Las víctimas de ETA, a través de dos de sus principales asociaciones, la AVT y Covite, han trasladado a la Fiscalía las concesiones de progresión de grado concedidas a ocho presos de ETA por el Gobierno vasco. Desde el pasado mes de octubre el Ejecutivo vasco asume la competencia de prisiones en Euskadi y estas han sido las primeras decisiones sobre avance de grado concedidas. La AVT avanzó ayer que remitiría la causa a la Fiscalía para que la estudiara y hoy ha sido el Colectivo de Víctimas del Terrorismo el que ha anunciado que seguirá el mismo paso.

En una nota, Covite señala que insta al Ministerio público a que analice si estas progresiones de grado se ajustan a la Ley Orgánica General Penitenciaria. La presidente del Colectivo, Consuelo Ordóñez, mantuvo un encuentro con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, el pasado 16 de febrero. En la misma le trasladó su agradecimiento por la supervisión que de otros casos se había llevado a cabo y que derivaron en la revocación de los mismos. "Estamos tranquilos porque la última palabra sobre las progresiones de grado y las liquidaciones de condenas de los presos de ETA la tiene el tribunal sentenciador, es decir, la Audiencia Nacional, y no los gobiernos, ni el central ni el vasco", ha asegurado en un comunicado.

Hoy el Gobierno vasco, a través de su consejera Beatriz Artolazabal, ha asegurado que la medida se ha adoptado en cumplimiento de la legalidad vigente.

Los ocho presos a los que se les ha concedido el tercer grado son José María Arregi Erostarbe 'Fiti', Francisco José Ramada Estévez, José Angel Lerín Sánchez, Unai Fano Aldasoro, Mikel Arrieta Llopis, Ignacio Crispín Garcés, Egoitz Coto Etxeandia y Ugaitz Pérez Sorriketa. Covite señala que todos ellos aseguran no ha demostrado arrepentimiento y siguen siendo "miembros orgullosos de su pasado criminal" que cuentan con el apoyo "logístico y propagandístico de la izquierda abertzale".

"Disciplina mafiosa"

Denuncia que no se han desvinculado de "disciplina mafiosa" de la izquierda abertzale "que sigue controlando a los presos de ETA en cárceles a través de múltiples visitas, llamadas telefónicas y demás mecanismos de presión".

Para Covite se debe recordar que el colectivo de presos, el EPPK continúa controlando este mundo e impone "dos líneas rojas, ni arrepentimiento ni perdón". Subraya que ninguno de los presos a los que se ha autorizado la progresión de grado ha mostrado "ningún mínimo gesto o señal de voluntad de reinserción, lo que contraviene la jurisprudencia y las resoluciones que viene emitiendo la sala de los Penal de la Audiencia Nacional".

Destacan que la Audiencia Nacional está valorando de modo especial "las variables subjetivas a las que se refiere el artículo 156 del reglamento penitenciario.: "En el hay que enmarcar el arrepentimiento por el daño causado a las víctimas, el abandono de las ideas que condujeron a la comisión de actos delictivos de terribles consecuencias y la desvinculación de la organización, porque todo ello es indicador de que el tratamiento penitenciario está surtiendo su efecto".

«Nunca nos hemos fiado de las intenciones del Gobierno vasco, puesto que mientras ETA mataba no querían ser carceleros, y ahora que ETA no mata, nos temíamos que buscasen trampas y vías rápidas para que salieran de la cárcel en cuanto tuvieran la transferencia de prisiones. Este primer movimiento del Ejecutivo vasco no ayuda a que nuestras sospechas amainen. Por ello vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagan, aunque la última palabra la tenga la Fiscalía, lo cual nos da tranquilidad». COVITE ha aseverado que, si la Audiencia Nacional comprueba que las decisiones adoptadas por el Gobierno vasco se ajustan a la legalidad, «el Colectivo acatará la resolución».