El agujero económico que deja el fiasco del caza de sexta generación en España: 1.000 empleos y 350 millones comprometidos

El fiasco del caza de combate de sexta generación FCAS (Future Combat Air System) no solo deja a España en una situación de presunta vulnerabilidad militar a partir de 2040. También importa la industria y los planes de empleabilidad que el caza traía consigo. Las desavenencias entre Alemania, Francia y sus representantes industriales dejaron a España y a Indra en segundo plano esperando una solución que desenvolviese el nudo empresarial.

El papel español pasó por esperar a que las posturas se acercasen, pero tras meses de desencuentros, se ha enterrado definitivamente el megraproyecto de 100.000 millones de euros. En este sentido, el fiasco del caza de sexta generación deja en España hasta 1.000 empleos en vilo y 350 millones de euros comprometidos. El programa del caza promulgó en 2022, con un Marc Murtra todavía presidente de Indra, la creación de 1.000 puestos de trabajo directos en España, 400 de ellos en la tecnológica. Así ofrecía Indra un futuro prometedor en la industria como coordinador en niveles a la altura del 33% de Dassault Aviation y Airbus.

El papel de Indra consistía en ser el coordinador industrial nacional en el programa NGWS (Next Generation Weapon System), el núcleo del programa FCAS y poseía el papel más relevante en las áreas de nube de combate, sensores, laboratorios de simulación e ingeniería de sistemas. En este sentido, el fracaso empresarial ha puesto en jaque el compromiso de autonomía estratégica europea y la ministra Margarita Robles ha asegurado que "se han antepuesto intereses de la industria a la seguridad de Europa". Por otra parte, ha seña". Por otra parte, ha añadido que "por parte de España vamos a hacer todo lo posible para que este proyecto tenga otra vía".

El caza de cazas

Pero esto no quita que la ministra califique el desenlace de "preocupante" y "grave", pues en juego estaba el proyecto de defensa más importante hasta la fecha. No solo 100.000 millones de euros, todo un caza capaz de combatir de forma interoperable. Era el 'sistema de sistemas'. Un avión de sexta generación con la ventaja de operar con otros aviones de combate, helicópteros y enjambres de drones. Era el caza de cazas.

La confianza en el proyecto era tal que el mismo Ministerio de Industria y Turismo aprobó en septiembre del año pasado una concesión de préstamos sin intereses a varias compañías, entre las que se encontraba como principal adjudicado Indra, para el programa asociado al Sistema Integral Aéreo de Última Generación (NGWS Nacional). En este proyecto se aprobó el subprograma FCAS-Nacional que tenía como objeto "estudiar el concepto de combate colaborativo, identificando las diferentes arquitecturas FCAS incrementales y su plan de implementación, y llevar a cabo demostraciones incrementales de capacidades de combate colaborativo y los beneficios que aportan", según recoge el BOE.

El préstamo plurianual alcanza los 350 millones de euros repartidos hasta 2029. Pero el principal desembolso se realizó en 2025, cuando se repartieron hasta 278 millones de euros. De estos, 214 millones se se destinan al subprograma Contrato Tecnológico Nacional NGWS, cuya entidad beneficiaria es Indra. Los 64 millones restantes se destinaron a la UTE formada por Airbus Defence and Space e Indra para el programa del FCAS Nacional.

¿Qué ocurre en caso de cancelación?

El mismo decreto recoge que en caso de que el Gobierno decida cancelar el programa basándose en el interés público, "el Ministerio de Industria y Turismo exigirá a las empresas beneficiarias que devuelvan al Tesoro Público los fondos sobrantes en el plazo de un mes desde la notificación". La cantidad que devolverá será la diferencia entre los anticipos que ya hayan recibido y los gastos ya comprometidos por la empresa hasta la fecha de la cancelación.

Sin embargo, si el contrato se cancela por causas que sean imputables exclusivamente a la entidad beneficiaria, las consecuencias son más severas. "La empresa tendrá un plazo de dos meses para devolver al Tesoro Público la totalidad de la financiación recibida, sumándole además los correspondientes intereses de demora".