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La AEB reclamará el 25% a los directores de colegio y acusa al Govern de desobediencia

Alumnos de un colegio catalán EFE

El gobierno de Pere Aragonès está instalado en la desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en lo que respecta a la ejecución de la sentencia que obliga a impartir el 25% de las horas lectivas en castellano. Así lo cree, al menos, la presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada. La AEB impulsa, con la plataforma Escuela de Todos, un recurso de ejecución de sentencia que presentarán a principios de la próxima semana.

El Tribunal Supremo ratificó el pasado diciembre la sentencia del TSJC que establece un mínimo del 25% de las clases en cada una de las lenguas oficiales en Cataluña. Esto es, una asignatura no lingüística en castellano, algo que no recoge la gran mayoría de los proyectos lingüísticos de los 5.300 centros docentes de Cataluña.

El consejero de Educación, Josep González-Cambray, ha anunciado este martes la elaboración de un Decreto de despliegue del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña. Un decreto que según Cambray refuerza la actual política lingüística y servirá para aumentar el uso del catalán en las escuelas.

Más de 1.000 familias piden el 25%

Más de 1.000 familias se han adherido ya al recurso de Escuela de Todos, que seguirá recogiendo firmas hasta este sábado. A partir del próximo lunes la entidad presentará la la demanda de ejecución, en la que se informará al TSJC de que no se está cumpliendo la sentencia.

El Govern no ha dado instrucciones para que se cumpla, «al contrario» señala Losada, recordando la instrucción del Departamento de Educación en la que se pedía a los centros educativos que no modifiquen sus proyectos lingüísticos. «Dado que el Govern no ha dado muestras de querer cumplir la sentencia, le pediremos al TSJC que dé instrucciones directas a los directores de los centros para que la apliquen», explica la presidenta de la AEB.

«Estamos hablando de que el conseller está desobedeciendo» añade Losada para argumentar su petición para que se advierta directamente a los directores, algo que el ejecutivo de Aragonès asegura querer evitar.

Respecto a Cambray, Losada asegura que no se plantean denunciarlo porque «nuestra prioridad es que se cumpla la sentencia del 25%». Pero también advierte que la justicia y el Gobierno «deberían actuar ante la desobediencia del Govern. Aquí se va a evidenciar la posición de cada uno».

Convencidos del apoyo del TSJC

Escuela de Todos rechaza, además, que no esté legitimada para pedir la ejecución de la sentencia, habida cuenta de que el Gobierno -que es la parte denunciante- no parece dispuesto a hacerlo. «Nos consideramos parte perjudicada y pedimos apoyo al tribunal para hacer que se aplique la sentencia».

En este contexto, se muestra convencida de que el tribunal atenderá a su requerimiento. «No estamos en la cabeza del tribunal, pero no tiene mucho sentido que la respuesta del Govern sea tomada en serio por el TSJC» apunta Losada.

El propio tribunal parece darles la razón con su rechazo al recurso presentado por los padres de Canet que pedían la paralización de la aplicación del 25% de castellano en la escuela Turó del Drac. El TSJC ha rechazado la petición de anular las cautelares, recordando la obligación de que las dos lenguas vehiculares sean obligatorias en la enseñanza.

«Es el mismo tribunal que ha respondido a las familias de Canet que no existe el derecho a escoger la lengua ni a mantener el monolingüismo» señala Losada respecto al recurso de los padres que protagonizaron manifestaciones de rechazo a la aplicación del 25% solicitada por un alumno del centro.

«Esto es una sentencia que se tiene que cumplir, no es una negociación abierta, el conseller intenta ganar tiempo como ha hecho siempre la Generalitat, tomando por tontos a los que les escuchan», concluye Losada.

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