La Junta de Fiscales de Sala, reunida la tarde de este lunes, ha decidido por unanimidad respaldar que la Fiscalía Anticorrupción continúe con su investigación sobre la adjudicación de un contrato de provisión de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a una empresa en la que el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cobró por gestiones.

La treintena de fiscales de Sala reunidos con la fiscal general Dolores Delgado respalda toda la actuación de la Fiscalía Anticorrupción al respecto y decide que continúe con sus diligencias independientemente de que la Fiscalía Europea también avance con la investigación que ha abierto para ver si hubo malversación de fondos comunitarios, pues la Fiscalía española no tiene ninguna potestad para impedirlo. Después de obtener el respaldo de los fiscales de Sala, la fiscal general emitirá un decreto en el que plasme su decisión.

"Ninguna fiscalía nacional debe ceder las diligencias"

Según ha informado el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón al término de la Junta, los miembros del máximo órgano de asesoramiento de la carrera fiscal consideran que "ninguna fiscalía nacional debe ceder las diligencias" que no afecten a la gestión de fondos europeos, pues las cuestiones nacionales quedarían fuera de su competencia.

El responsable de Anticorrupción ha explicado que mientras las diligencias abiertas por la Fiscalía española a raíz de las denuncias de PSOE, Más Madrid y Podemos son preprocesales, es decir, todavía se encuentran en la fase de ver si existen indicios de delito en los hechos denunciados por los partidos de la oposición, las de la Fiscalía Europea ya tienen la condición de investigación penal equiparable a una instrucción judicial.

En este sentido, el fiscal ha explicado que la Junta de Fiscales respalda que la Fiscalía Anticorrupción "continué con su investigación" para concluir si hay indicios para presentar querella o archivar las diligencias sobre posibles delitos de corrupción cometidos en ámbito nacional "sin perjuicio" de que la Fiscalía Europea siga las suyas.

La Fiscalía Europea ve malversación

La Fiscalía Europea, a través de la delegada del organismo independiente de la Unión Europea en España, Concepción Sabadell, ha iniciado una investigación porque ve posible delito de malversación de fondos comunitarios (concretamente fondos europeos de desarrollo rural, FEDER) en la adjudicación del contrato por valor de 1,5 millones de euros en el que Tomás Díaz Ayuso -a falta de confirmación- cobró 286.000 euros por "realizar gestiones, no por intermediar", según defendió la propia presidenta madrileña en comparecencia pública.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción descarta indicios de malversación y continuará sus diligencias para decidir si presenta querella o archiva por otros delitos de tráfico de influencias o prevaricación.

El fiscal jefe Anticorrupción descarta una "disputa" con la Fiscalía Europea y dice que cooperará con ella

El fiscal jefe Anticorrupción descarta que haya habido una "disputa" con la Fiscalía Europea, sino que habla de un "aspecto competencial", puesto que fue el propio Luzón quien planteó tal colisión de competencias a la fiscal general. En este sentido, ha afirmado que continuará la colaboración y la cooperación con la Fiscalía Europea, que ya tiene una copia de las actuaciones de Anticorrupción.

Por su parte, la Fiscalía General ha informado esta mañana de su "competencia preferente" para investigar las posible malversación de fondos comunitarios en el contrato, instando a la fiscal general a que se dirija al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recurrir su decisión de abrir la investigación si no está conforme, como permite la ley orgánica de creación de una delegación de dicha institución en España.