Casi 30.000 aspirantes (28.580) se han examinado este sábado para optar a una de las 6.239 plazas de funcionario convocadas el pasado mayo para distintos cuerpos de la Administración General del Estado (AGE) en todas las comunidades autónomas.

Se trata de la convocatoria más numerosa de este año, según el sindicato CSIF, que no obstante considera «insuficiente» esta oferta de empleo para cubrir los 43.377 puestos que ha perdido la administración en los últimos diez años.

Para acortar los desplazamientos de los opositores, los exámenes han tenido lugar en catorce provincias: A Coruña, Álava, Asturias, Barcelona, Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Valladolid.

La oferta más numerosa de plazas corresponde a promoción interna en los cuerpos de administrativos de la AGE (2.950 plazas) y de gestión de la Administración Civil del Estado (1.050 plazas), seguidos de gestión de sistemas e informática (200 plazas) y técnicos auxiliares de informática (105 plazas).

En el caso del ingreso libre, se han convocado 1.521 plazas, de las que 781 son para el cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado; otras 460 para auxiliares de informática y 280 plazas para la gestión de sistemas e informática.

Este proceso selectivo también incluye un total de 413 plazas destinadas a estabilizar el empleo en la AGE.

5 exámenes en 2022

Está previsto que otros cinco procesos selectivos de esta misma convocatoria, que incluye un total de 10.254 plazas, se celebren a principios de 2022.

El número de solicitudes recibidas para realizar las pruebas de enero supera las 100.000, según CSIF, que asegura no entender las razones de este retraso y pide al Gobierno que agilice los procesos selectivos pendientes «de una vez por todas».

La edad media de la plantilla de AGE es de 50 años y un 19 % tiene más de 60 años, lo que significa que está al borde de la jubilación, por lo que la portavoz del sindicato, Elena Abascal, ha advertido del «riesgo de colapso» en la Administración del Estado, en un momento en que organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Seguridad Social se encuentran «saturados».

Desde el inicio de la pandemia, CSIF ha reclamado un plan para reforzar las administraciones públicas con más de 106.000 empleos en los próximos tres años.