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Presos de ETA, la 'socialización' de un final sin delatores ni arrepentidos

El colectivo de presos de ETA abrió la puerta en 2013 a explorar la asunción de la legalidad penitenciaria que no aceptó hasta 2017 | Los colectivos afines han buscado en la sociedad vasca la vía de presión para acelerar la excarcelación

Todo comenzó hace ocho años. El colectivo es un paquidermo que se mueve despacio. Muy despacio. Los primeros pasos fueron silenciosos y discretos. Aquella corriente de cambio que la izquierda abertzale había inoculado en su seno tiempo atrás por fin comenzaba a hacer reacción. Romper con décadas de disciplina férrea en las cárceles, de rechazo a la legalidad penitenciaria española no era un reto sencillo. En diciembre de 2013 un comunicado del colectivo Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) revelaba que la estrategia liderada por Rufi Etxebarria había funcionado. Los presos de la banda terrorista se abrían a aceptar la legalidad carcelaria del Estado contra el que habían combatido mediante tiros, bombas y amenazas.

Fue sólo el primer paso. Los dos años transcurridos desde el cese de la violencia -el 11 de octubre de 2011- no habían logrado, pese a presionar para ello, sentar al Gobierno Rajoy en una mesa para forzar una salida negociada para los presos. El brazo político, la izquierda abertzale, llegó antes a la conclusión de que el intento de sacar un rédito carcelario a la paz había fracasado. Al ‘brazo militar’, ya carcelario, sólo le cabía aceptar la situación legal penitenciaria.

Aquel anuncio aún sin certezas ni decisión cerrada era una puerta abierta que representaba un cambio relevante en la historia de ETA. Históricamente la banda había contemplado los centros penitenciarios como un ‘aparato’ más de su lucha violenta. Como el frente ‘militar’ o el ‘político’, el carcelario se había convertido en una vía de control de sus militantes. Sobre sus pasos y decisiones, incluso entre barrotes, seguiría mandando la dirección de la organización criminal y no las normas penitenciarias. Quien osara a renegar de ese control y abrirse a permisos, a peticiones de traslados, de progresiones de grado, sería tratado como un traidor.

La ‘Vía Nanclares’ lo demostró. Acogerse a ella exigía renunciar a la violencia, reconocer el daño causado y apostar por vías pacíficas. Y conllevaba, en la mayoría de los casos, la expulsión de ETA. A los arrepentidos no les corresponderían ni honores ni reconocimiento de los suyos, sólo el desprecio. Para la treintena de presos de la ‘Vía Nanclares’ puesta en marcha en 2008, en tiempos de Rodríguez Zapatero, para romper el frente carcelario, nunca ha habido ‘ongi etorris’.

Un lento proceso

La puerta abierta en 2013, dos años después de que ETA anunciara el cese de su actividad armada, para explorar el camino de la legalidad carcelaria no se concretó hasta casi cuatro años después. La banda avanza despacio. El debate interno en el seno de sus militantes derivó en una votación para decidir si ese paso para romper una máxima histórica de disciplina y obediencia a la dirección se rompía y la libertad individual en la toma de decisiones en prisión se imponía. El 30 de junio de 2017 el EPPK hizo público el resultado del lento proceso: el 73% (221 votos) de los internos apoyaban aceptar la legislación penitenciaria y sus beneficios, el 14% (42 votos), se oponía. Un 13% del colectivo ni siquiera votó.

Aquella declaración incluía una premisa que marcaría el devenir de sus pasos hasta el día de hoy. El cambio de posición establecía dos líneas rojas: ni delación, ni arrepentimiento. Los presos podrían pedir acercamientos, progresiones y beneficios penitenciarios pero sin que ello supusiera delatar a ningún militante de la organización ni, mucho menos, repudiar el uso de la violencia.

El cambio en los presos de ETA fue convenientemente amplificado por la izquierda abertzale y ‘socializado’ por sus plataformas afines como Sare, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, ‘Kalera, Kalera’ y Etxerat, el colectivo de familiares de los presos. A partir de entonces entraron las prisas. La decisión que el EPPK tardó más de cuatro años en adoptar -y décadas en interiorizar- debía ser correspondida inmediatamente por el Gobierno español. El Ejecutivo de Rajoy no se dio por aludido. La posibilidad de que se apresurara a satisfacer la demanda de terminar con la política de dispersión de los presos de ETA aprobada en 1989 por Felipe González eran pocas. La banda ni siquiera aún se había disuelto oficialmente ni había entregado las armas que aún tenía.

La moción de censura del 1 de junio de 2018 fue un aliado inesperado. El relevo en Moncloa abrió un camino nuevo a la izquierda abertzale y su mundo. El Ejecutivo Sánchez, apoyado en Bildu, no tardó en replantearse la política aplicada a los presos de ETA. El verano de ese año -sólo meses después de escenificar la disolución en Cambo (País Vasco francés)- se inició un goteo de traslados a prisiones cercanas a Euskadi y Navarra. Primero serían, los enfermos y mayores, después los que carecieran de delitos de sangre y finalmente el conjunto de presos.

Las prisas de su entorno

Para entonces las movilizaciones y concentraciones en favor de los presos de ETA sumaban meses en el País Vasco. Sare, el colectivo que lidera el ex consejero de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, reclamaba en ciudades, pueblos, playas y fiestas al nuevo Gobierno que se diera prisa, que el final de ETA se había producido hacia ya tiempo. Siete años después de que acabaran las acciones de la banda, al entorno de Bildu la cuestión de los presos le quemaba en las manos. El tiempo pasaba y no se vislumbraban grandes cambios. Las primeras peticiones de traslados eran rechazadas por la Audiencia Nacional, las progresiones de grado, también.

Con la llegada al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, todo comenzó a cambiar. Por primera vez el mundo abertzale, que otrora condenaba al juez Marlaska, reconocía que bajo su mandato al frente de Interior las cosas comenzaban a cambiar. El goteo esporádico se convirtió en rutina semanal y en apenas tres años todos los presos de ETA ya habían sido acercados. Hoy la mitad de ellos se encuentra en prisiones vascas o navarras. Más aún, desde octubre lo hacen en centros penitenciarios que ya están bajo la gestión del Gobierno vasco.

Pero el ‘paquidermo’ de los presos quiso comenzar a cabalgar y trotar. Completados los acercamientos, Sare, Etxerat y Sortu iniciaron una segunda fase de su movilización, en la que aún hoy siguen inmersos. Desmantelada de facto la política de dispersión, la siguiente batalla debía ser forzar el traslado de todo el colectivo a prisiones vascas y navarras y acelerar progresiones de grado y puestas en libertad. La debilidad política y parlamentaria de Pedro Sánchez es una oportunidad: «Si para sacar a los 200 presos de la cárcel hay que apoyar los presupuestos, se apoyan», dijo Otegi.

El camino de la ‘socialización’ de la vuelta a casa de los presos de ETA se ha complicado con varios reveses. Los ‘ongi etorri’ a los internos de la banda seguían provocando un gran rechazo entre las víctimas y gran parte de la sociedad. Las reiteradas muestras de aprecio hacia miembros de ETA que periódicamente han venido escenificándose tampoco han ayudado a acelerar los gestos hacia ese mundo. Mucho menos la resistencia de los presos a colaborar con la Justicia o mostrar arrepentimiento, más allá del ‘formulario tipo’ rubricado para autorizar su traslado. Las líneas rojas siguen vigentes: ni delación, ni arrepentimiento.

La amnistía de los críticos

En estos años incluso su mundo se ha fracturado. La votación de 2017 ya dibujaba que el final de ETA no había sido una decisión unánime. También que aceptar la legalidad carcelario del ‘enemigo’ fuera un ‘sapo’ que todos tragarían. El sector crítico con Sortu, agrupado bajo el movimiento Amnistía Ta Askatasuna, no asume las líneas del EPPK. Pese a ser un colectivo minoritario, en los últimos años ha logrado organizarse y crecer. Cuestionan el modo en el que se gestionó el final de ETA y el lugar en el que se ha dejado a los presos. Reclaman para ellos la amnistía, no meros beneficios penitenciarios. Son ellos los que no han secundado la consigan que el EPPK hizo el 30 de noviembre para evitar ya los ‘ongi etorri’ públicos para no agudizar el dolor de las víctimas. El recibimiento a Ignacio Etxeberria Martín, alias ‘Mortadelo’ en diciembre pasado, y del que Bildu se desmarcó, fue reflejo de la división.

Ahora Sare vuelve a reclamar rapidez. Sabe que todos los pasos que se puedan forzar ante el Gobierno Sánchez serán un espejismo si Pablo Casado llega a Moncloa. También que el tiempo corre en contra de sus movilizaciones. Pese a gozar aún de un importante apoyo social, -las casi 200 concentraciones de hace una semana lo reflejan- el cansancio social empieza a evidenciarse. También el apoyo de otras formaciones como el PNV, que tras ir rebajando el peso de sus emisarios a los actos en contra de la dispersión ha optado finalmente por no acudir más.

Diez años después del final de las acciones violentas de ETA, la banda continúa con casi dos centenares de sus miembros en las cárceles. Muchos acumulan décadas entre rejas. A no pocos, la libertad les espera en la vejez. Encontrarán una Euskadi diferente, herida de convivencia, con cientos de crímenes cometidos por ellos y que siguen sin culpables y un relato por escribir para las futuras generaciones.

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