Mientras el Consejo de Ministros daba luz verde a la reforma laboral, el decreto saltaba por los aires en el Congreso de los Diputados. La posición de los socios parlamentarios de Sánchez es de frentismo total, y mientras Yolanda Díaz presumía del proyecto que ha peleado a lo largo del último año con sindicatos y patronal, las cosas se complicaban en el Congreso por la ausencia tácita de apoyos. A día de hoy, y cuando resta menos de un mes para que el proyecto llegue al Congreso para su convalidación definitiva, el texto de la contrarreforma laboral de PSOE y Podemos no saldría adelante.

Ni ERC (13 escaños), ni Bildu (5), ni PNV (6) aceptarían a día de hoy el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la CEOE, con el visto bueno de todo el Ejecutivo central. También se muestran abiertamente reticentes desde Más País y Compromís, lo que complica la aritmética parlamentaria. "¿Con qué grupos piensa [Sánchez] sacar adelante la reforma?", alegan por ejemplo fuentes de Bildu, desde cuya fuerza se justifican al entender que no se ha derogado realmente la reforma laboral del PP y que hacen falta "muchos cambios" para lograr su apoyo. Los de Arnaldo Otegi consideran que el acuerdo "no recupera los derechos básicos arrebatados" por la reforma que aprobó el PP en 2012 por lo que, al menos de momento, "Bildu no avalará esta reforma".

Se trata de una negativa que suscriben los republicanos catalanes. "El Gobierno ha empezado la casa por el tejado. Han hablado con la patronal, pero no con ERC. Ahora mismo, estamos en un 'no' bastante claro", zanjaba Rufián a su entrada en la Cámara Baja este martes para la aprobación definitiva de los presupuestos. El líder del PNV, Aitor Esteban, también fijó posición el día de Navidad sobre la necesidad de ejecutar modificaciones importantes para lograr su apoyo en el Congreso, con la prevalencia de los convenios autonómicos como principal punto de fricción entre los nacionalistas vascos y la coalición gubernamental.

El difícil equilibrio parlamentario en que se encuentra Pedro Sánchez -y por extensión Yolanda Díaz- complica las aspiraciones de sacar adelante la reforma laboral sin sudor y lágrimas por el camino. Por más que la ministra de Trabajo se congratule por haber conseguido "pasar página a la precariedad en España" tras el histórico acuerdo que se firmó hace unos días, las exigencias con las que se prevé que los socios parlamentarios de Sánchez azoten al Gobierno hace temblar el acuerdo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya advirtió que al texto acordado no se le podía cambiar "ni una coma" y que, en caso de que eso sucediese por la presión de fuerzas como ERC o PNV, la patronal estaría dispuesta a retirarse del acuerdo.

Yolanda Díaz ha reaccionado desde Moncloa a las reticencias expresadas públicamente por los socios de Sánchez con un mensaje contundente: "Donde hay papeles, las barbas se callan". La titular de Trabajo ha abogado por el "diálogo" con estas formaciones para sacar adelante el acuerdo también en el Congreso, y ha apostado por la consecución de un pacto pese a las posibles "trabaas" iniciales. "Este acuerdo no es un acuerdo para el Gobierno de España. Mejora la vida de la gente, y es difícil decir que no a eso", argumentaba Díaz.

Los socios parlamentarios se alinean de momento con el 'no' rotundo de PP y Vox. La incógnita se sitúa ahora en lo que harán los nueve parlamentarios que conserva Ciudadanos en el Congreso y que pueden resultar vitales para la convalidación final del texto en la Cámara Baja. Los de Inés Arrimadas rechazan fijar posición, aunque sí advierten que hay "aspectos" que tampoco comparten del texto, por lo que también estaría abocado a modificaciones en caso de que el PSOE decidiese mirar a la derecha para sacar adelante uno de los proyectos más ambiciosos de la legislatura.