El juez pide a México interrogar a los trabajadores que gestionaron los pagos de Podemos a Neurona

El juez del caso Neurona, en el que se investiga al partido político Podemos por presunto delito electoral en las elecciones de abril de 2019, se ha dirigido a México en una comisión rogatoria para pedir tomar declaración como testigos por videoconferencia a los ciudadanos de aquél país Germán Cobos y Waldemar Aguado.

Se trata de dos trabajadores de la compañía mexicana Neurona a la que el partido contrató para que realizara trabajos para la campaña electoral de 2019, pagándole 363.000 euros por éstos. El instructor Juan José Escalonilla ve indicios de que parte de dichos trabajos no llegaron a prestarse y existe un sobrecoste en el precio del contrato que "pudo tener como fin un presunto delito de financiación ilegal por parte del partido político Podemos".

El instructor ya intentó interrogar, sin éxito, a los dos trabajadores que sirvieron de nexo entre el partido político Podemos y Neurona México para crear una filial de la compañía en España (concretamente en Sevilla) a través de la que se cobró la cantidad, que posteriormente fue transferida a otra compañía mexicana, Creative Advice Interactive.

Ante la imposibilidad de tomarles declaración por no dar con su domicilio, la acusación popular ejercida por Vox recurrió ante la Audiencia de Madrid, que ha ordenado practicar la diligencia. Así, en una providencia del pasado viernes a la que ha tenido acceso El Independiente, el juez libra comisión rogatoria a México con la intención de interrogarles como testigos por videoconferencia.

Según la información de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Germán Cobos fue el trabajador de Neurona que sirvió de nexo entre el partido político y la consultora mexicana para constituir la filial de Neurona en España a través del administrador Elías Castejón, también investigado en la causa y que igualmente ha insistido en que se tome declaración a Cobos y Aguado.

Por su parte, Aguado fue quien recibió el primer contrato de la formación política y Neurona, que como han destacado las acusaciones no llegó a firmarse hasta mayo, una vez habían pasado las elecciones.

El foco de la investigación

En un auto del pasado 21 de octubre al que tuvo acceso este diario, el juez acotó el motivo de la investigación, pues las acusaciones popular y particulares, ejercidas por el abogado expulsado de Podemos José Manuel Calvente y la exsenadora de dicho partido Celia Cánovas, pedían ampliarla a las relaciones con el Gobierno de Venezuela a raíz de unas declaraciones del exjefe de la Inteligencia militar de aquél país, Hugo 'Pollo' Carvajal, lo que el instructor descartó.

"Los hechos expuestos en los mismos resultan ajenos a la presente causa, reducida a la investigación del delito electoral presuntamente cometido por los administradores generales y de las candidaturas del partido político Podemos, así como de las personas titulares de las cuentas electorales de dicha candidatura con ocasión de las elecciones generales celebradas en el mes de abril de 2.019, así como e igualmente si la comisión de dicho delito pudo tener como fin un presunto delito de financiación ilegal por parte del partido político Podemos" (...) "Lo que haya acontecido entre la mercantil Neurona Consulting y los gobiernos y partidos políticos de izquierda de otros países, tales como Méjico, Bolivia y Venezuela, resulta ajeno a la presente causa aún cuando se afirme que dicha consultora realiza los mismos trabajos para todos los clientes. No es objeto del presente procedimiento la investigación de las actuaciones llevadas a efecto por Neurona Consulting en dichos países, y en concreto para el Gobierno de Venezuela, no resultando por ello diligencia hábil para la instrucción de la presente causa la testifical de Hugo Armando Carvajal Barrios», decidió el juez.