La juez que investiga el caso Plus Ultra ha rechazado las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para archivar el caso y ha ordenado un careo entre los peritos que realizaron los informes favorables al rescate de la SEPI a la compañía y los peritos independientes que cuestionan la legalidad de la operación, según han adelantado este jueves El Mundo y Vozpopuli.

En las últimas horas, la Fiscalía de Madrid había vuelto a pedir el sobreseimiento de la investigación del Juzgado 15 de Madrid sobre posibles irregularidades en la concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas puesto en marcha para sostener la actividad de compañías durante la pandemia.

El Ministerio Público insiste en que la compañía se adecuaba a las condiciones establecidas para recibir la financiación pública, que superó diez veces su patrimonio. El importe, de 53 millones de euros, se concedió previendo que se canalizaría a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros.

El pasado julio, la jueza Esperanza Collazos que investiga las condiciones del préstamo y la situación de la empresa en el momento de recibirlo para saber si reunía los requisitos para ello a raíz de una querella del sindicato Manos Limpias contra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y su consejo de administración, suspendió el rescate de manera cautelar a la espera de que la compañía acreditara que era imprescindible para continuar pagando a proveedores.

Plus Ultra presentó un recurso, aportando un informe pericial adelantado por El Independiente en el que expuso que si no recibían la ayuda y la compañía se quedaba sin liquidez, los más perjudicados serían los clientes, asegurando que el montante de los billetes de avión que había cobrado por adelantado ascendía a 22,3 millones de euros. En agosto, la jueza estimó dicho recurso y desbloqueó el préstamo.