimen electoral, pese a tener la competencia para ello desde el Estatut de 1980.

Así, las elecciones autonómicas del 14F volvieron a regirse por la Loreg y una distribución de escaños basada en el censo de 1979. En estos 42 años Barcelona ha ganado un millón de habitantes y Lleida menos de 80.000. El resultado, un «premio» de cinco diputados que en base al censo actual deberían corresponder a la circunscripción de Barcelona y siguen repartiéndose en Lleida, entre ERC y Junts.

En este contexto, la propuesta del PSC será un modelo de doble voto similar al alemán, con circunscripciones uninominales en base a los consejos comarcales y los distritos de Barcelona, y 58 diputados a repartir por listas en circunscripción única. Un modelo que los socialistas catalanes ya plantearon, sin éxito, en 2014.

De hecho, en 2003 la ley electoral se convirtió ya en una de las obsesiones del PSC, cuando Pascual Maragall derrotó por primera vez a Jordi Pujol en unas autonómicas. El ex alcalde venció por 5.000 votos, pero la traslación en escaños dio una victoria de 4 diputados a Pujol. Los socialistas reformaron después el Estatut, pero ni siquiera entonces consiguieron que el nacionalismo renunciara a una ley electoral cada vez más ventajosa para ellos.

El modelo de escuela catalana

La escuela es el tercer factor señalado tradicionalmente por el constitucionalismo para explicar la expansión del independentismo en la última década. Un factor al que el PSC resta importancia, al menos en los discursos públicos. El socialismo catalán siempre ha defendido la inmersión lingüística y el modelo de escuela catalán basado en el rechazo a la escuela segregada por idioma que se planteó en la transición.

Herederos del pacto con el nacionalismo de 1980, los socialistas catalanes siguen defendiendo que el modelo actual es imprescindible para garantizar la cohesión social. Pero reconocen de puertas adentro el sesgo ideológico del profesorado, con un porcentaje de fieles independentistas muy por encima de la media catalana.

Aún así, desde el PSC lo tienen claro: situar en la diana al sistema educativo es un error. La vía, por tanto, está en la inspección educativa y empezar a sancionar a quienes hagan de sus aulas un púlpito político. En este contexto, cobra sentido el currículo enviado esta semana por el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas, que contempla 4 horas semanales de castellano en primaria, muy por encima de lo que se dedica ahora a esta asignatura en Cataluña.

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