España | Tribunales

La Fiscalía insiste en que se archive la investigación por el préstamo público a Plus Ultra

La compañía defiende que "ha acreditado de forma íntegra y transparente" los pasos seguidos para recibir la financiación pública de 53 millones de euros

La Fiscalía de Madrid ha vuelto a pedir el sobreseimiento de la investigación del Juzgado 15 de Madrid sobre posibles irregularidades en la concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas puesto en marcha para sostener la actividad de compañías durante la pandemia.

El Ministerio Público insiste en que la compañía se adecuaba a las condiciones establecidas para recibir la financiación pública, que superó diez veces su patrimonio. El importe, de 53 millones de euros, se concedió previendo que se canalizaría a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros.

El pasado julio, la jueza Esperanza Collazos que investiga las condiciones del préstamo y la situación de la empresa en el momento de recibirlo para saber si reunía los requisitos para ello a raíz de una querella del sindicato Manos Limpias contra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y su consejo de administración, suspendió el rescate de manera cautelar a la espera de que la compañía acreditara que era imprescindible para continuar pagando a proveedores.

Plus Ultra presentó un recurso, aportando un informe pericial adelantado por El Independiente en el que expuso que si no recibían la ayuda y la compañía se quedaba sin liquidez, los más perjudicados serían los clientes, asegurando que el montante de los billetes de avión que había cobrado por adelantado ascendía a 22,3 millones de euros. En agosto, la jueza estimó dicho recurso y desbloqueó el préstamo.

«Cumplía con la práctica totalidad de las condiciones»

Ahora, la Fiscalía de Madrid, informada del resultado de un último informe pericial aportado a la causa, insiste en que el caso alrededor de la actuación de la SEPI debe archivarse. «Tenemos declarado que para determinar si la actuación por la que se siguen estas diligencias previas ha sido o no correcta, y en su caso si encaja en alguno de los tipos penales por los que se formula querella, era imprescindible conocer la normativa y si el expediente íntegro de la concesión de ayuda a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SL se sujetaba a la misma. Si entonces contábamos con dos informes de expertos independientes que con base en la información aportada por registros públicos avalaban la concesión de la ayuda, en este momento procesal una nueva pericia concluye: «Se podría considerar que la compañía PLUS ULTRA cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas (…) excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en «situación de crisis» a fecha 31 de diciembre de 2019″, se puede leer en el escrito presentado por el Ministerio Fiscal el pasado 25 de octubre.

«Las dudas que sostiene el perito sobre la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha se refieren a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible
situación de insolvencia […] El análisis efectuado por el perito contempla cuatro escenarios posibles dos de los cuales no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis en la fecha referida, evidenciando así que, al menos en esos casos, se cumplirían la totalidad de las condiciones establecidas», concluye.

La compañía defiende su «transparencia»

Por su parte, la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas ha defendido en un comunicado este miércoles que «ha acreditado de forma íntegra y transparente desde el inicio del proceso en 2020 toda la información y documentación necesaria para seguir los pasos y procesos exigidos para la concesión de la financiación pública de 53 millones de euros que ha recibido, y sin la cual no hubiera podido continuar operando tras el impacto de la crisis por Covid-19 en su negocio».

La aerolínea reitera que «la SEPI llevó a cabo un exhaustivo control de cumplimiento de todos los requisitos que el organismo exigía para acceder al rescate. Entre ellos, la situación operativa, financiera y jurídica de la compañía. Contó para ello con informes independientes elaborados, respectivamente, por el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisor y la firma auditora la de la aerolínea, que dieron una opinión favorable a la concesión de la financiación pública. Asimismo, el informe elaborado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil apoyaron la concesión de la financiación», sostienen.

Te puede interesar

Comentar ()