El Tribunal que juzga las tres primeras piezas del caso Villarejo en la Audiencia Nacional analizará, en la sentencia, si existen motivos de nulidad para tumbar la macrocausa abierta contra el comisario jubilado alrededor de sus negocios privados mientras estaba en activo en la Policía.

Tanto José Manuel Villarejo como otros acusados que se sientan en el banquillo alegan que la causa que se abrió tras la detención del comisario (en noviembre de 2017) y que ya cuenta con 30 piezas de investigación es prospectiva. También que los registros en los que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía se llevó todas las grabaciones que el policía recogió durante años y que suponen la base de las acusaciones contra él y el resto de investigados, fueron ilegales, que no se respetó la cadena de custodia y han sido manipulados posteriormente, sin entregarles una copia de todo lo incautado hasta el año pasado.

La defensa de Villarejo argumenta desde el inicio de la investigación que la causa debe ser anulada porque, con la excusa de su participación en un negocio ilegal -el cobro en negro de un informe de inteligencia para uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial- se le ha abierto una macrocausa en la que se le piden más de 100 años de prisión acusándole de liderar una "organización mafiosa policial".

Una puerta abierta a la nulidad

Los magistrados de la Sección Cuarta que juzgan al comisario se abren a analizar la legalidad de dicha primera entrada y registro policial, aunque no se pronunciarán al respecto hasta que emitan sentencia. "El estudio de las anomalías alegadas, sin perjuicio de las manifestaciones en favor de la legalidad invocadas por la acusación pública, acusaciones particulares y popular, exige que este Tribunal pueda conocer a la luz de los principios de contradicción e inmediación, no sólo cómo se llevó a cabo y si los agentes encargados de su práctica observaron las directrices judiciales y de los respectivos letrados de la administración de justicia, sino si en el momento de llevarse a cabo, los datos de cargo contra cualquiera de los entonces investigados eran racionalmente bastantes para acordar su práctica; por lo tanto, será objeto de análisis en la sentencia que se dicte", trasladan Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Javier Echarri, dejando una puerta abierta a la nulidad de la causa.

En un auto de este jueves, la Sección Cuarta se pronuncia sobre las cuestiones previas planteadas por las partes al inicio del juicio de las tres primeras piezas de la causa Iron, Pintor y Land, en las que se piden numerosas testificales y se alega, entre otras cuestiones, la vulneración de derechos fundamentales, nulidad de actuaciones, la petición de expulsión del partido político Podemos como acusación y la prescripción del delito de descubrimiento y revelación de secretos, así como el enjuiciamiento conjunto con la pieza principal.

Competencia de la Audiencia por tratarse de acciones cometidas por españoles en el extranjero

Sobre la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar, la Sala recuerda que las tres instancias judiciales que se han pronunciado sobre esta cuestión han mantenido la competencia de este tribunal, al tratarse de acciones cometidas por españoles en el extranjero.

Respecto a Podemos, le mantiene como acusación haciendo suyo el pronunciamiento de la Sección Tercera cuando, al resolver los recursos de apelación, mantuvo la personación del partido reconociendo un cierto interés legítimo y porque habían prestado una importante fianza.

Descartan las testificales de políticos y periodistas

Por último, los magistrados descartan las testificales de políticos como el presidente Pedro Sánchez; el expresidente Mariano Rajoy; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez; la fiscal general del Estado Dolores Delgado o los directores de este diario, Casimiro García-Abadillo y de El Español, Pedro J. Ramírez. El Tribunal las descarta "por carecer todos ellos de cualquier relación con los hechos que enjuiciamos".

Tampoco admite las testificales solicitadas por Villarejo de personas que se encuentran investigadas en otras piezas del denominado caso Tándem y cuya investigación continúa en el Juzgado Central de Instrucción 6. En cambio, la Sala sí admite los testimonios solicitados por Villarejo de una decena de agentes y mandos de Policía, Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia, entre ellos los que fueran directores generales Operativos de la Policía Agustín Linares, Pedro Díaz-Pindado y Florentino Villabona; el exdirector del Centro contra el Terrorismo y Crimen Organizado, José Luis Olivera o el excomisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos Francisco Javier Migueláñez.