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La RFEF dice que la Liga quiere «eternizar» el ‘caso Villar’ por su «delirio querulante»

La RFEF se opone a que declare como testigo Victoriano Sánchez Arminio, ex presidente del Comité Técnico de Árbitros, por el supuesto desvío de fondos como ha pedido LaLiga al juez de la Audiencia Nacional que tramita la causa

Imagen de Luis Rubiales y Javier Tebas

Luis Rubiales y Javier Tebas.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) acusa a LaLiga de querer "eternizar" la instrucción del caso Villar con diligencias innecesarias y alejadas del objeto del procedimiento por su "delirio querulante", paranoia que lleva a la persona que lo sufre a sentirse ofendido y a exigir la reparación del perjuicio que considera haber sufrido.

Las instituciones deportivas que presiden Luis Rubiales (RFEF) y Javier Tebas (LaLiga) -personadas como acusaciones en la causa- vuelven a chocar en el marco de la investigación que desde hace cuatro años y medio dirige el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, con el ex presidente federativo Ángel María Villar como principal imputado.

El último encontronazo se ha producido a raíz de que los abogados de la patronal del fútbol español hayan pedido al instructor que cite a declarar en calidad de testigos a Victoriano Sánchez Arminio y Raúl Massó -ex presidente y ex secretario del Comité Técnico de Árbitros (CTA), respectivamente- a cuenta del destino que se dio al dinero que la LaLiga entregó a la RFEF entre 2009 y 2016 para pagar a los colegiados y sufragar sus gastos de viajes y alojamiento.

La patronal asegura que, "sin su conocimiento" ni su "consentimiento", la Federación destinó parte de esos fondos "al beneficio de terceros y de la propia RFEF" en lugar de reintegrarle los remanentes que se fueron generando en dicho periodo.

En concreto, Tebas defiende que se desviaron al menos 5,21 millones de euros a fines ajenos a los previstos y quiere que se sigan practicando diligencias para tratar de esclarecer estas supuestas irregularidades, de ahí que haya solicitado las testificales de Sánchez Arminio y Massó. La petición se produce después de que comparecieran en sede judicial los cinco firmantes del acuerdo arbitral rubricado el 20 de agosto de 2010: Antonio Miguel Mateu Lahoz, Alberto Undiano Mallenco, David Fernández Borbalán, Carlos del Cerro Grande y Juan Carlos Yuste Jiménez.

Diligencia "inútil e innecesaria"

En un escrito fechado el pasado 22 de diciembre, la Federación se opone a que se llame a declarar al ex presidente y al ex secretario del Comité Técnico de Árbitros al entender que sería una diligencia "inútil, innecesaria e impertinente" cuya petición sólo responde al "constante empeño" de LaLiga por "desviar y enmarañar" la instrucción, "apuntando hacia la RFEF y sus órganos".

La entidad que preside Rubiales defiende que los contratos firmados con la patronal son "de naturaleza estrictamente privada" y que cualquier disputa debe dirimirse en la jurisdicción mercantil, no en un juzgado de lo Penal de la Audiencia Nacional. "No estamos ante ningún ilícito penal, sino ante una controversia estrictamente civil. Esta instrucción no se puede eternizar como consecuencia del delirio querulante de la LaLiga, empeñada en convertirla en una proboscidia investigación prospectiva, malgastando además los recursos de la Administración de Justicia y desviando el objeto de las presentes diligencias previas, con la demora correlativa en la finalización de la instrucción, perjudicándola con dilaciones indebidas", aduce.

LaLiga insiste en que ha habido desvío de fondos y la RFEF alega que la patronal sólo busca "desviar y enmarañar" la instrucción judicial

La Federación mantiene que los pagos de la patronal eran por la "prestación de servicios arbitrales" y los convenios de colaboración firmados por las dos partes "no establecen previsión alguna respecto al destino" que debía darse al dinero, negando así que fueran fondos finalistas y que hubiera que devolver en caso de no agotarse y existir un sobrante. "El Comité Técnico de Árbitros tenía absoluta libertad para disponer la aplicación de los remanentes de fondos que eventualmente pudieran producirse", resalta.

LaLiga considera "incomprensible" que la RFEF alegue que los fondos carecían de destino finalista y recuerda que el convenio de colaboración de 2010 fijaba que el dinero era para "viajes, alojamientos, dietas y suplidos", además de las retribuciones de los árbitros de Primera y Segunda A. En este sentido, la patronal no encuentra explicación al hecho de que se firmara un nuevo convenio al término de la temporada 2013/14 y no se les informara de que no resultaban necesarias "mayores aportaciones" al existir "importantes sobrantes".

Respecto a que los hechos carecen de relevancia penal, como sostiene la Federación, LaLiga interpreta que es un "desesperado intento de pasar por alto" lo que establece el Código Penal sobre las defraudaciones y "eludir las responsabilidades civiles que le corresponderán asumir subsidiariamente por causa de los excesos en la administración y uso de los fondos entregados". Y añade: "No quepa ninguna duda de que serán reclamadas en el momento que resulte oportuno".

La patronal vuelve a cuestionar la "colaboración" de la Federación en la instrucción del procedimiento en su condición de acusación particular y califica de "patente" la oposición que mantiene "a que se profundice en quiénes son los responsables y beneficiarios de las desviaciones de los destinos expresamente previstos en los convenios de coordinación".

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