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El coronel Pérez de los Cobos recurre en el Supremo el veto de Marlaska a ascenderlo a general

Es el segundo frente judicial que abre el oficial contra el titular de Interior tras su cese como jefe de la Comandancia de Madrid

El coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, llegando a la Audiencia Nacional.

El coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, llegando a la Audiencia Nacional. EP

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no proponer ante el Consejo de Ministros su ascenso a general de brigada.

Según ha avanzado El Mundo, este nuevo contencioso del mando de la Guardia Civil que estuvo al frente de la coordinación del dispositivo del 1-O de 2017 en Cataluña se produce ante la negativa de Interior a contar con él para ser ascendido a pesar de ocupar el número uno en el escalafón. Es el segundo pleito que promueve en los tribunales contra Grande-Marlaska, tras el interpuesto para revocar su destitución como jefe de la Comandancia de Madrid.

En mayo de 2021, el titular de Interior defendió en una entrevista la decisión de no aprobar el ascenso a general de Pérez de los Cobos, pese a quedar en el puesto número uno de los candidatos que solicitaron la promoción. «Los ascensos los decide el Gobierno», comentó entonces el ministro, que recordó que estos se estudian según la propuesta de los ministros del Interior y de Defensa. Según él, que se negara la posibilidad de promocionar a general a Pérez de los Cobos «no es una excepción ni nada extraordinario» sino algo que ocurre habitualmente y por lo tanto existen precedentes.

Este nuevo recurso se suma al de casación que presentó en octubre ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional de declarar legal esa orden que le apartaba de sus funciones. En esa ocasión, Pérez de los Cobos recurrió su cese por arbitrario, delictivo y discriminatorio, e incidía en que la Audiencia Nacional se apartó de la jurisprudencia que existe sobre la necesidad de motivar ceses de funcionarios públicos en puestos de libre designación.

Fue en septiembre cuando los cinco magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consideraron justificado el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza para acometer la salida del coronel. Señalaron que «habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino».

Es el segundo frente judicial que abre el coronel contra el ministro del Interior tras su cese como jefe de la Comandancia de Madrid

Así, no veían lógico mantener al interesado en el mismo puesto «imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva». «Es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino», añadían.

Para la Sala, esa pérdida de confianza llegó, como recuerda la sentencia, por la «no información» del «desarrollo» -y no del contenido- de «investigaciones y actuaciones» llevadas a cabo por la Guardia Civil. Todo ello, apuntaba, en el amplio y, a veces, confuso «marco operativo y de Policía Judicial».

«En el presente caso», señalaron los magistrados, «no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, sino la pérdida de confianza, en la que las razones subjetivas de la autoridad que lo designó están amparadas por la decisión libre de cesarle».

Cesado un domingo por la noche

En concreto, el cese fue ordenado un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por la covid-19, dando paso a las críticas de los partidos de la oposición al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referéndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisas que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La Sala estimó de esta forma el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, que alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso «desviación de poder» al deberse a una pérdida de confianza. Además, sostenía que con su decisión la Audiencia Nacional «eliminaba» la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial, de acuerdo al «juicio de confianza» que establezca la cadena de mando.

En este sentido, la sentencia recoge que «no se advierte en el supuesto de autos desviación de poder» al «constatarse en la propia sentencia de instancia una justificación suficiente del cese en los términos señalados».

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