El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha denunciado este lunes que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la 'ley mordaza', "refuerza" a las bandas juveniles violentas.

Desde SUP creen que esta ley es la herramienta "más eficaz" para controlar y prevenir la actividad de las bandas juveniles, por lo que no solo han criticado su derogación, sino que han pedido su consolidación. "La actividad de las bandas juveniles violentas es un problema real y sostenido desde hace años, y los policías que se enfrentan a esta situación necesitan la seguridad jurídica que les aporta la Ley de Seguridad Ciudadana", han apuntado en un comunicado.

Asimismo, han pedido el refuerzo de los grupos especializados en bandas, también de las unidades de Seguridad Ciudadana y medios técnicos como la dotación de videocámaras y de otros dispositivos que se puedan emplear en la vigilancia, identificación y seguimiento de las bandas.

En este sentido, han valorado de "forma positiva" el esfuerzo para combatir a las bandas en Madrid y en otras ciudades de España este fin de semana. Sin embargo, han insistido en un "mayor control" de la venta de armas blancas porque no se puede abordar un "problema con seriedad con un arreglo temporal" que, según opinan, "llega con retraso".

"Esta vez se ha podido articular un operativo de fin de semana gracias al esfuerzo de todos los policías que han tenido que cambiar sus turnos de forma voluntaria o no, para hacer posible semejante despliegue", han indicado.

Igualmente, han asegurado que el refuerzo de las unidades especializadas de las Brigadas de Información es "insuficiente" para contener el problema. De la misma forma, han pedido una mayor coordinación con otras fuerzas policiales como son la Guardia Civil y las policías locales, para cubrir el mayor número de municipios y distritos urbanos porque, según apuntan, las bandas están "en continuo movimiento intentando burlar los dispositivos policiales".

Por último, consideran que es "necesario" abordar con "mayor dureza" las sanciones y el Código Penal. También, piden contar con la coordinación y ayuda de otras administraciones que desde el ámbito de la Educación y lo Social ayuden a detectar a los jóvenes implicados y señalarles alternativas a las bandas.