La recuperación del 100% de la presencialidad ha jugado una mala pasada a la mayoría independentista de la Mesa del Parlament, que este martes ha tenido que avalar de nuevo el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig. Ex consejero de Cultura del Govern de Carles Puigdemont, Puig forma parte del grupo de fugados que mantiene su residencia en Bruselas desde octubre de 2017, aunque en su caso la justicia belga ya ha cerrado la puerta a la extradición solicitada por el Tribunal Supremo.

La Mesa ha acordado hoy mantener el voto delegad de Puig, amparado durante estos meses por la flexibilización forzada por la restricción de aforos que impuso el Covid-19. Este martes, sin embargo, el Pleno del Parlament ha recuperado el 100% del aforo de la cámara, y esta medida se ha traducido en una nueva delegación de voto ad hoc para el diputado de JxCat. Una delegación no justificada por el reglamento de la Cámara.

Recurso del constitucionalismo

PSC, PP, Cs y Vox han recurrido la decisión, que ha sido sometida a una nueva reconsideración minutos antes de que empezara el pleno. Pero la mayoría independentista en la Mesa se ha impuesto para aceptar la medida.

El pasado mes de abril, tras las elecciones autonómicas del 14F, los socialistas ya presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la Mesa del Parlament de admitir la delegación de voto de Puig en el pleno de investidura.

El precedente de Torrent

Durante la pasada legislatura, la delegación de voto de los fugados ya abrió una crisis legal que se tradujo en enfrentamiento entre ERC y JxCat por la validez del voto de Carles Puigdemont, Toni Comin y el propio Puig. El Parlament, presidido entonces por el republicano Roger Torrent, aceptó inicialmente su delegación de voto, junto a la de republicanos como Oriol Junqueras. Pero cuando esta fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposición, y la presidencia fue advertida por el alto tribunal, la Mesa acordó dejar de aceptarlas.

El rechazo de esos votos, decidido por el voto de Torrent, fue recurrido por Puigdemont ante el Tribunal Constitucional. El ex presidente alegó entonces que el recurso no era «contra Torrent» sino contra la decisión que adoptó la Mesa que él preside el pasado 9 de octubre, cuando acordó retirar a los diputados suspendidos por el juez Pablo Llarena la posibilidad de delegar el voto, lo que causó una crisis entre ERC y JxCat.