El Gobierno minimiza el 'caso Leire' y no aprecia aún indicios "sólidos" para poder querellarse contra ella

En el PSOE la pregunta es recurrente. ¿Por qué no actúa la dirección contra Leire Díez? ¿Por qué no la lleva a los tribunales si ha mancillado la imagen y el nombre del partido? ¿Por qué no ha dado un paso después de conocer el sumario que sustenta el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz? Ferraz y el Ejecutivo responden pidiendo calma, aduciendo que hace falta que la investigación avance, que hay que ir sobre seguro, que hay que disponer de indicios "sólidos" contra la exmilitante. No se descarta emprender acciones judiciales contra ella, pero el momento aún no ha llegado, se está "a la espera" de cómo continúe la instrucción, "y si se demuestra, se actuará con contundencia".

Pero sobre todo lo que opera en el Ejecutivo y en la cúpula socialista es una sensación de cierta incredulidad. La convicción de que la presunta red organizada que describía Pedraz en un auto se limitaba a un círculo formado por Santos Cerdán, el secretario de Organización fulminado ahora hace un año, y la propia Díez. Y eso que la gerente actual, Ana María Fuentes —promocionada al cargo por el propio Cerdán en el otoño de 2021— está imputada en esta causa como "cómplice" de varios delitos y como autora, "en todo caso", de falsedad en documento mercantil por haber elaborado "mendaces facturas" que permitieron la transferencia de fondos con destino a Díez. En el Ejecutivo y en Ferraz creen que la investigación sigue "muy verde" y que lo que queda más patente es que la llamada fontanera "era Antoñita la Fantástica", que "posiblemente fantaseaba y pensaba cosas y anotaba en sus cuadernos, pero no consiguió nada", porque ninguna de las investigaciones que pretendió boicotear fueron frustradas.

Para el Ejecutivo, lo que queda más patente es que la llamada 'fontanera' "era Antoñita la Fantástica", que "posiblemente fantaseaba y pensaba cosas y anotaba en sus cuadernos, pero no consiguió nada"

El caso Leire va para largo. Pedraz ordenó el lunes más diligencias y citó a 22 testigos para declarar ante él entre el 26 de junio y el 13 de julio, y un día más tarde, el martes 14, lo hará, pero como imputada, la abogada Leticia de la Hoz, acusada de haber intentado sobornar a la empresaria Carmen Pano para que cambiese su versión judicial de que llevó a Ferraz 90.000 euros en efectivo a petición del conseguidor Víctor de Aldama.

#EnDirecto | El Gobierno desmiente "rotundamente" cualquier encuentro entre Pedro Sánchez y Leire Díez: "Nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de sus andanzas. Nunca lo hubiera tolerado" pic.twitter.com/oG1tnnWPp7

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Entre los testigos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que pasará ante el magistrado el 10 de julio. En su caso, porque, según halló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se cruzó un mensaje con Díez el 24 de abril de 2024. Fue el día en que Pedro Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, por la que se retiraba cinco días para meditar si le convenía continuar o no en el Gobierno tras la imputación de su mujer. La llamada fontanera socialista le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de la necesidad de dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió Narbona.

Narbona ha sido citada como testigo el próximo 10 de julio por su intercambio de mensajes con Díez. Pero la más señalada es la directora de la Guardia Civil, que se reunió al menos tres veces con ella

Pero quien más presión recibe en la última semana es la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que se reunió, según la UCO, al menos tres veces con Díaz entre septiembre de 2024 —al poco de llegar al cargo por segunda vez— y abril de 2025. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó, antes de que se levantara el secreto del sumario, que González hubiera podido mantener encuentros con la exmilitante socialista. Pero cuando ya se conocieron los informes policiales la propia jefa política del cuerpo tuvo que reconocer que sí, que se había visto con Díez, pero adujo su relación con ella cesó cuando le pidió el reingreso de un comandante implicado en el caso Koldo, Rubén Villalba. Gobierno y partido, empezando por el propio Sánchez, han refrendado su confianza en González. Y también en Narbona. Y en la gerente, Ana Fuentes.

¿Sin "gran recorrido"?

No ha habido, por tanto, ni ceses ni caídas. Ni tampoco acciones judiciales contra Díez. Al menos, de momento. Gobierno y Ferraz prescriben prudencia. Un ministro de peso que no ve "gran recorrido" en la causa, por mucho que resulte "entretenida" mediáticamente, cree que las gestiones de Díez podrían asimilarse a lo que en derecho se llama tentativa inidónea o delito imposible, que sucede cuando los medios empleados son incapaces de alcanzar el fin deseado. La exmilitante "no tenía capacidad" para torpedear las investigaciones que afectaban al PSOE, concluye este miembro del Gobierno. "Es que habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conoce nada igual", ironiza.

Otro integrante del núcleo duro de Sánchez coincide: Díez "posiblemente fantaseaba y pensaba cosas y anotaba en sus cuadernos pero no consiguió nada", porque no alteró el curso de las investigaciones que acechaban al partido o al presidente. Sin embargo, sí se abrieron tres informaciones reservadas sobre la UCO que pudieron condicionar la acción de la unidad. El objetivo era perseguir las presuntas filtraciones a la prensa.

Díez, según un ministro, "no tenía capacidad" para torpedear las investigaciones que afectaban al PSOE: "Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conoce nada igual"

En el Ejecutivo insisten, por el contrario, que no aprecian ningún tipo de conducta delictiva en la directora de la Guardia Civil. Porque "no es delito tomarte un café con un militante", como sostiene la propia González que hizo con Díez, reuniones fuera de la sede del cuerpo. "Vamos a ir viendo todo. Ella fantaseaba. Porque, ¿por qué se daba tanta importancia? Posiblemente porque no lo hacía. Si tú tienes siempre al presidente en la boca igual es que no lo has visto en la vida. Vamos a dejar que la investigación siga", apuntan desde la Moncloa. Y añaden: "Es que, ¿quién no aparece en esas libretas? Hay hasta ministros de Justicia del PP [como Rafael Catalá]. Está por determinarse cuánto hay de Antoñita la Fantástica y cuánto de Pepe Gotera y Otilio". "Yo lo llamaría una suerte de realismo mágico", lo define un miembro de la dirección parlamentaria.

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Este martes, para apoyar su argumentación, en el Gobierno señalaban a lo ocurrido con el expediente de nacionalidad de uno de los citados en el sumario del caso Leire, el exviceministro venezolano Nervis Villalobos. El juez Pedraz acordó librar mandamiento judicial a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil —dependiente del Ministerio de Justicia que lidera Félix Bolaños— para que le informase del "estado actual de la solicitud de nacionalidad española" de Villalobos, "así como el expediente completo tramitado al efecto", e identificase a los funcionarios encargados. Este martes, la Subdirección General entregó el expediente, en el que constó que la solicitud, presentada el 25 de abril de 2024, fue denegada el 10 de octubre de 2025. Pero, aunque no habían sido requeridos por el juez "ni conocía su existencia", la Subdirección General entregó voluntariamente otros dos expedientes adicionales del exviceministro venezolano porque podían interesar a la instrucción.

El Ejecutivo pone como ejemplo la nacionalidad al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, que se concedió por la vía de la ley de memoria porque cumplía con los requisitos legales

Una primera petición de nacionalidad por residencia, del 20 de febrero de 2017, fue denegada el 17 de julio de 2020. Y una segunda solicitud acogiéndose a la ley de memoria democrática ante el Registro Civil, concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes argumenta que todos los procesos de solicitud de nacionalidad se tramitan en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública "siguiendo estrictamente la ley" y se basan solo en la "comprobación de los requisitos legalmente establecidos", de manera que si los solicitantes los cumplen, se otorgan "siempre", y si no es así, se deniegan.

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A Villalobos se le rechazaron los expedientes de nacionalidad por residencia por no reunir los requisitos, pero se le otorgó vía ley de memoria, tras un recurso interpuesto por él mismo basándose en una instrucción de 25 de octubre de 2022. La petición fue examinada por cuatro funcionarios. El Gobierno recalca que la estimación de estos recursos es habitual: de 189 presentados en 2025 contra resoluciones del Registro Civil sobre la opción de nacionalidad prevista en la ley de memoria, 164 fueron estimados, 20 fueron rechazados, tres archivados y en dos se ordenó "retrotraer las actuaciones". "Es decir, que se le concedió la nacionalidad por aplicación estricta de la ley. Eso hace que dudemos sobre qué presuntas tramas estamos hablando", manifiestan en el corazón del Ejecutivo, donde niegan radicalmente que Bolaños hubiera tenido conocimiento previo de ese expediente.

"Somos gente rigurosa y solvente"

Los colaboradores más cercanos de Sánchez delinean la comparación: el año pasado, se actuó contra Cerdán de manera fulminante porque el informe de la UCO sobre él era "inapelable", igual que se le pidió al exministro José Luis Ábalos sin estar siquiera ni imputado en cuanto fue detenido su exasesor Koldo García. "Cuando tuvimos noticias de indicios sólidos, se les apartó. Pero aquí vamos a ver", advierten. Y lo mismo opera con Ana Fuentes: la gerente puede firmar "miles de facturas" y ordena los pagos "porque se lo ordena su jefe". En este caso, Cerdán. Análisis que vale, recalcan, para las dos trabajadoras de Ferraz, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, que fueron imputadas por sacar billetes de viaje a Díez. "Hace falta conocer más lo que había. La trama Kitchen que montó el PP en Interior espió, organizó un aparato de una setentena de policías, desvió fondos reservados... nada que ver con esto", defienden en el círculo de confianza del líder socialista.

Ferraz esgrime que intentó querellarse contra Aldama, pero el Supremo se lo denegó porque la causa estaba pendiente de deliberación y fallo. Por eso remarca que no puede actuar a la ligera

En definitiva, en el Gobierno entienden que el caso Leire está aún "muy verde", por lo que conviene esperar. El pasado viernes, en Tivat (Montenegro), preguntado por los periodistas, Sánchez también reclamó paciencia: "Somos gente rigurosa, somos gente solvente, y ahora están los equipos jurídicos analizando toda esta ingente información y trabajando en los próximos pasos que vamos a dar".

Desde el aparato de Ferraz recuerdan que han de ir con pies de plomo, porque también la dirección pidió al Supremo poder querellarse contra el comisionista Víctor de Aldama por sus "falsedades, injuriosas y calumniosas, contra este Partido Socialista Obrero Español", porque en el juicio del caso mascarillas aseguró que, si operó una "jerarquía" en la supuesta banda organizada y criminal de la que él había sido señalado como el "nexo corruptor", "el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno". El partido protestaba por la "campaña difamatoria" emprendida contra él por el empresario. Pero el Supremo denegó el permiso para poder interponer esa querella por injurias y calumnias "al estar pendiente de deliberación y fallo la causa" a la que aludía Ferraz, el caso mascarillas, cuya sentencia se espera para este mes.

"Leire en realidad no tiene ninguna relación contractual con nosotros", esgrimen en la cúpula socialista. Según Pedraz, Díez fue remunerada a través de sociedades interpuestas. "Por ahora, seguimos viendo toda la documentación y también necesitamos que el caso avance. Hay que ver qué es cierto, qué no... y a partir de ahí actuar. Por eso no descartamos ninguna acción", sostienen desde el aparato federal, que insiste en que la exmilitante no dejaba de ser "como el Pequeño Nicolás, como Antoñita la Fantástica", que tejió una relación con Cerdán, pero no una red dentro del partido.

Seguimos viendo toda la documentación y también necesitamos que el caso avance. Hay que ver qué es cierto, qué no... y a partir de ahí actuar. Por eso no descartamos ninguna acción", dicen en la cúpula

La precaución con la que se mueven en el cuartel general contrasta con el comunicado del pasado 3 de junio, cuando se levantó el secreto del sumario: lo conocido, dijo Ferraz, "es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE". "Una suma de comportamientos individuales intolerables que han pretendido legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio", remacharon.

El temor a una escalada

Y frente a la ansiedad que manifiestan muchos cuadros socialistas, que entienden que hay que actuar ya judicialmente contra Díez —el más explícito, desde hace meses, es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page—, en el cuartel general reiteran que esto es un procedimiento judicial y "se tiene que hacer bien". "Tenemos que saber bien todo. Estamos leyendo aún el sumario. Hay testificales que se van a practicar hasta entrado julio. Y hay una parte secreta todavía. No se puede correr más. Aún tienen que avanzar cosas", agregan. "Es que esto es el PSOE, no podemos errar si vamos a la Justicia", apuntala otro miembro relevante de la cúpula parlamentaria.

Ferraz no descarta la imputación del PSOE: "Pero nos defenderíamos. El partido no ha hecho nada. En todo caso Santos. Llevamos arrastrando muchas losas, y se están pasando de frenada"

El partido tiembla ante la posibilidad de que el caso Leire escale más y acabe imputada la propia formación como persona jurídica y que incluso el juez Pedraz pueda llegar a apuntar a Sánchez, aunque en caso de encontrar indicios contra él tendría que elevar una exposición razonada al Supremo para que decida si lo investiga o no, dado que es un aforado. En la Moncloa no contemplan esa doble posibilidad, ni tan siquiera que el presidente pudiera ser llamado a comparecer como testigo, porque entienden que no pesa sobre él ni la mínima sospecha. El pasado viernes insistió él mismo en que no conocía, ni nunca fue informado de las "andanzas" de Díez porque, sencillamente, nunca las habría tolerado. En su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara alta, el pasado 30 de octubre de 2025, fue preguntado por el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta si conocía si la exmilitante realizó algún encargo para el PSOE. "Que me conste a mí, desde luego que no", contestó Sánchez por dos veces.

No obstante, en la dirección socialista admiten que no les resultaría extraño que fuera imputado el partido. Y eso "sería un claro ejemplo más del daño desmesurado" que estaría recibiendo. "Pero nos defenderíamos. El partido no ha hecho nada. En todo caso Santos. Llevamos arrastrando muchas losas que nos van poniendo encima, y se están pasando de frenada. Pero la gente no es tonta", avisan en la sala de máquinas del PSOE.

El juez que investiga a Zapatero pide a EEUU una prueba clave para el caso Plus Ultra https://t.co/E9xhzBsY4x pic.twitter.com/ObKPasYy1z

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La cúpula apuntaba este martes al auto del juez Jose Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra que tiene imputado a José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado solicitó a EEUU autorización para utilizar como prueba la extracción del contenido del móvil de Rodolfo Reyes, accionista de la compañía aérea y contra quien existe una orden internacional de arresto. Los chats descubiertos en el teléfono de este empresario fueron fundamentales para sostener la imputación del expresidente. El terminal fue incautado por la Homeland Security Investigations (HSI) en 2021, pero EEUU no entregó el contenido del móvil a España hasta cinco años después, hasta el 18 de marzo de 2026. "Ahí hay mucha tela y no somos tontos", expresan con irritación en Ferraz, recordando que el letrado que representa a Zapatero es Víctor Moreno, un prestigioso procesalista. Es decir, que uno de los objetivos de la defensa puede ser que las evidencias recabadas se anulen. De ahí la prevención del juez Calama.

Los socialistas recelan de EEUU, porque mandó a España la información extraída del móvil de uno de los empresarios claves de Plus Ultra cinco años después de que fuera incautado

En la Moncloa se muestran más cautos. Reconocen que no es "nada habitual" una demora de cinco años, porque la cooperación judicial funciona correctamente, pero no quieren achacar el envío del contenido de Reyes justo ahora a una pataleta de Donald Trump contra el Gobierno español, en un momento de tensión de las relaciones diplomáticas. El problema por tanto que tendría esa prueba es que si estuviera viciada de origen, observan en el Ejecutivo, se podría comprometer el resto de la instrucción, ya que depende de ella.