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La Inspección denunció 34 casos ante la Fiscalía tras sus visitas al campo en 2020 pero no aclara si vio "esclavitud"

El organismo estatal responde en ejecución de la resolución por la que el Consejo de Transparencia le instaba a facilitar la información | Los inspectores tenían instrucciones expresas de detectar posibles “prácticas similares a la esclavitud”

La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la presentación de un plan de choque contra los accidentes laborales.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, en la presentación de un plan de choque contra los accidentes laborales.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puso en conocimiento de la Fiscalía 34 casos de posibles irregularidades en explotaciones agrícolas durante las visitas realizadas en 2020, pero no aclara si alguno de esos informes se emitieron al haber constatado en el campo «prácticas similares a la esclavitud» como expresamente tenían instrucciones de detectar sus funcionarios.

La dirección del organismo estatal dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha emitido este lunes un escrito con el que da cumplimiento a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que el pasado 9 de diciembre estimó la reclamación presentada por este redactor después de que el departamento que dirige Yolanda Díaz hubiera desestimado por la vía del silencio administrativo la solicitud de información con la que se buscaba conocer el resultado de la campaña de control en el sector agrícola llevada a cabo por la Inspección en 2020 y el importe económico de las sanciones económicas que eventualmente se hubieran podido imponer por descubrir casos de «esclavitud». 

Para justificar que no hubiera respondido en su momento al solicitante ni al CTBG en el trámite de alegaciones, la Inspección de Trabajo recuerda que el 9 de junio de 2021 sufrió un «incidente de ciberseguridad» que afectó «al normal funcionamiento de los sistemas de información y aplicaciones informáticas del organismo», lo que llevó al entonces director a acordar la ampliación de los plazos en todos los procedimientos que tramitaba. «La falta de emisión de la resolución y de la solicitud de alegaciones derivó de la imposibilidad de recibir y emitir los citados actos en el periodo de referencia», añade. El «restablecimiento» no tuvo lugar hasta el 31 de agosto.

El objeto de la solicitud de información se refería a la actuación llevada a cabo en 2020. Con vistas a las campañas agrícolas mayo/junio de dicho año, los inspectores tenían la obligación no sólo de vigilar el cumplimiento en materia de Seguridad Social y comprobar si los patrones ponían a disposición de los jornaleros Equipos de Protección Individual (EPI), medios de higiene personal o qué medidas adoptarían en caso de contagio o sospecha por covid-19. El objeto último era «garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores» y «salvaguardar» su dignidad frente a posibles agresiones y abusos.

Para facilitar la actuación, se facilitó a los funcionarios un formulario tipo en el que se incluían 17 puntos que les servirían para detectar sobre el terreno si un trabajador estaba siendo víctima de trata o de explotación laboral, tanto por los signos de violencia física o verbal que pudieran manifestar como por las restricciones a la libertad de movimientos o a las comunicaciones con su entorno y con sus familias que pudieran intuir. La instrucción soliviantó a las organizaciones agrarias,  que entendían que se proyectaba una sombra de duda que no se correspondía con la realidad del campo español.

La Inspección responde tras una resolución de Transparencia, que le instó a facilitar la información tras recurrir al silencio

Tres semanas después de que expirara el plazo que le concedió el CTBG, que hubo de enviarle un oficio reiterándole la necesidad de que cumpliera «de forma inmediata» con su resolución, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha ofrecido al fin una respuesta pero sin precisar si en 2020 llegó a detectar condiciones de esclavitud en explotaciones agrícolas, como expresamente se preguntaba en la solicitud de derecho de acceso a la información pública. «La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad» se tipifica en el artículo 177 bis del Código Penal.

«Del total de actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las empresas incluidas en el Grupo 01 del CNAE 2009 (Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas), se emitieron 34 informes por la posible existencia de responsabilidad penal. La distribución de los mismos por materias es la siguiente: 2 en materia de seguridad y salud laboral, 1 en relaciones laborales, 7 en materia de empleo y trabajo de extranjeros y 24 en materia Seguridad Social», se lee en la contestación.

El organismo estatal explica que no puede detallar el importe de las infracciones propuestas -como también se requería- por el hecho de que la Ley de infracciones y sanciones en el orden social «no contiene ningún tipo infractor que expresamente se refiera a acciones de las empresas que puedan ser calificadas como constitutivas de esclavitud». La citada norma castiga los incumplimientos de la normativa del orden social -ya sea de naturaleza laboral, de empleo, de Seguridad Social o de prevención de riesgos laborales- que por su gravedad pudieran tener encaje en el artículo del Código Penal antes mencionado.

Sanciones propuestas por la Inspección en el sector agrario en 2020

Hecha esta salvedad, la Inspección de Trabajo sí ha proporcionado los datos correspondientes a todas las sanciones que propuso en el sector agrario como resultado de las visitas que su cuerpo de funcionarios hizo al campo durante el ejercicio objeto de la petición (2020): 10.968.038,72 euros, derivados de las 1.691 infracciones detectadas en todo el país.

Con diferencia, Andalucía fue la comunidad en la que más infracciones se apreciaron (619) y mayor importe alcanzaron las propuestas de sanción: 4.277.619,97 euros (el 39 % del total). El peso de la agricultura es clave en esta región, que aporta el 30 % del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario a nivel nacional.

Por número de infracciones, el escalafón lo encabeza con diferencia Murcia, con 187. Le siguen Sevilla (148), Badajoz (138), Burgos (130), Almería (129), Albacete (113), Huelva (98), Granada (94), Córdoba (82) y Alicante (74). Por contra, hubo siete provincias en la que no se propusieron sanciones: Asturias, Lugo, Orense, Palencia, Pontevedra, Teruel y Vizcaya.

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