La ley de Amnistía de 1977 no la querían los franquistas, de hecho se opusieron con todas sus fuerzas a que el gobierno de Adolfo Suárez aprobara la ley con la que se daban por no cometidos los delitos, “cualquiera que fuese su resultado” realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976 [referéndum sobre la Ley de Reforma Política]  y los realizados entre esa fecha y el 15 de junio de 1977 [celebración de las primeras elecciones libres] “cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España”. 

Con esta ley, insistentemente reclamada por los partidos de la izquierda, se ponía el contador a cero en la vida política española, incluidos, y esto hay     que subrayarlo ahora, a los asesinos de ETA que estaban cumpliendo ya condena en las cárceles. Porque hubo unos días, una semana por lo menos, en que no hubo ningún terrorista de la banda en prisión. Enseguida volvieron a asesinar y a regresar a las celdas.

Los que tenemos años suficientes recordamos a la abogada Cristina Almeida dirigirse en enero de 1976 en en a las más de 600 personas convocadas por la entonces reciente Comisión Pro-Amnistía encargada no sólo de recoger dinero para ayudar a los familiares de los presos políticos, sino también de organizar acciones de toda índole y en todos los sectores de la vida pública en demanda de “amnistía y libertad”: “Creemos que la amnistía es algo mucho más profundo y en eso tenemos que ser muy exigentes. Se podrá soltar a la gente de la cárcel [lo cual se hubiera producido con un mero indulto] pero mientras las puertas se sigan abriendo otra vez para que entre en ella nueva gente no habremos conseguido nada. La amnistía lleva implícita la palabra libertad”.

La primera manifestación de la oposición en favor de la amnistía se había producido ante las puertas de las cárceles españolas el 27 de noviembre de 1975, el mismo día y a la misma hora en que tenía lugar la coronación del Rey. Unas manifestaciones que no cesaron desde ese instante en todas las ciudades del país, especialmente en Madrid y Barcelona.

“Llibertat, amnistía i Estatut de Autonomía” gritaban los partidos de izquierdas, incluidos los antecesores de ERC de los Rufián y compañía en Cataluña. 

Los mismos que reclaman para sí el olvido de los delitos pretenden darle la vuelta a una Ley de Amnistía

Era, pues, una reclamación de la izquierda a la que se oponían las fuerzas franquistas, por entonces todavía extraordinariamente poderosas.

Y ahora nos encontramos con que los mismos que reclamaban para sí el olvido de los delitos cometidos bajo aquella legislación, pretenden ahora darle la vuelta a una Ley de Amnistía que cumplió plenamente su función de hacer borrón y cuenta nueva para emprender, todos juntos, la construcción de una democracia en España y sentar las bases de una reconciliación. Es decir, la plataforma básica del encuentro entre las dos Españas que permitió la Transición pacífica a la democracia que hoy disfrutamos -y a veces, como ahora, padecemos- todos.

Pero resulta que no quieren echar el reloj 43 años atrás para retomar los juicios y las condenas a los asesinos de ETA, sino únicamente para perseguir a los franquistas por delitos que ellos mismos ya han calificado como crímenes de lesa humanidad -un concepto que ni siquiera existía en el ordenamiento internacional en 1977 cuando se aprobó en España la ley de Amnistía- genocidio y tortura. 

Esto mismo ya lo intentaron en 2018 pero entonces el PSOE sumó sus votos a PP y Ciudadanos y el intento murió. Ahora vuelven a la carga y el débil e irresponsable PSOE se pliega a semejante pretensión.

No tiene nada de sorprendente que sea el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, el que más se haya felicitado de la aprobación de esta enmienda impracticable y creo también que plenamente inconstitucional. Porque sucede que desde hace ya bastantes años el PCE, ERC y no digamos Bildu, están empeñados en reescribir la Historia.

Porque hay que decir también que aquí se produce la sórdida paradoja de que los herederos de ETA, que siguen celebrando la salida de prisión de los miembros de la banda terrorista, forman parte de quienes presionan al PSOE para modificar la ley de Amnistía de 1977, ésa que sacó a sus asesinos de la cárcel y sobre cuyos crímenes no han propuesto, que se sepa, volver a indagar. Que Bildu esté en el pelotón que pretende aprovechar la ley de Amnistía para sus particulares revanchas selectivas es más de lo que cualquier demócrata debe soportar. 

Pero la Historia se atiene a hechos incontrovertibles: de 1936 a 1939 se produjo en España una terrible guerra civil, que ganó Franco. Esto, por más que lo intenten, no hay quien lo modifique. 

Y fue Franco, también es necesario recordarlo, quien 30 años después del fin de la guerra publicó en marzo de 1969 un decreto ley de indulto en virtud del cual se declararon prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, el día en que finalizó la guerra. 

Ese fue, en la práctica, un indulto general que permitió que numerosos “topos”, personas perseguidas por el franquismo, salieran de sus escondites en el que habían permanecido los últimos 30 años.

Pero no sólo los “topos”. El propio Santiago Carrillo se beneficiaría años más tarde del indulto aprobado por Franco y por eso pudo entrar en España -clandestinamente, eso sí- porque, aunque seguía siendo el secretario general del Partido Comunista de España, nadie podía detenerle ni juzgarle por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil. La matanza de Paracuellos, por ejemplo.

Y ahora vienen estos señores a intentar desmontar la medida que dió sentido al proceso de Transición pretendiendo dar marcha atrás el reloj de la Historia para perseguir únicamente a los franquistas que hubieran cometido crímenes, necesariamente antes de la Transición porque, como se sabe, el franquismo murió con Franco.

Ah, que no, que lo quieren es extender su persecución durante todos los años en que los españoles se esforzaron por levantar un país reconciliado por primera vez en siglos. Pero sólo hasta 1982, que se ve que desde la llegada al poder del PSOE ya no hay que indagar nada, no vaya a ser…

Lo que buscan, es evidente, es ponerle una carga de dinamita a los cimientos de esta España constitucional que sueñan con derribar para sustituirla por un régimen más acorde con los postulados comunistas y los principios autoritarios de los independentistas de ERC a los que, por cierto, no se ha visto incluir en esta revisión imposible los crímenes autorizados por su amado Lluís Companys, que mandó fusilar en las tapias de Montjuic a miles y miles de hombres y mujeres sin que nunca más en las filas de ese partido se haya vuelto a mencionar tal matanza ordenada por su héroe.

Pero, eso sí, ahora pretendían el imposible de dejar sin efecto la ley de Amnistía -algo imposible porque esa ley ya cumplió su función en el momento de su aplicación- y, de paso, eliminar el título Rey de España, con lo que sus auténticos propósitos quedan desnudos y a la vista de todos: acabar con la España constitucional.

Dice el comunista Enrique Santiago que se trata de establecer “la verdad judicial”. No, no, de lo que se trata es de establecer “su” verdad judicial, que es parcial manipuladora y, por lo tanto, falsa. No pretenda engañarnos, señor.

Lo que no tiene explicación honorable es la aceptación del Partido Socialista de esta maniobra infame, además, creo yo, que imposible de llevar a cabo, simplemente para conseguir los votos de ERC al proyecto de ley y mucho me temo que también al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado. ¿No tienen límites éticos los actuales dirigentes del PSOE, son capaces de cargarse el esfuerzo de tantos y durante tanto tiempo  por un puñado de votos, o de intentarlo al menos, sin que se les caiga la cara de vergüenza?

Es el momento en que las viejas voces del PSOE se levanten para denunciar y detener la irresponsable deriva de sus herederos

La Constitución dice en su artículo 9 lo siguiente: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Es decir, que las posibles conductas delictivas amnistiadas en su día no se pueden hacer revivir para juzgarlas ahora como delitos. 

Y dice también en su artículo 10: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad  con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Pues bien, 43 años después de aprobado nuestro régimen de libertades y de convivencia, los comunistas, de acreditada tradición democrática en el mundo entero como todo el mundo sabe, sumados a los independentistas y con la vergonzosa aceptación de los socialistas, vienen a descubrirnos que hay que dar marcha atrás para juzgar únicamente los supuestos crímenes cometidos por los franquistas, se supone que después de 1969 porque a los que no les interesa husmear antes de esa fecha es a los promotores de la maniobra.

Se encontrarán enfrente a los tribunales, eso es más que seguro, por mucho Fiscal de la Memoria Democrática que nombren. Pero este intento de prolongar el disparate de la anciana juez argentina, Maria Servini, que pretende condenar a Rodolfo Martín Villa, uno de los artífices de la reconciliación nacional, por la muerte de cuatro personas a manos de la Policía durante la Transición, intento que está destinado al fracaso en aquel país, evidencia hasta qué punto tenemos a las puertas de la fortaleza a aquellos que no quieren otra cosa que derribar sus muros.

Lo grave es que esos mismos están ya dentro del Gobierno y son cortejados por el Partido Socialista a cambio de un puñado de votos.

Es el momento en que las viejas voces del PSOE se levanten para denunciar y detener la irresponsable deriva de sus herederos. Están histórica y moralmente obligados a hacerlo.