
Un panel muestra información sobre vuelos de la aerolínea Plus Ultra, en el aeropuerto de Madrid.
La juez que investiga el caso Plus Ultra ha rechazado las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para archivar el caso y ha ordenado un careo entre los peritos que realizaron los informes favorables al rescate de la SEPI a la compañía y los peritos independientes que cuestionan la legalidad de la operación, según han adelantado este jueves El Mundo y Vozpopuli.
En las últimas horas, la Fiscalía de Madrid había vuelto a pedir el sobreseimiento de la investigación del Juzgado 15 de Madrid sobre posibles irregularidades en la concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas puesto en marcha para sostener la actividad de compañías durante la pandemia.
El Ministerio Público insiste en que la compañía se adecuaba a las condiciones establecidas para recibir la financiación pública, que superó diez veces su patrimonio. El importe, de 53 millones de euros, se concedió previendo que se canalizaría a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros.
El pasado julio, la jueza Esperanza Collazos que investiga las condiciones del préstamo y la situación de la empresa en el momento de recibirlo para saber si reunía los requisitos para ello a raíz de una querella del sindicato Manos Limpias contra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y su consejo de administración, suspendió el rescate de manera cautelar a la espera de que la compañía acreditara que era imprescindible para continuar pagando a proveedores.
Plus Ultra presentó un recurso, aportando un informe pericial adelantado por El Independiente en el que expuso que si no recibían la ayuda y la compañía se quedaba sin liquidez, los más perjudicados serían los clientes, asegurando que el montante de los billetes de avión que había cobrado por adelantado ascendía a 22,3 millones de euros. En agosto, la jueza estimó dicho recurso y desbloqueó el préstamo.
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