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El Supremo espera una "avalancha" de recursos por los daños económicos del Covid

La Sala de Gobierno del alto tribunal acuerda medidas para evitar el "colapso" de la Sala de lo Contencioso-Administrativa que provoca que el CGPJ no pueda nombrar nuevos magistrados por la falta de acuerdo político para su renovación

El presidente del Supremo y del CGPJ (de espaldas) frente a magistrados del Tribunal Supremo. EFE

El Tribunal Supremo espera la entrada de «miles» de recursos de ciudadanos y profesionales en las que se reclamen indemnizaciones porque dicen haber sufrido daños por las medidas del Gobierno para hacer frente a la pandemia.

La Sala de Gobierno espera una «avalancha» de recursos contencioso-administrativos «contra la desestimación, expresa o presunta, por el Consejo de Ministros de reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial». El alto tribunal constata la situación «límite» en la que se encuentra la Sala Tercera por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGP) de nombrar magistrados para sustituir jubilaciones por la norma que le impide hacer designaciones mientras esté en funciones. La reforma de la Ley del Poder Judicial le tiene maniatado mientras continúa el bloqueo del órgano por la falta de acuerdo político de renovación entre PSOE y Partido Popular.

A propuesta del presidente de dicha Sala, César Tolosa, la Sala de Gobierno respalda una serie de medidas para que no entre en «colapso», puesto que a partir del próximo mes de abril, con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará con sólo 25 magistrados (incluido su presidente), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados.

Así, según ha informado el Supremo, la Sala de Gobierno ha aprobado reforzar las dos secciones que, «tras dichas jubilaciones, quedarán con sólo cuatro integrantes (la Segunda y la Quinta) con un magistrado cada una, que saldrán de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la Tercera y la Cuarta)».

Además, «para mitigar la extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala, se ha acordado proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación».

Precisamente en ese aumento de recursos se refieren a los que reclaman indemnizaciones por el daño provocado por las «medidas para hacer frente a la pandemia, de los que ya se han planteado decenas en los últimos días y que el tribunal prevé que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas».

Pedirá una nueva secretaría al Ministerio

«Para afrontar estos litigios, se solicitará al Ministerio de Justicia que se dote una nueva Secretaría, con un letrado/a de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo», ha informado la Sala de Gobierno.

También se ha propuesto «un plan específico para la Sección Cuarta ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas COVID, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la comunidad de Madrid (211), reclamación reconocimiento condición personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65)».

El alto tribunal también propone una reforma legislativa que elevará al Ministerio de Justicia a través del Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, propone modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, «para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica».

La reforma propuesta también afecta «a la labor de la Sección de Admisión de recursos (artículo 94 de la misma Ley) que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. La Sala de Gobierno entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados ‘procedimientos testigos’, que permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos ‘colapse’ el Tribunal Supremo», según ha informado el Tribunal.

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