A finales de junio de 2013, Mónica Gracia (Barcelona, 1971) se convirtió en la primera mujer en dirigir un sindicato policial en España al ser proclamada secretaria general del SUP, la organización decana en el Cuerpo Nacional y mayoritaria hasta la irrupción de Jupol hace dos años. Con el apoyo del 84,9% de los delegados, esta subinspectora -funcionaria desde 1994 y que tuvo el aeropuerto de El Prat como primer destino- fue reelegida en el cargo el pasado jueves para un tercer mandato durante la celebración del XII congreso tras imponerse a la candidatura que encabezaba Mariló Valencia, líder en Andalucía.

Gracia revalida la confianza de la afiliación en un momento convulso para los cuerpos policiales por el proyecto de los partidos que sustentan el Gobierno para reformar la Ley orgánica de seguridad ciudadana, lo que motivó que miles de agentes se manifestaran en Madrid hace nueve días para mostrar su rechazo. «No se puede modificar una ley sin los principales actores, que somos los que conocemos la seguridad ciudadana», proclama.

Pregunta.-¿Esperaba que el sector crítico sumara más apoyos?
Respuesta.-No hablaría de un sector crítico como tal, sino de compañeros que tienen una manera distinta de ver las cosas. Se ha hecho siempre desde la lealtad a las siglas y al respeto que nos tenemos por formar esta gran familia que es el SUP. Que hayamos sido dos mujeres las candidatas también es digno de mención. Estoy contenta con el resultado y el apoyo que me han dado.

P.-Lleva ocho años en el cargo. ¿Por qué ha decidido presentarse a un tercer mandato?
R.-Ha sido una decisión muy meditada y basada en dos factores principalmente. Por un lado, el apoyo de mi ejecutiva. A nadie se le escapa la situación que vivimos hace dos años tras las elecciones al Consejo de Policía. Hemos tenido que adelgazar mucho la organización y, al quedarnos en un número mucho más reducido, hemos hecho una gran piña. Somos un grupo humano que dedica muchas horas al sindicato. Había un número muy elevado de compañeros que, aun teniendo en cuenta que el resultado no fue el mejor, creían que yo dirigía bien este barco y querían que siguiera llevando el rumbo. Ésa es la primera cuestión: tener apoyo y que el resto de mi ejecutiva quisiera que me volviera a presentar. También porque he contado con el respaldo de mi familia, un pilar fundamental para mí.

No se puede modificar la ley sin los que conocemos la seguridad ciudadana. No es el momento social adecuado»

P.-Ha aludido a los pobres resultados obtenidos en las elecciones al Consejo de Policía celebradas en 2019, cuando el SUP perdió cinco vocales y dejó de ser la fuerza sindical mayoritaria en el Cuerpo. ¿No se planteó la dimisión en ningún momento?
R.-No sólo me la planteé sino que la presenté días después de celebrarse las elecciones. Convoqué a los máximos órganos federales de la organización y presenté la dimisión porque consideraba que los resultados no habían sido los adecuados. En esa reunión hubo una mayoría que dijo que no, que no lo consideraban, y otras voces que pensaban que sí era necesario porque los afiliados pedían que dimitiera y me marchara. Como sindicato democrático que somos, con más de 43 años de historia, prevalece la democracia y la mayoría estuvo en la línea de que no consideraban oportuno que dimitiera. Cogí fuerzas e impulso. Fue un cambio muy importante para nosotros en la manera de trabajar y hacer las cosas.

P.-Ha anunciado «batalla» tras su reelección. ¿Intentar que no prospere la reforma de la Ley orgánica de seguridad ciudadana es la prioridad en este momento para su organización?
R.-Hemos planteado varias prioridades pero, por tiempos, la ley lo es: el 14 de diciembre empiezan las sesiones en el Congreso de los Diputados. Claro que es una prioridad que el PSOE entienda que se han equivocado en cuanto a las formas. No se puede modificar una ley sin los principales actores, que somos los que conocemos la seguridad ciudadana. Y no es el momento social adecuado. Más de 40 compañeros son agredidos diariamente. Está claro que estamos volviendo por desgracia a sufrir la lacra de la pandemia, sabemos que la sociedad está viviendo una crisis económica y no es el mejor momento para abordar esta modificación.

P.-Grande-Marlaska reiteró la pasada semana en el Congreso que la derogación no tiene marcha atrás pese al rechazo expresado por los policías y guardias civiles en la calle. ¿Le sorprende que el hoy ministro avalara el anteproyecto de ley cuando pasó por el CGPJ y ahora defienda su reforma para garantizar la «seguridad jurídica» de los agentes y los derechos de los ciudadanos?
R.-A nosotros nos deja perplejos. Lo último que esperábamos es que alguien que ha conocido una de las peores épocas que hemos vivido los policías, la del plomo… Nos sorprende porque esta ley no nos va a dar más garantías a los policías. Probablemente las garantías se las dé a sus socios de gobierno; a los policías, no. A nosotros nos genera inseguridad.

P.-¿Se refiere a EH-Bildu y a ERC?
R.-Por ejemplo.

P.- PSOE y Unidas Podemos mantienen que las enmiendas que ellos han pactado no plantean lo que las organizaciones policiales estáis interpretando. Un ejemplo: no se prohíben las pelotas de goma.
R.-Debemos leer distintos artículos… Nosotros como sindicato sí que sabemos lo que leemos. Si verdaderamente les preocupara nuestra función policial e invirtieran en otras cuestiones, muchas de estas normativas o modificaciones -con una redacción más adecuada- no tendrían esta dificultad. Un ejemplo son las grabaciones. El ciudadano va a grabar el último segundo en el que el compañero, como humano que es, pierde en ese momento el control o tiene que actuar porque tiene que conseguir que esa persona no siga avanzando. Si lleváramos en nuestros cascos cámaras que grabaran la actuación desde el inicio se acabaría el problema. Luego está la cuestión de la privacidad de nuestra vida, sobre todo en Cataluña y en el Campo de Gibraltar. Si el problema es nuestra actividad policial, que nos compren cámaras y se acabó.

¿Políticos en las manifestaciones? Son ciudadanos que están en contra de la ley. En este momento confluimos en la manera de pensar»

P.-Otra de las críticas deriva del hecho de que se quiera reducir de seis a dos horas el tiempo máximo para identificar a una persona…
R.-Sería menos lesivo, no sólo para los policías sino también para el ciudadano, si nos ponen un lector en los zeta e in situ podemos identificar a esa persona. La redacción [de la enmienda] es mala, por no decir pésima. Si al menos esa norma viniera acompañada de inversiones tan importantes como las que he mencionado quizá estaríamos hablando de otra cosa. Esta cuestión no se ha puesto sobre la mesa. Y otra reflexión. Como sindicato también nos preocupa la ciudadanía. Queremos dejar claro que esto no es un problema de la actividad policial, sino un problema de todos los españoles. Aquí está en juego el estado de Derecho y la libertad. Y el odio que se está creando desde una parte de la sociedad hacia la otra lo estamos viendo de manera casi sistemática. Cada vez hay más desórdenes públicos, más agresiones…

P.-¿Los sindicatos y organizaciones de la Guardia Civil han «entrado en el juego de la derecha y de la ultraderecha», como les acusan desde Unidas Podemos?
R.-A nuestro sindicato tan pronto lo ponen en un lado como lo quieren colocar en otro. El SUP está en el medio, quiero decir que no estamos ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con la extrema izquierda, ni con la extrema derecha. Este sindicato es apolítico y defendemos los derechos y libertades de nuestros compañeros. La ideología política, la religión o los pensamientos son de cada uno como ciudadano. De lo que nos preocupamos es de las condiciones laborales de los policías, más allá de que esté la izquierda o la derecha. ¿Si lo hace bien la izquierda? Se lo reconocemos. ¿Si lo hace bien la derecha? También. Y si lo hacen mal nos da igual que sea la derecha o la izquierda. A este sindicato no lo pueden tildar de ninguna ideología. En nuestro congreso han estado representantes de Ciudadanos, PP, Vox y el PSOE.

P.-¿Que en las concentraciones y en la manifestación de la pasada semana estuvieran presentes los dirigentes de partidos críticos con el Gobierno no politiza de alguna forma la reivindicación? ¿Entiende que haya compañeros que puedan sentirse incómodos?
R.-Acudió el que quiso. Son ciudadanos y son políticos que deciden apostar, reconocer nuestra labor y que están en contra de la ley. En este momento confluimos en la manera de pensar y ya está. Quizá también hay alguien interesado en querer mezclarnos con según qué partidos. Para el SUP, esto está por encima de las cuestiones políticas. Por eso hemos creado la plataforma ‘No a una España insegura’.

P.-¿Entiende que ni Jusapol, ni Jupol, ni Jucil hayan querido integrarse en dicha plataforma, de la que forman parte cerca de medio centenar de organizaciones?
R.-Es verdad que nos sorprendió, porque el SUP sí que estuvo en la reunión que ellos convocaron para preparar la manifestación. Creemos que es más lo que nos une a todos los sindicatos que lo que nos separa. Tenderemos otro puente. Como se suele decir cuando dos están enfrentados: ‘Si yo tengo rojo y tú tienes negro, vamos a buscar el granate que será la unión entre los dos’. Cuando estuvimos en el Congreso, a iniciativa de un policía local se planteó la posibilidad de crear algo nuevo donde nos viéramos reflejados todos. Desde el SUP le dijimos que recogíamos el guante. Si sumamos y estamos juntos será más fácil avanzar y conseguir logros para los compañeros. Nos gustaría poder buscar ese encuentro en beneficio de los españoles, que son a los que nos debemos.

R.-¿Cómo van a exigir al Ministerio del Interior que cumpla las cláusulas pendientes del acuerdo de equiparación salarial?
R.-Hemos intentado, a través de los partidos que están en la oposición, que hagan proposiciones para presentar una Ley de retribuciones. Es complejo porque tiene que haber una mayoría y a nadie se le escapa que la crispación no sólo está en la calle, también dentro del plenario. Seguimos diciendo que es de justicia. Nosotros firmamos la equiparación real y ello exige el cumplimiento de todas las cláusulas. Y una es esa Ley de retribuciones. Hay había aspectos que no podían materializarse en ese momento y se decidió que habría un impulso legislativo para evitar las desigualdades en el futuro.

No entendemos por qué no se reparten ya las pistolas ‘Taser’. Deben ser ya ingenieros de tanto formarse…»

P.-Tampoco se ha realizado la auditoría puesto a puesto ni se han desembolsado los 300 millones para incentivar la reincorporación de los agentes en segunda actividad
R.-En relación con la auditoría, en la etapa de Ana Botella presentamos una reclamación a la Secretaría de Estado de Seguridad y lo que recibimos fue la callada por respuesta. En cuanto al reingreso de los compañeros en segunda actividad, es cierto que es un número minoritario pero tenemos claro que, mientras haya un solo funcionario que quiera volver, el SUP va a luchar por sus derechos. En la reunión del pasado 15 de noviembre ya se lo trasladamos al ministro. La voluntad de diálogo siempre es una máxima del sindicato, pero si no hay otra opción saldremos a la calle, nos movilizaremos y llevaremos a cabo iniciativas para mostrar nuestra disconformidad con este gobierno. No quieren cumplirlo. A nadie se le escapa que se firmó en 2018 con el PP. Ellos han cumplido con la parte económica y el resto, voluntad cero.

P.-¿Todos los policías nacionales tienen hoy chaleco antibalas?
R.-No, no todos los compañeros tienen chaleco antibalas. Igual que a un policía le dan el uniforme, una pistola, grilletes y una defensa cuando sale de la Academia, se le tiene que proporcionar también un chaleco; tiene que ser una prenda de dotación. Se hizo con una promoción de 150 para lavar la cara. No es el único problema. Muchas compañeras siguen sin chaleco femenino, a pesar de que nuestra anatomía nada tiene que ver con la de un hombre. A todo ello se suma que, cuando un policía cambia de destino, tiene que dejarlo y pueden transcurrir semanas semanas hasta que se le vuelve a dotar. Para nosotros eso es una sinrazón. Es como decirle a alguien que se ponga los zapatos del vecino.

P.-La Policía Nacional tiene 600 pistolas ‘Taser’ desde el pasado mes de julio pero aún no ha formado a los policías a los que se les repartirá. ¿Qué explicación les dan?
R.-Es sorprendente. En cada comisión o pleno del Consejo de Policía, el sindicato pregunta dónde están las ‘Taser’ y nos dicen que tienen que formar a los que tienen que formar. Nosotros lo que decimos es que ya deben ser ingenieros de tanto formarse o no entendemos qué pasa. Hace unos meses, a una compañera en prácticas intentaron agredirla con un arma blanca. Si llega a llevar una ‘Taser’ podría haber actuado de otra manera. Con este dispositivo aseguras una menor lesión al ciudadano y te garantizas una mayor seguridad como policía. Tiene que ser una prioridad. No puede ser que se haya sacado el presupuesto, licitado, que se hayan comprado y estén guardadas. Es difícil de entender.

P.-¿Sospechan que haya una decisión política para que no se use? Unidas Podemos presentó a principios de año una proposición no de ley en la que abogaba por que se limitara el uso de este tipo de dispositivos para evitar riesgos «de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes»
R.-No lo sabemos. Ellos lo que alegan es que están formando a los que forman y no tienen el personal necesario. Estamos hablando de mil ‘Taser’, no es una cantidad tan elevada…

P.-El ministro del Interior destaca en sus comparecencias el hecho de que, desde que gobierna Pedro Sánchez, se han creado 10.000 plazas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cuántos policías siguen haciendo falta?
R.-Nosotros proponemos que haya una oferta de empleo público estable. ¿Qué nos hemos encontrado en los últimos años? Que se pasaba de promociones de 5.000 a otras de 140 funcionarios. Entendemos que en una situación de crisis sanitaria todo el mundo se tiene que apretar el cinturón, pero también tenemos claro que hay una prioridad y con la seguridad no se juega. Para tener seguridad tiene que haber efectivos. Reconocemos que ha habido un esfuerzo y que las últimas promociones están por encima del 100% de reposición, pero es insuficiente. Hay un déficit de policías y eso perjudica a la calidad del servicio que prestamos, no para el ciudadano sino para nuestras espaldas y nuestras familias. Hay que doblar horarios, no se puede conseguir la conciliación con los turnos fijos de 6X6 porque alegan falta de efectivos…

No permitiremos que se ceda el edificio de la Jefatura Superior en Cataluña. Sería como echarnos de nuestra casa»

P.-El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado instar al Ministerio de Justicia a establecer un complemento específico para los jueces y magistrados que ejercen en Cataluña. El complemento que se abona en Cataluña es bajo y eso no ayuda a que haya arraigo de las plantillas. ¿Confían en que Interior incremente los incentivos económicos y sociales a los funcionarios policiales?
R.-Pedimos la declaración de Zona de Especialidad Singularidad (ZES) tanto para Cataluña como para la comarca del Campo de Gibraltar y que, mientras llegan esos montantes económicos, se acuerden mejoras sociales. Por ejemplo, más baremo. Si me dicen que voy a estar en Barcelona y que en lugar de volver a mi casa en ocho años lo voy a poder hacer en cuatro, estás consiguiendo que haya una estabilidad dentro de los funcionarios de Cataluña. También facilidades para que los niños aprendan el catalán, ayudas en cuanto viviendas… Eso podría facilitar no que los compañeros llegaran a afincarse en esa zona pero sí para que estuvieran un periodo más prolongado. En el último concurso se han ido más de 900 policías que estaban destinados en Cataluña a otros destinos. Está claro que algo pasa. Como catalana que soy, me duele que en la cuna de la policía durante muchos años, donde nos formamos infinidad de promociones porque realizábamos allí las prácticas, seamos hoy meros actores de una lacra que vive este país como es el independentismo.

R.-¿Terminará el Gobierno cediendo a la Generalitat el edificio que ocupa hoy la Jefatura Superior de Cataluña en la barcelonesa Via Laietana, como reclama el Govern?
R.-
En la última reunión se lo planteamos al ministro y sus palabras fueron que no. Le vamos a dar un voto de confianza, pero también le decimos alto y claro que no lo vamos a permitir. Si tenemos que acampar o encerrarnos dentro lo haremos. No es por el edificio en sí, es por lo que representa. Es que nos echarían de nuestra casa.

P.-¿Le sorprendió ver la ‘tanqueta’ policial en los disturbios durante la huelga del metal en Cádiz y que no se autorizara su uso en Cataluña durante los graves altercados registrados en el otoño de 2019 tras dictar el Tribunal Supremo la sentencia del procés?
R.-Lo que nos dicen los compañeros que entienden de seguridad ciudadana es que en Cataluña se aguantó demasiado. Muchos compañeros nos dijeron que nunca habían vivido una situación tan compleja como aquella. A lo mejor hubiera sido necesario. Ahora ya, con el tiempo que ha pasado, el agua no mueve molino pero sí es una imagen que sí llama la atención.