Sigue presente en muchos lugares. La Euskadi de las chimeneas, la de las grandes industrias, acerías y astilleros ha ido desapareciendo o modernizándose, pero su rastro de décadas de actividad aún es evidente. La tierra en la que la contaminación oscureció su cielo durante años hace tiempo que quiere regenerarse, oxigenarse. Ahora el País Vasco se ha propuesto dar pasos acelerados hacia su transformación, hacia un nuevo modelo productivo más respetuoso con el medio ambiente.

En él, la Administración pública quiere ejercer como motor, como elemento tractor capaz de atraer a todo el tejido empresarial hacia un nuevo modelo ‘verde’ de comprar, contratar y producir. El Ejecutivo vasco aspira a que la variable medioambiental deje de ser un aspecto puntual, coyuntural, en sus compras y contrataciones y se asiente como un elemento estructural más.

Las ‘compras verdes’ de productos y servicios de los distintos niveles públicos y áreas de la Administración se incrementará de modo muy notable en los próximos años. El Programa de Compras y Contratación Verde de Euskadi se ha marcado el año 2030 como objetivo para dar un salto de gigante en esta materia. El reto que es que para dentro de ocho años el 60% de las licitaciones y adjudicaciones públicas cumplan con ese requisito de ser medioambientalmente sostenible.

El programa se ha marcado como objetivo reducir en un 26% la emisión de CO2 generada con el conjunto de contratación llevada a cabo por el sector público. También que dentro de menos de una década el 100% de la energía consumida por el conjunto de las Administraciones vascas proceda de fuentes renovables.

Sectores prioritarios

El Ejecutivo vasco mira como referente a los países punteros en políticas ambientales. En ellas se ha inspirado para trasladar al tejido público el nuevo modelo de contratación. Con él confía en poder arrastrar también a buena parte del tejido productivo privado que, al menos el que contrate con la Administración, verá en las políticas medioambientales sostenibles una ventaja competitiva.

El programa se ha marcado como objetivo que en 2025 al menos 75 entidades públicas vasca se adhieran al modelo de “compras verdes” y que la cifra se duplique un lustro después. De igual manera, espera que medio centenar de entidades privadas puedan sumarse al programa.

El mecanismo es sencillo. Se basa en priorizar los ámbitos de actividad medioambientales más perniciosos para favorecer sobre ellos una transformación. Sectores como los relativos a obras civiles, los relacionados con la energía eléctrica, la producción textil, la urbanización o edificación o el sector de la alimentación, entre otros, son sólo alguno de los que se han marcado para potenciar en ellos la contratación “verde”.

El programa establece como objetivos dar forma cada vez más a una suerte de economía circular en la contratación llevada a cabo por la Administración, de modo que facilite soluciones más eficientes con el respeto al entorno. Aspectos como favorecer el empleo de materiales con mayor vida útil, el empleo de materiales reciclados, las políticas de reciclaje o la recogida selectiva serán elementos muy presentes en los pliegos de licitación a todos los niveles. La estrategia se plantea dar pasos en favor del freno al cambio climático promoviendo políticas de autosuficiencia, de ahorro, de empleo de energías alternativas y renovables a la hora de adjudicar servicios o contratos de cualquier tipo.

Normativas y formación

El tercer eje pasaría por tener presente elementos como la biodiversidad y el medio ambiente con políticas de contratación que, entre otros factores, puedan favorecer la agricultura ecológica, el empleo de recursos hídricos u otro tipo de infraestructuras verdes.

Esta profunda transformación que se irá implementando de modo progresivo en los próximos años conllevará de forma paralela la aprobación de nuevas normativas, abrir vías para potenciar la colaboración público-privada ‘verde’ y la capacitación y formación de profesionales en estos ámbitos. Además, el Gobierno Urkullu considera que dar pasos en este campo facilitará una “oportunidad competitiva” para las Pymes que lo asuman en el acceso prioritario a la contratación en los distintos niveles de la Administración.