España

Policías y guardias civiles, en pie guerra por la reforma de la 'Ley mordaza': "Beneficiará al manifestante violento"

Sindicatos y asociaciones profesionales ven un "daño grave e irreparable a la operatividad policial" en el texto que PSOE y Unidas Podemos han cerrado para modificar la Ley de seguridad ciudadana: "Se pone en riesgo nuestra integridad física"

Un furgón de la Guardia Urbana en llamas durante una manifestación en defensa de la libertad del rapero Pablo Hasél.

Un furgón de la Guardia Urbana en llamas durante una manifestación en Barcelona en defensa de la libertad del rapero Pablo Hasél. EP

El acuerdo alcanzado por los socios (PSOE y Unidas Podemos) para derogar la Ley mordaza abrirá un nuevo frente para el bipartito en la segunda parte de la legislatura. Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil anuncian concentraciones ante las delegaciones del Gobierno (24 de noviembre) y una gran manifestación tres días después en protesta por la reforma de esta norma, que -en su opinión- «destruye el principio de autoridad, merma la capacidad operativa de la Policía y pone en riesgo a los agentes».

Casi dos años después de que echara a andar el actual mandato, los dos partidos que sustentan el Ejecutivo dan por cerrado un acuerdo para eliminar los «aspectos más lesivos» de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, aprobada por el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015 con los únicos votos a favor del PP y en vigor desde el 1 de julio de dicho año. La formación liderada entonces por Mariano Rajoy contaba entonces con una amplia mayoría absoluta -224 diputados- y Podemos, que tenía un año de vida y no había concurrido aún a ningún proceso electoral, carecía de representación en la Cámara Baja.

Tumbar los aspectos «más virulentos» de la conocida como Ley mordaza fue una de las promesas anunciadas por Pedro Sánchez en el discurso con el que defendió la moción de censura contra Rajoy en mayo de 2018. «Me comprometo a impulsar la derogación urgente de aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y por los grupos parlamentarios de la oposición. Me refiero a los artículos que limitan desproporcionadamente, a nuestro juicio, el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión, a los artículos que restringen la libertad de información de los profesionales del periodismo o a la disposición final que permite la expulsión de extranjeros en frontera de forma arbitraria y sin derecho a la tutela judicial efectiva», anunció el líder socialista.

Ese compromiso quedó plasmado en el «acuerdo de coalición progresista» que Sánchez firmó con Pablo Iglesias el 30 de diciembre de 2019 y que posibilitó la formación del actual Gobierno. «Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal«, detalla el documento. Dicho precepto, que castigaba los piquetes con cárcel, fue anulado el pasado mes de abril.

Los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil muestra unánimemente su rechazo a la derogación de la ley, el principal instrumento normativo de aplicación durante el estado de alarma y el mecanismo que impidió que las cacerolas de protesta llegaran a las puertas de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid) al permitir uno de sus artículos -concretamente el 17- el cierre de una calle ante los meros indicios racionales de que se pueda producir una alteración de la seguridad ciudadana.

Policías y guardias civiles ven un «daño grave e irreparable a la operatividad policial» en la reforma de la ley

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) advierten de que la aprobación de la nueva ley en los términos que han trascendido va a provocar un «daño grave e irreparable a la operatividad policial» y -entre otros reproches- censura que se elimine del catálogo de sanciones la «obstaculización de vías públicas» con mobiliario urbano, contenedores, neumáticos u otros objetos, de modo que dichas acciones podrán producirse «sin reproche administrativo». «Más impunidad para quien decida alterar la convivencia pacífica del resto de la sociedad», señala.

«Entendemos que lo que hace es mermar el principio de autoridad y dificultar el trabajo de los agentes. Y vemos que beneficia al manifestante violento, que cuando va a una concentración y cometa alguna acción que pueda ser sancionable administrativamente -como destrozos en el mobiliario urbano- o incluso un ilícito como arremeter contra los agentes de la autoridad… A ésos les beneficia. Se pone también en riesgo la integridad física de nuestros compañeros, porque se quiere minimizar el material antidisturbios que se utiliza. Será muy difícil garantizar que se reestablezca el orden público en una manifestación grave», mantiene el portavoz de Justicia Policial (Jupol), Pablo Pérez.

Jupol será una de las organizaciones que secundará la manifestación convocada el próximo 27 de noviembre en Madrid por Jusapol, la plataforma constituida en 2017 para reivindicar la equiparación salarial con las policías autonómicas. En esta concentración se espera la presencia masiva de guardias civiles y policías nacionales, autonómicos y locales de todo el país para mostrar su rechazo a la reforma normativa.

«Capacidad de ingresos» del sancionado

Enrique Santiago, portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos en el Congreso y la persona que ha encabezado las negociaciones con el PSOE, ha anunciado que el futuro texto reducirá las multas que se consideren excesivas y se aplicarán «criterios de proporcionalidad» para ajustarlas tanto a la «capacidad de ingresos de las personas sancionadas» como a la edad.

En este sentido, Santiago ha adelantado que las sanciones serán «de índole restaurativo» o el resultado de la conciliación «entre la persona autora o la persona o institución ofendida». En cualquier caso, el diputado comunista deja claro que en el expediente primará la «resocialización por encima de la sanción» y que se eliminará la «limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario».

Las críticas a la derogación vienen también motivadas por el hecho de que se eliminaría la prohibición de grabar imágenes de policías en el desempeño de su trabajo, lo que -aseguran- pondrá en riesgo a los policías y sus familias por la difusión que pueda hacerse de dichas imágenes para ‘señalar’ a agentes. «Esa enmienda coloca en la diana del señalamiento en redes a más de 200.000 funcionarios de los diferentes cuerpos policiales, a los que ahora se podrá acosar y hostigar con material videográfico. Esta medida es innecesaria, injusta, temeraria y ha generado un amplia e irreparable preocupación entre los profesionales de la seguridad pública, a los que se sitúa, por conveniencia de la aritmética parlamentaria, ante un escenario de riesgo personal y familiar», razona la CEP.

Sánchez se dispone a cumplir la promesa que ya anunció en su discurso de la moción de censura contra Rajoy

En opinión del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la reforma «criminaliza» y «desprestigia» al colectivo de la seguridad pública. «Sitúa a los policías al mismo nivel que los delincuentes cuando retira la presunción de veracidad que tenían las actas policiales frente a las declaraciones de los infractores», se queja la organización. Según ha trascendido, el atestado policial perderá dicha presunción cuando los hechos relatados no resulten «coherentes, lógicos y razonables».

Junto con la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Asociación Profesional de Cabos (APC), el SUP promoverá el próximo 24 de noviembre concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en señal de rechazo. «No entendemos cómo el Gobierno pretende abordar una reforma que destruye el principio de autoridad, merma la capacidad operativa de la Policía y pone en riesgo a sus agentes, máxime cuando vivimos un momento de especial conflictividad social en medio de una pandemia y con un aumento creciente de las agresiones a policías», destaca.

Otro asunto que ha suscitado el malestar de los agentes es el hecho de que las manifestaciones de carácter espontáneo no tendrían que ser comunicadas previamente ni detallarse el recorrido. «Una situación que pondría en grave riesgo a los agentes», avisa la AUGC, para quien la entrada en vigor de la nueva ley pone «en peligro» muchas operaciones en curso.

Registros e identificaciones

El portavoz adjunto de Unidas Podemos ha confirmado que el requisito de la comunicación previa sólo sería obligatorio para aquellos actos «previstos y previsibles» con antelación, por lo que dejarían de aplicarse las sanciones que rigen ahora para las no notificadas. Idéntica situación ocurriría con el «derecho fundamental a reunirse de forma pacífica».

El futuro texto incorpora también novedades en cuanto a los registros corporales y las identificaciones de personas. De aprobarse, deberá quedar constancia escrita de la motivación que lleva a efectuar el registro y otras comprobaciones en la vía pública, limitándose los desnudos parciales. «Si deben realizarse de forma inmediata, se hará en un lugar con la debida garantía de protección de la intimidad», ha avanzado Santiago.

La reducción del tiempo en que una persona que se niega a ser identificada pueda ser retenida (de seis a dos horas), que la tenencia de sustancias estupefacientes pase de tener la consideración de infracción grave a leve, la prohibición del uso de pelotas de goma en dispositivos de orden público y el rechazo en frontera de inmigrantes irregulares son otras de las modificaciones por las que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mostrarán su rechazo en la calle en las próximas semanas. «Esta reforma normativa supone un retroceso muy grave en el modelo de seguridad ciudadana que España viene disfrutando desde la recuperación de la democracia», concluye la CEP.

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