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El 'Pollo Carvajal' denuncia irregularidades en el proceso de EEUU que España valida

Las autoridades norteamericanas acusan al exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela Hugo Armando Carvajal, como a otros miembros del Gobierno de Chávez, de ayudar a las FARC a introducir cocaína en Norteamérica

Hugo Carvajal-Venezuela

Hugo Carvajal, ex jefe de la Inteligencia militar de Hugo Chávez, al salir de la cárcel de Estremera. EFE

Hugo Armando Carvajal Barrios (Puerto de la Cruz, Venezuela, 1960), ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, denuncia que la acusación que formula Estados Unidos contra él por presuntamente colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir cocaína en el país, y por la que España ha autorizado su entrega para que sea juzgado por un Tribunal de Nueva York, es irregular desde el inicio.

Sostiene que se trata de una acusación falsa tras la que hay una motivación política. Afirma que para asegurarse de la entrega, el país emitió una acusación sustitutoria en tiempo récord después de su detención en España el 12 de abril de 2019 exponiendo delitos que no habrían prescrito, a diferencia de lo que ocurría con la orden de aprehensión que ya existía desde 2015, así como que el país utilizó a traficantes de drogas que cumplen condena en Estados Unidos y buscan beneficios penitenciarios como testigos del relato contra él.

El militar chavista conocido como ‘Pollo Carvajal’ -que retiró su apoyo a Maduro y apoyó públicamente al opositor Juan Guaidó reconociéndole como presidente electo en febrero de 2019, cuando ya era reclamado por las autoridades estadounidenses- trata de retrasar con recursos procedimentales su entrega autorizada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a Norteamérica, donde se enfrenta a un juicio por presunto narcoterrorismo y tráfico de armas que podrían penarse con la cadena perpetua, además del embargo de sus bienes.

Acusación sustitutoria

El exmilitar ha expuesto durante el procedimiento -a través de su abogada María Dolores de Argüelles- que la acusación de narcoterrorismo contra él es falsa y los hechos expuestos en ésta son incongruentes y vagos. También que, para garantizarse que España no rechazaría la petición de extradición, el país presentó el 15 de abril de 2019, tres días después de su detención en Madrid, una acusación formal sustitutoria por delitos no prescritos contra él.

La defensa de Carvajal destaca que, según las leyes estadounidenses, para presentar dicha acusación formal se debió conformar un gran jurado federal de 16 miembros supervisados por el Poder Judicial estadounidense que valoraron las pruebas, considerando al menos 12 de ellos que eran suficientes para presentar la acusación de reemplazo. Algo que le resulta difícil de comprender que pudiera hacerse en tres días, entre el 12 y el 15 de abril de 2019 que se presentó.

El relato contra él

Carvajal llegó a Madrid un mes después de dar su apoyo a Guaidó. El 12 de abril fue detenido en respuesta a una comunicación de Interpol por la orden de aprehensión 11 CRIM 2015 de 3 de agosto de 2011 emitida contra él por el Magistrado Juez de Distrito Sur de Nueva York por delito de tráfico de drogas. En la citada comunicación se aclaraba que el exjefe de la contrainteligencia de Venezuela entró en nuestro país «haciendo uso del pasaporte venezolano número 107953458 a nombre de Adolfo-José Mouriño Olsen, de quien mediante cotejo dedactilar resultó ser el nacional venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios».

Estados Unidos pide a España la entrega de Carvajal exponiendo que «el 10 de abril de 2006 conspiró para coordinar el transporte de aproximadamente 5.600 kilogramos de cocaína desde Venezuela a Toluca (Mexico), que en última instancia estaba destinado a los Estados Unidos». El país le acusa de ser miembro desde 1999 hasta 2019 de «una organización venezolana de narcotraficantes compuesta por altos funcionarios venezolanos y otros, conocida como el Cartel de los Soles. Los objetivos del Cartel de los Soles incluyeron no sólo el enriquecimiento de sus miembros, sino también el uso de la cocaína como arma contra los Estados Unidos debido a los efectos adversos de la droga en usuarios individuales y el potencial de daños sociales más amplios derivados de la adicción a la cocaína. En la búsqueda de estos objetivos, Carvajal y otros miembros del Cartel de los Soles cultivaron conexiones con narcotraficantes a gran escala, incluidos, entre otros, los cabecillas de las FARC», se puede leer en la documentación de Estados Unidos remitida a España consultada por El Independiente.

La reunión en casa de Chávez

El relato de Estados Unidos continúa afirmando que «los miembros del Cartel de los Soles, incluido Carvajal, ayudaron al gobierno de Venezuela a tomar medidas oficiales que permitieron y facilitaron el narcotráfico en varias ocasiones, entre al menos aproximadamente 1999 y hasta incluyendo aproximadamente 2019». «Además de participar en otros cargamentos de cocaína de varias toneladas, Carvajal y otros miembros del Cartel de los Soles suministraron información confidencial de inteligencia y de aplicación de la ley a los narcotraficantes para facilitar los cargamentos de cocaína y otras actividades de tráfico de drogas, interfirió en las investigaciones de tráfico de drogas y en casos penales pendientes en Venezuela y en otros lugares, y vendió grandes cantidades de cocaína previamente incautada a narcotraficantes a cambio de millones de dólares».

Como prueba de tales hechos presuntamente delictivos cometidos por Carvajal concretamente y por todo el Gobierno de Chávez, según la acusación de Estados Unidos, el país expone como prueba contra el exjefe de la Inteligencia militar el relato de testigos que presenciaron reuniones en casa de Hugo Chávez. «En o alrededor de 2005, el testigo-1 asistió a una reunión en la casa del entonces presidente venezolano Chávez. A a reunión asistieron, entre otros, Carvajal, Chávez, el general venezolano Henry de Jesús Rangel Silva (en ese entonces el jefe de una agencia de inteligencia venezolana conocida como DISIP), Cabello (en ese entonces gobernador de Miranda) y El Aissami (en ese entonces miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela). Durante la reunión, Chávez instó al grupo, en sustancia y en parte, a promover sus objetivos políticos, incluido el de combatir en Estados Unidos «inundando» el país de cocaína», se puede leer en la acusación.

«En aproximadamente 2013, el testigo-2 fue reasignado para asistir a Cabello. Alrededor de esa época, el testigo-2 acompañó a Cabello y otros en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional Josefa Camejo cerca de Punto Fijo, Venezuela […] Cuando llegaron, el testigo-2 vio a Carvajal cerca de la playa escoltado por un destacamento de seguridad fuertemente armado vestidos de paisanos con ametralladoras. El testigo-2 observó a hombres cargando fardos de lo que parecía ser cocaína en lanchas rápidas, y escuchó a Carvajal decirles a los hombres de las lanchas que se fueran», se recoge como una de las pruebas contra el militar.

Extradición con la oposición de magistrados

Para su defensa, ésta y las otras pruebas que se exponen contra él son inconcretas, no pueden sostener una acusación por delitos tan graves. Así lo vio también la Sección Tercera de la Audiencia Nacional compuesta por los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Clara Eugenia Bayarri, que el 17 de septiembre de 2019 denegaron la extradición de Carvajal a Estados Unidos porque entendieron que no se daba el requisito de la doble incriminación, la reclamación de las autoridades americanas no precisaban qué actos delictivos concretos llevó a cabo Carvajal, así como que se trataría de un delito militar y que la petición se fundamentaba ‘en una motivación política’.

En aquél auto, consultado por este diario, afirmaron en todo caso que «no cabe dudar de la regularidad legal del procedimiento seguido en los Estados Unidos, siendo las alegaciones de la defensa del reclamado carentes de toda apoyatura cuando entienden fraudulenta la acusación formal de reemplazo de 15 de abril de 2019 que, tal como se indica por el fiscal en su declaración jurada, se debe a la presentación de pruebas adicionales ante el Gran Jurado en relación a un ya imputado. De igual modo tampoco puede dudarse de que las autoridades estadounidenses, ya políticas, ya judiciales, respeten los compromisos internacionales y cumplen las garantías que prestan diplomáticamente», expusieron los magistrados respaldando y validando la actuación de las autoridades estadounidenses en este proceso de extradición aunque se opusieran a la entrega.

La Fiscalía Antidroga recurrió la denegación de entrega y el Pleno de la Sala de lo Penal la autorizó

La Fiscalía Antidroga recurrió dicha resolución y el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó la extradición el 12 de noviembre de 2019. El Pleno, respecto a los argumentos de la Sección Tercera, señaló que los hechos descritos en la extradición abarcan una conducta continuada y organizada en relación al tráfico de drogas realizada durante veinte años que encajan dentro del Código Penal español en el delito de pertenencia a organización criminal o colaboración con organización terrorista y consideró que para ello se aportan indicios suficientes que podrían justificar un auto de procesamiento, considerando que sí se cumplía con el principio de la doble incriminación.

Consideraron la mayoría de miembros que «tanto en la acusación como en los documentos adjuntos aportados en la demanda están perfectamente identificadas las armas que se entregaban a las FARC a cambio de drogas y la protección armada que se daba a los cargamentos de cocaína, lo que en la legislación española se incluiría dentro de las modalidades agravadas del delito de tráfico de drogas por el hecho de portar armas durante su comisión».

Respecto a la condición de militar de Carvajal y que por ello estuviera autorizado a portar armas en su país, «en modo alguno -explicaron los jueces- impide la aplicación de estas modalidades agravadas porque ninguno de los concretos actos de prestar apoyo militar a operaciones de narcotráfico puede conceptuarse como ‘acto de servicio'». Por todo ello concluyeron que la descripción de los hechos no es abierta y abstracta sino «concreta en cuanto a la participación del reclamado y otros miembros del Cártel de los Soles en actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación con las FARC durante un periodo de tiempo amplio de 20 años».

Cuatro magistrados consideran que los hechos que se le imputan son inconcretos

Dicha resolución contó con el voto particular de los tres magistrados Guevara, Barreiro y Echarri que denegaron la entrega. Insistieron en que los hechos que se le imputan son inconcretos tanto en lugar como en tiempo, sin concretar la intervención del reclamado, al tiempo que reiteraron la naturaleza militar de los delitos.

A ellos tres se unió también con su voto en contra de la extradición el juez José Ricardo de Prada que, además de ver inconcreción jurídica en la demanda de extradición, consideró que ésta responde «a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo contra los Estados Unidos de América por parte de un enemigo de dicho Estado» más que una descripción jurídica de hechos delictivos concretos.

Este magistrado denunció además las injerencias en los miembros del Pleno que tomaron una decisión del exjuez de enlace de España en Washington, Jorge Carrera Domenecq. «No puedo sino manifestar mi perplejidad, profundo malestar y desacuerdo con el hecho de que persona no parte en el proceso y fuera de los cauces procesales establecidos, aunque se trate del Consejero jurídico de la Embajada de España en Washington, haya accedido al menos a un magistrado del Pleno, abogando por una determinada solución del caso; con la esperanza de que fuera un episodio único y no haya tenido influencia real en el resultado de la deliberación», manifestó el magistrado De Prada en su voto particular contra la decisión del Pleno.

Después de la aprobación de la extradición, ‘Pollo Carvajal’, contra el que no se dictaron medidas cautelares, desapareció. Dos años después fue detenido en Madrid por agentes de la Policía Nacional en colaboración con la agencia de drogas estadounidense (DEA), conociéndose que nunca salió de España, sino que estuvo escondido en distintos pisos. Ahora, desde la prisión de Estremera (Madrid) espera la resolución de distintos recursos presentados por su defensa por supuestas incongruencias entre el Ministerio del Interior y las resoluciones de la Audiencia Nacional tanto ante el Gobierno como ante el Tribunal Supremo, esperando poder frenar su entrega a Estados Unidos.

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