Muchos ni siquiera tienen la más mínima instrucción. Otros, cientos, o han prescrito sin culpables o van camino de hacerlo. Una década después de que ETA anunciara que abandonaba las armas, 311 asesinatos de la banda –según datos de la Fiscalía- siguen sin resolverse. Una delegación del Parlamento Europeo visita desde hoy Euskadi y mañana se trasladará a Madrid para conocer cuál es la situación del legado de inmunidad que dejó la banda tras casi seis décadas de existencia. La delegación comunitaria está presidida por la eurodiputada francesa Agnès Evren, e integrada por los eurodiputados Alex Agius Saliba, Vlad Gheorghe y Kosma Zlotowski. Les acompañan los eurodiputados españoles Dolors Montserrat, presidenta de la comisión de Peticiones, Cristina Maestre, Maite Pagazaurtundúa y Jorge Buxadé.
Este mediodía han acudido al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, donde han visitado la exposición dedicada a los 60 años de violencia terrorista. La dirección del centro, encabezado por Florencio Domínguez, les ha hecho entrega de un informe en el que se analizan las circunstancias y posibles causas que han hecho que casi el 40% de los asesinatos de ETA sigan hoy sin culpables.
El informe, titulado “La justicia pendiente” cita varias razones que explicarían el elevado índice de asesinatos no resueltos. El primero y fundamental pasaría por el amedrentamiento al que sometió ETA a la sociedad, la vasca en particular, imponiendo una suerte de ‘ley del silencio’ en la “nadie ha visto nada”. A ella se sumarían campañas de amedrentamiento específicas a colectivos como los informantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a muchos de los cuales la banda asesinó acusándolos de ‘chivatos’.
También las campañas de amedrentamiento contra los propios agentes con un el elevado número de atentados, lo que llegó a generar una situación de terror y angustia que derivó en un desgaste intenso de la moral de los Cuerpos. En este contexto se priorizó la propia supervivencia de los agentes y la prevención por encima de las labores de investigación. Los uniformados de distintos cuerpos representan el 58% del total de asesinados. Una situación que fue especialmente evidente en los primeros años de la Transición, en los llamados ‘años de plomo’.
"Desajustes judiciales"
El informe del Centro Memorial señala también que durante mucho tiempo se produjeron “desajustes en el funcionamiento de los órganos judiciales” que dificultaron las investigaciones e instrucción de los casos. También se apunta como otro de los factores que no contribuyó a que durante muchos años no se resolvieran los atentados que ETA cometía los “problemas de adaptación” evidentes de las Fuerzas de Seguridad. Se trataba de estructuras organizadas con un modelo propio de la dictadura de la que se salía y que se demostró ineficaz para hacer frente con medios y conocimiento a un fenómeno entonces creciente como era el terrorismo de ETA.
En la lista de causas se incluye la dejación que existió cuando una de las facciones de ETA, la rama ‘Político-militar’, se disolvió en 1982, lo que en la práctica derivó en una omisión de investigación de muchos de los atentados que cometió esta rama de la organización criminal. También se señala que en algunos casos la dificultad estuvo en la muerte de los propios terroristas por “diversas circunstancias” y que no fueron juzgados por los asesinatos que se les achacaban.
La falta de colaboración internacional, en particular durante los años 70 y 80, se incluye como otro elemento importante para el devenir de muchos casos, en particular con los países en los que muchos miembros de ETA huidos se refugiaban y cuyos países no colaboraban con las autoridades españolas. Además, se ha constatado que durante muchos años existió gran dificultad para “convertir la información de inteligencia o los indicios policiales en pruebas judiciales”, lo que complicó los procesos.
Sin duda, el periodo que abarca 1978 a 1987 fue el más sanguinario de ETA. En esa década cometió el 64% de los atentados de toda su historia, a razón de 222 atentados por año de media. En este periodo se concentró la mayor parte de las víctimas, casi el 67% del total. Fueron años complicados en los que mientras ETA lograba asentarse y recabar un apoyo cada vez mayor, conformaba numerosos comandos gracias a su alta capacidad para reclutar militantes. En sentido contrario, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieron que modernizarse y adaptarse para pasar de ser una policía del régimen a cuerpos con recursos y conocimientos suficientes para hacer frente a un fenómeno como el del terrorismo.
El 86% en Euskadi y Navarra
La inmensa mayoría de los asesinatos no esclarecidos se cometieron en Euskadi y Navarra, el 86%. Unas comunidades autónomas en las que la acción de ETA y la presión social derivaron en una “sociedad de ciudadanos atemorizados que rehúsan cooperar con las autoridades para esclarecer los crímenes”, se señala en el informe remitido a los eurodiputados. Esa ausencia de colaboración dificulta sobremanera las investigaciones. Se cita el caso del quíntuple atentado en el que fallecieron el presidente de la diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce, junto a su conductor y tres policías de su escolta. Ocurrió el 11 de octubre de 1976 en una céntrica calle de San Sebastián a las 14.30 horas y con una gran afluencia de transeúntes. Sin embargo, de las doce personas que las autoridades localizaron en la zona “sólo una aportó datos de interés”.
Pese a todo, comparado con otros casos de organizaciones criminales que se han mantenido durante el tiempo en otros países europeos, el porcentaje de crímenes impunes es más bajo en España. En Irlanda del Norte, de los 3.700 asesinatos el 88% aún sigue impune. En Córcega, la violencia sin esclarecer ronda el 48%.
El informe recomienda dar pasos para resarcir, dentro de lo posible, a las familias de las víctimas de los crímenes no resueltos. Recuerda que la Fiscalía especial creada recientemente debería, junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado, actualizar investigaciones de todas estas causas “sin entrar a valorar con carácter previo la posible prescripción legal de la causa”. Señala además que el resultado de la misma debería aportarse a las víctimas que así lo soliciten e incluso que se pueda habilitar un procedimiento para poder solicitar información del estado de cada procedimiento: “La jurisdicción penal, en estos casos, debe dejar espacio a la jurisdicción de la verdad y la memoria”.
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