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Díaz Ayuso multa con 145.000 euros a seis centros de mayores por la gestión del covid

Tres de las residencias sancionadas admitieron los hechos imputados tras las inspecciones realizadas a sus instalaciones, pagaron de forma voluntaria y vieron reducido el importe de la multa | La Comunidad de Madrid tramita otros tres expedientes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia ante los periodistas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia ante los periodistas. EP

La Comunidad de Madrid ha impuesto multas por un montante conjunto de 145.012 euros a seis residencias de mayores ubicadas en cinco municipios diferentes por hechos relacionados con la gestión de la covid-19. En tres de los casos, las empresas titulares de los centros asistenciales han reconocido su responsabilidad, abonaron la sanción de forma voluntaria y se han beneficiado de una reducción en el importe final.

Como viene informando El Independiente, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha abierto expedientes sancionadores durante la pandemia a 10 de las 479 residencias de mayores, mayoritariamente ubicadas fuera de la capital. De estos procedimientos, siete se han resuelto ya con la imposición de multas que oscilan entre los 6.001 y los 58.000 euros. Los tres restantes continúan tramitándose.

La última resolución se dictó el pasado 3 de diciembre y concluyó con la inhabilitación por un periodo de cinco años del director de la residencia de personas mayores Versalles -ubicada en Pozuelo de Alarcón- y con una multa de 58.000 euros por la comisión de faltas grave y muy grave a la empresa titular de las instalaciones. Ésta ya ha anunciado a este diario que acudirá a los tribunales después de que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social no tuviera en cuenta sus alegaciones durante la instrucción del procedimiento.

La sanción a Residencial Versalles SL -titular de la residencia de personas mayores Versalles, ubicada en Pozuelo de Alarcón- tiene su origen en la visita que personal de la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones llevó a cabo el 21 de octubre de 2020. Los hechos relatados en el acta de aquella actuación inspectora dieron lugar dos semanas después a la apertura de un procedimiento sancionador para determinar si el centro incumplió su deber de informar sobre las incidencias causadas por el coronavirus.

En concreto, la Comunidad de Madrid ha castigado a este centro -de 30 plazas- por no comunicar «información diaria veraz» sobre la incidencia del virus entre los usuarios a pesar de las instrucciones expresas que se dieron a este tipo de instalaciones para poder hacer frente a la pandemia: había comunicado que no tenía fallecidos y terminó reconociendo diez muertes tras ser inspeccionada. También le ha castigado por no consignar «información de especial trascendencia» en el sistema de información de incidencias «sin ninguna razón» que lo justificara.

Dos sanciones a un mismo centro

Este mismo centro fue sancionado un mes y medio antes con una multa de 42.007 euros por siete infracciones administrativas consideradas «graves», detectadas durante las visitas que personal de la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones llevó a cabo los días 20 de enero y 10 de febrero de 2021. España sufría en esas fechas la tercera de las seis olas que se han registrado hasta ahora.

Según hizo constar el inspector, los residentes -«con carácter general», precisa- ni llevaban colocadas las mascarillas ni guardaban la distancia de un metro y medio entre sí. También apreció que varios de los envases de medicamentos que se custodiaban en el despacho de enfermería/médico estaban caducados, que no se cumplía la pauta de oxígeno prescrita a un usuario, que los aseos no disponían de agua caliente y que había desperfectos en varias habitaciones, entre otras deficiencias.

«Calificar todas las circunstancias enumeradas por la Inspección como graves es del todo injusto, teniendo en cuenta la trayectoria de esta residencia y el enorme esfuerzo hecho desde el año 2019 hasta la fecha por la pandemia. Esta dirección, el médico y nuestro personal se ha jugado la vida y las de sus familias, hemos trabajado sin horario renunciando a nuestra vida personal por salvar a nuestros ancianos y por suerte podemos presumir de que lo hemos conseguido. Hemos seguido las recomendaciones de las autoridades que en muchas ocasiones hacían difícil cumplir con las habituales prácticas de la residencia», alegó la empresa, que advertía de que «una sanción de este calibre» le obligaría a cerrar dada la caída de la demanda que el impacto de la pandemia estaba provocando en este tipo de instalaciones. Sus observaciones no fueron tenidas en cuenta.

Tres de los centros sancionados reconocieron los hechos, pagaron de forma voluntaria y se les redujo el importe de la multa

Otra de las residencias sancionadas en los últimos meses ha sido la denominada Parque Coimbra, situada en Móstoles y con 220 plazas (todas para dependientes). Se trata de un centro propiedad de la Comunidad de Madrid pero que gestiona la ONG del Padre Ángel (Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz) desde 2011.

Según se detalla en la resolución, que obra en poder de este diario, la Inspección levantó acta tras las visitas realizadas los días 24 de noviembre de 2020 y 12 de mayo de 2021 por apreciar diversas deficiencias. Así, los residentes no llevaban puesta la mascarilla, en muchos casos no se respetaba la distancia de seguridad interpersonal (ni en el salón principal ni en el comedor de la planta baja) y varios medicamentos estaban caducados, entre otros.

A juicio de la Consejería de Política Social, esos hechos constituían dos infracciones de carácter grave y una leve, acordando una multa de 15.002 euros. Mensajeros por la Paz reconoció su responsabilidad, renunció expresamente al ejercicio de cualquier acción o recurso en vía administrativa y procedió al pago voluntario de la propuesta de sanción, por lo que se le aplicó una reducción del 40 % y el importe se le redujo a 9.001,20 euros.

La residencia de personas mayores Las Praderas -de 99 plazas y emplazada en Pozuelo de Alarcón- también ha recurrido al pago voluntario tras reconocer su responsabilidad, aminorándole la cuantía de 12.000 a 7.200 euros. La multa se basa en el hecho de que ni el trabajador que recibió al inspector de la Comunidad de Madrid cuando éste visitó las instalaciones el 13 de septiembre de 2021, ni la persona que salió a su encuentro, ni el personal de administración, ni una auxiliar que bajaba la escalera desde la primera planta tenían puesta la mascarilla.

Sin usar la mascarilla

Que ni los trabajadores ni los residentes hicieran uso de la mascarilla de protección frente al coronavirus ni se mantuviera la distancia de seguridad interpersonal fueron las deficiencias que anotó el inspector cuando a las 15 horas del 21 de enero de 2021 se personó en el centro de acogida Hogar Jesús Caminante, ubicado en la localidad de Colmenar Viejo y con una capacidad para 70 personas (55 autónomas y 15 dependientes). Haber abonado la multa de forma voluntaria y haber renunciado por escrito a recurrir la sanción le permitió que el importe se redujera de 6.001 a 4.800,80 euros, según se detalla en la resolución.

Hay otras dos residencias de personas mayores -La Nueva Florida (distrito de Moncloa-Aravaca) y Nuevo Día (en la localidad de La Cabrera)- que han sido multadas por no disponer de los planes de contingencia exigidos en las órdenes dictadas para prevenir, contener y hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. Ese tipo de documentos están orientados a la identificación precoz de posibles casos entre los residentes y trabajadores y a su coordinación con los servicios de salud correspondientes

En el primer caso, la actuación inspectora se realizó el 1 de marzo de 2021, no formulando alegaciones la empresa titular de las instalaciones. El segundo de los procedimientos citados tiene su origen en las visitas giradas los días 15 de abril y 3 de junio, sin que tampoco la entidad gestora invocara argumentos para desacreditar los hechos que se imputaban. La sanción es la misma para los dos centros: 6.001 euros.

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