El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) verá incrementado de forma notable su presupuesto el próximo año si sale adelante la propuesta enviada por el Gobierno de coalición al Congreso de los Diputados para su tramitación, lo que le permitirá recuperar el volumen de recursos que gestionaba antes del tijeterazo sufrido en 2018.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 reserva una partida de 3.033.110 euros a la autoridad independiente encargada de promover la transparencia en las entidades públicas, una cifra que representa un aumento del 25,9 % en relación con la dotación asignada para el ejercicio en curso. En términos absolutos, la variación es de 647.100 euros.

Después de dos años con el presupuesto congelado por las sucesivas prórrogas, el CTBG -adscrito hoy al Ministerio de Hacienda y Función Pública- vio incrementada en 2021 su dotación económica un 5,67 % hasta los 2.386.010 euros. El 97 % de esa cantidad se destina al pago de nóminas y seguros sociales del personal y a otros gastos corrientes, lo que deja escaso margen para llevar a cabo otras actividades.

Con la inyección económica que recibirá en 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -cuya actividad más visible es la resolución de las reclamaciones que presentan los ciudadanos cuando la Administración no satisface sus solicitudes de acceso a la información pública- recupera el nivel presupuestario que tenía hace cinco años. Con todo, la cuantía tendría que incrementarse aún en al menos un 63,5 % para poder «cumplir las funciones que tiene encomendadas», según las estimaciones aireadas por la Presidencia del organismo en sede parlamentaria.

Desde que sometió al examen de idoneidad ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados en octubre de 2020 como paso previo a su nombramiento como presidente, José Luis Rodríguez Álvarez viene llamando la atención sobre la escasez de medios que sufre la institución. Ésta se creó con motivo de la aprobación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en vigor desde finales de 2014.

Ejecución del presupuesto del CTBG al cierre de los tres primeros trimestres de 2021.

En su comparecencia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública de la Cámara Baja el pasado 10 de junio, Rodríguez Álvarez resaltó que el CTBG está «a la cola» y «a gran distancia» del resto de autoridades administrativas independientes en cuanto a presupuesto, cifrando en 4,1 y 6,6 veces más la asignación que los dos organismos con menos recursos manejan en comparación con el CTBG.

La falta de compromiso presupuestario manifestada hasta ahora contrasta con el notable incremento de la carga de trabajo que soporta el Consejo de Transparencia. Sólo en el capítulo de reclamaciones, el número de expedientes se ha triplicado en los últimos cinco años, al pasar de 517 en 2019 a 1.704 en 2020. A 31 de mayo de 2021, el número de reclamaciones ascendía a 974; si se mantiene este ritmo, el incremento podría ser del 37 % cuando acabe el ejercicio.

El CTBG manejará un presupuesto de tres millones, con lo que recuperará el volumen que gestionaba antes del ‘tijeretazo’ de 2018

Ese aumento de la actividad no ha ido acompañado de un refuerzo de personal, al seguir estancada la plantilla en 24 empleados públicos (incluidos el presidente y dos administrativos que se incorporaron meses atrás). El incremento presupuestario permitirá al CTBG en 2022 aumentar su dotación, sin que haya precisado en qué medida se llevará a cabo. «Debemos esperar a la aprobación de los PGE 2022 para poder solicitar a la Secretaría de Estado de Función Pública la incorporación de nuevo personal», han indicado a este diario fuentes del Consejo de Transparencia.

A ese déficit de plantilla se refirió también José Luis Rodríguez en su última comparecencia parlamentaria. «No hace falta un estudio muy profundo para darse cuenta de que la dotación actual, a pesar del compromiso que todos los funcionarios tienen y demuestran cada día, que merece un gran reconocimiento por su dedicación y desempeño, es notoriamente insuficiente para que el Consejo gestione de manera eficiente la carga de trabajo actual, que además, como ya he indicado, se está incrementando sensiblemente en lo que va de año», defendió el presidente. Éste recordó que de esa falta de medios ya se habían hecho eco diversos organismos nacionales e internacionales, casos del Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO).

Rodríguez Álvarez también aboga por la necesidad de completar la estructura orgánica de la entidad, que se encuentra -a su juicio-inacabada. Como ejemplo de esta carencia, el presidente llama la atención sobre el hecho de que no exista en el organigrama una secretaría general, circunstancia que provoca que «gran parte de las actuaciones burocráticas» se desplacen hacia él. Tampoco cuenta el CTBG con una asesoría jurídica, lo que le obliga a contratar los servicios de un bufete externo para que le represente en los casos en los que recurre la Administración sus resoluciones y no puede hacerlo la Abogacía del Estado por colisión de intereses.