España

Irene Montero relanzará la educación sexual en la escuela dentro de la reforma del aborto

Su idea es tener culminado un nuevo texto antes de que acabe el año y que ha provocado ya algunas fricciones en el Gobierno de coalición

Pedro Sánchez e Irene Montero el pasado 8-M Europa Press

Uno de las grandes revoluciones que prepara la ministra de Igualdad, Irene Montero, dentro de su proyectada reforma de la Ley de Aborto es impulsar la formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo. Esta es la punta de lanza de una ley que lleva recurrida nada menos que once años en el Tribunal Constitucional. El recurso, presentado por el PP en el 2010, volvió a la actualidad tras conocerse que Enrique Arnaldo, el nuevo magistrado conservador del TC será el ponente de la sentencia.

Pero Igualdad no va a esperar a una decisión, aún sin fecha, que divide al alto tribunal y que parece que se debatirá en unos meses. El asunto también enfrenta a los socios de coalición. El PSOE sólo quiere revertir algunas cuestiones que incorporó el gobierno de Mariano Rajoy en 2015 como fue la ampliación de la exigencia del conocimiento paterno también para las menores de entre 16 y 18 años que quieren abortar. Y poco más. El departamento que dirige Montero va mucho más allá y ha puesto sus ojos en un apartado de la actual ley que creen necesitado «de un impulso y una concreción real. Ese es el gran cambio», explican fuentes del Ministerio.

Hablan del artículo 9 referido a la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo. «El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores», reza el texto. Se trata de promover una visión de la sexualidad «en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de la violencia de género, agresiones y abusos», así como al reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual.

Igualdad quiere entrar en los planes de estudio, competencia de Educación

Y prosigue el articulado apostando por el «desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características de las personas jóvenes», la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y especialmente la prevención del sida y de embarazos no deseados. Explican en el equipo de la ministra que se tiende a reducir esta ley a lo que afecta solo al aborto, pero su propio enunciado, ley de salud sexual y reproductiva, dice que «es mucho más y que esa parte hay que desarrollarla».

Por esta vía, Igualdad quiere entrar en los planes de estudio, competencia del Ministerio de Educación, que «es otro texto», en alusión a la Ley Celáa, con el que pueden entrar en colisión. Si la anunciada reforma de esta ley ya ha provocado escozor en algunos sectores del socialismo todo apunta a que los cambios que pretende incorporar en este punto pueden entrar en colisión con otros departamentos.

De hecho, Montero ya ha chocado con Sanidad a cuenta de la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales a la hora de practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Mientras Carolina Darias no tiene ninguna intención de entrar en este terreno, Montero aduce que «en la práctica se está usando para impedir el derecho efectivo al aborto en los centros públicos» y estigmatizando al personal médico.

Montero ha tratado directamente la reforma con Sánchez

Eso sí. La ministra de Podemos se siente mucho más libre ahora que cuando Carmen Calvo era vicepresidenta primera y, a decir de los morados, «bloqueaba todas las iniciativas de Igualdad». Esta vez, Montero ha tenido línea directa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien «ha hablado del tema»

La intención de Montero es tener el nuevo texto preparado para este intenso mes de diciembre, aunque no dará tiempo para que pase por la mesa del Consejo de Ministros en ninguna de sus dos reuniones semanales a celebrar hasta que acabe el año. Al impulso de la educación sexual; el fin del consentimiento paterno y abrir los centros públicos para la práctica de abortos se unirán otras medidas como acabar con los tres días de reflexión para interrumpir el embarazo -«trata a las mujeres como menores de edad», defienden- así como lo que e califica de violencia obstétrica durante el parto.

Recientemente el Supremo rechazó dos querellas de la asociación Abogados Cristianos y de HazteOir.org contra el Constitucional por el retraso en resolver el recurso contra la ley del aborto. La querella de Abogados Cristianos se dirigía contra el magistrado Andrés Ollero, -que justo ahora abandona ya el Constitucional- y la de HazteOir.org, incluía además de a Ollero al presidente saliente del TC, Juan José González Rivas, y a los expresidentes Pascual Sala y Francisco Pérez de los Cobos.

Los querellantes consideraban que los hechos son constitutivos de un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia, pero la Sala de lo Penal adujo que «nada indica que la actuación de los querellados en el asunto estuviera presidida, individual o colectivamente, por algún tipo de interés personal, o de cualquier otra clase, concretado en provocar un retraso en la resolución con el objetivo de alcanzar una finalidad a la que pudiera aplicarse aquel calificativo».

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