España

Las tres grandes asociaciones agrarias recurren a la Audiencia Nacional por la desprotección frente al lobo

Centro del Lobo Ibérico en la localidad de Robledo de Sanabria, en Zamora.

Centro del Lobo Ibérico en la localidad de Robledo de Sanabria, en Zamora. EUROPA PRESS

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo en contra de la orden ministerial que incluye al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) para el conjunto de España y piden la suspensión cautelar de esta decisión del Gobierno que supone prohibir su caza en toda España al considerar que es «contraria a derecho» y que «perjudica gravemente a los ganaderos».

Las organizaciones se suman así con un recurso similar a la petición de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias Cantabria y Castilla y León, presentado recientemente ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del 20 de septiembre que establece la prohibición de cazar lobos en todo el territorio nacional.

En un comunicado, explican que con su recurso tratan de evitar que se agrave «aún más» la situación de los ganaderos que el propio Ministerio reconoce en su última Memoria, aun estando en vigor el anterior régimen de protección, «desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas».

En su recurso reflejan que antes de dicha orden ministerial, los ganaderos al norte del río Duero –donde sí estaba autorizada su caza cinegética– perdían una media de 9.812 animales al año, mientras que ahora, la inclusión del lobo en el LESPRE «lógicamente supondrá un incremento exponencial de estas pérdidas por no hablar de otros daños en el ámbito rural».

Así, detallan de manera pormenorizada los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas sufridos por los ganaderos en los últimos años y denuncian que las indemnizaciones son «siempre parciales e insuficientes» para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha.

De ese modo, detalla que en el Principado de Asturias, en el periodo 2017-2020, el número de animales dañados asciende a 12.966, con un importe de resarcimientos de 835.000 euros en 2019 y otro tanto en 2020. En Cantabria, por su parte, la Consejería de Agricultura contabilizó una
media de dos ataques diarios de lobo en 2020.

En cuanto a Galicia, reflejan en su escrito que las reses atacadas que fueron declaradas ascienden a unas 2.300 al año, aunque el número real de bajas probablemente se acerque a las 4.000. Así, calculan que los daños en la región superan los 2 millones de euros/año de media, computando no solo las reses muertas sino también los abortos por estrés, los descensos en la producción de leche, los costes veterinarios, lucro cesante, etc.

Las organizaciones afirman que, de esos dos millones, la Xunta afrontó en 2020 indemnizaciones por valor de 650.00 euros, un 32% de la pérdidas reales, siendo el resto soportado por los ganaderos. Y desde septiembre de 2021, tras la inclusión del lobo en el LESPRE, esta comunidad autónoma anuncia la supresión de la ayudas por daños del lobo alegando que ahora es responsabilidad del MITECO.

Respecto a Castilla y León, entre enero a septiembre de 2020 se han declarado 1.835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas. Las provincias más afectadas por estos ataques se encuentran al sur del Duero, donde precisamente el lobo está incluido en el LESPRE desde el año 2019, por lo que advierten de que con la aprobación de la orden de Transición Ecológica la situación se extrapole al resto de provincias y el problema se agrave «aún más».

En definitiva, Asaja, COAG y UPA argumentan ante la Audiencia que el lobo «no está en situación vulnerable al norte del Duero» y que la desprotección en la que quedan vacas, ovejas y equinos y la presión que ejerce el lobo sobre la ganadería extensiva causan un grave impacto económico y social tanto a los ganaderos como al conjunto del medio rural, por no hablar de las consecuencias medioambientales que la desaparición de la ganadería extensiva tendría sobre el entorno natural.

A su juicio, la orden dictada por Teresa Ribera «además de desproporcionada e innecesaria, supone una clara agresión para un sector productivo que en estos momentos atraviesa graves dificultades para salir adelante».

Asimismo, alegan que es incomprensible que la orden haya entrado en vigor sin estar precedida de la correspondiente actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo, al tiempo que consideran que su aprobación deja «en papel mojado» los planes de gestión de la especie de cuatro comunidades autónomas, algo que en su opinión, aboca al sector agrario «a un limbo jurídico».

Finalmente, creen que de suspenderse cautelarmente la orden ministerial, Ribera emprendería el «cauce del diálogo y la búsqueda de consenso» con todas las partes afectadas, lograr garantizar un equilibrio entre la conservación del lobo y la actividad ganadera.

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