España ¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE CON LA RENOVACIÓN?

El PP controlará el TC y el Gobierno, el Tribunal de Cuentas

El órgano de fiscalización del sector público emitirá próximamente un informe sobre los gastos por la pandemia de Covid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Monasterio de Yuste y el líder de la oposición Pablo Casado, al fondo. EFE.

El acuerdo de renovación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos que anunciaron este jueves el ministro de Presidencia Félix Bolaños y el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea conlleva, como resultado de toda negociación, beneficios y pérdidas para los dos principales partidos del Congreso de los Diputados. En este caso, el Gobierno se asegura el control del Tribunal de Cuentas pudiendo cambiar a los consejeros propuestos en su día por el Partido Popular proponiendo el PSOE a otros nuevos. Por su parte, la formación de Casado garantiza la mayoría conservadora en el Constitucional poniendo además sobre la mesa el nombre de dos magistrados más próximos al actual equipo de dirección del partido que el presidente del órgano Juan José González Rivas y el magistrado Andrés Ollero.

Después de tres años de bloqueo, las conversaciones se aceleraron este miércoles tras proponerlo Casado en la sesión del control al Gobierno y el acuerdo estuvo listo -para todos los órganos salvo para el Consejo General del Poder Judicial- en 24 horas.

El Gobierno alcanza en la fecha que se había marcado (otoño de 2021) su prioridad de renovar el Tribunal de Cuentas cuyos miembros vencieron su mandato el pasado 23 de julio y que ahora mismo cuenta con una mayoría de consejeros (7 de 11) propuestos por el Partido Popular en 2012, cuando era la fuerza mayoritaria de las Cortes.

Precisamente la composición del órgano fiscalizador de las cuentas públicas y sus decisiones están provocando dolores de cabeza al equipo del presidente Pedro Sánchez. Por un lado, complican su relación con los partidos independentistas: una semana después de que el Gobierno concediera el indulto a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo tanto por el delito de sedición como por el de malversación, el Tribunal de Cuentas exigió una fianza de 5,4 millones de euros a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, al ex vicepresidente Oriol Junqueras y a otra treintena de cargos públicos por su posible responsabilidad contable en la promoción de una Cataluña independiente a través de las denominadas embajadas catalanas en el exterior y el Diplocat. Precisamente este jueves el Tribunal de Cuentas ha rechazado el sistema de avales ideado por la Generalitat para cubrir dichas fianzas millonarias impuestas por el órgano fiscalizador a los líderes independentistas. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ultima un informe sobre los gastos públicos durante la pandemia de Covid que no dejaría al Gobierno de Sánchez en buen lugar.

La posibilidad de que los partidos del Gobierno propongan y elijan (con el cambio de mayorías en las Cortes resultado de las últimas elecciones) a un mayor número de consejeros en el órgano le daría la posibilidad de asegurarse candidatos más afines a sus intereses y un mayor control.

Antes de perder la mayoría del órgano

Es precisamente lo que persigue el Partido Popular en el Tribunal Constitucional, donde el acuerdo de renovación permitirá a la formación de Pablo Casado proponer los nombres de dos magistrados y al PSOE, otros dos. Así se renovaría el tercio del Alto Tribunal que ya se negoció reelegir -aunque el acuerdo no se selló finalmente- en febrero. Se trata del presidente Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés.

Tales nombramientos no modificarían la mayoría conservadora en el Alto Tribunal, pero sí puede hacerlo la sustitución de los cuatro magistrados que cumplen su mandato en junio de 2022: Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares. Con el acuerdo sellado esta semana el PP no estaría buscando únicamente asegurar una mayoría conservadora en el tribunal de garantías, sino también poder proponer a dos perfiles más próximos al equipo de Pablo Casado que lo eran el presidente González Rivas y el magistrado Andrés Ollero.

El Tribunal Constitucional tiene por delante en los próximos meses la resolución de importantes recursos, como los presentados contra la sentencia del procés por el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. En cuanto al Defensor del Pueblo, no parece que vaya a haber problema en que el Partido Popular acepte la propuesta de un candidato por parte del PSOE. El partido de coalición del Gobierno, Unidas Podemos, quiso dejar claro este jueves que el PSOE tendrá en cuenta su voz y que, como no podía ser de otra manera, participará en la propuesta de perfiles que, como afirmaron fuentes gubernamentales, serán «de reconocido prestigio y de consenso y se darán a conocer en los próximos días».

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