La Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) ha presentando demanda de ejecución de la sentencia del 25% en castellano ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La entidad solicita al tribunal que obligue a la Generalitat a hacer efectivo el 25% en todos los colegios catalanes en el plazo de un mes, en una demanda avalada por 1.643 padres de alumnos. Y denuncia la inacción del Gobierno en defensa de los «derechos de todos» los alumnos catalanes, con una iniciativa que ha recogido 40.000 firmas de apoyo.

«Estamos aquí porque el Gobierno de España no ha hecho nada por hacer cumplir la sentencia. Está desaparecido», ha lamentado la presidenta de la AEB, Ana Losada. Escuela de Todos -la agrupación de asociaciones como AEB, Impulso Ciudadano, SCC, S’ha Acabat entre otros- se constituyó el 16 diciembre, cuando el Tribunal Supremo ratificó la sentencia, «porque sabíamos que llegaríamos a este punto y que el Gobierno no haría nada» ha lamentado Losada.

En la demanda, AEB solicita al TSJC que dé un mes para cumplir la sentencia. Y que la Consejería acredite ese cumplimiento reportando ante el Tribunal los certificados de cambio de proyecto lingüístico de todos los centros catalanes.

Ese 25% se debe acreditar en asignaturas troncales o análogas, estableciendo un tiempo de clases en castellano dentro del horario escolar, advierte José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano (IC). Y recuerda que ese 25% que la Generalitat ve imposible es lo que fija la Ley de plurilingüismo de la Comunidad Valenciana. Además, el material educativo y las evaluaciones de las asignaturas deben hacerse en el idioma en que se ha impartido la materia.

Vía penal

Domingo ha lamentado que desde que el TS ratificó la sentencia el Departamento de Educación no solo no la ha aplicado sino que «se ha dedicado a hacer lo contrario: Intentar convencer a la opinión publica de que no se va a cumplir y que el catalán es el discriminado en la escuela».

Recuerda en este sentido que el Tribunal «llega a la conclusión de que el castellano necesita refuerzo en base a los datos que da la propia Generalitat» durante el proceso judicial. La conclusión del TSJC fue entonces que el «el castellano es residual, con un 4% en educación infantil».

En este contexto, Domingo ha asegurado que «no tenemos interés en judicializar penalmente este asunto, confiamos en principio de buena fe de administraciones». Pero también ha recordado las graves consecuencias penales que puede tener la desobediencia para los directores de centro que se sigan negando a ejecutar la sentencia, entre 9 y 15 años de inhabilitación especial.

Desobediencia de la Generalitat

La demanda de ejecución presentada este miércoles acredita el incumplimiento de la sentencia con una muestra de los proyectos lingüísticos de 300 centros de toda Cataluña en los que el catalán es «la única lengua de uso en la escuela». Una muestra elaborada por la propia AEB «en dos días» después de que el Departamento de Educación se negara a proporcionar los datos de toda Cataluña, alegando que sería «un trabajo ingente».

AEB recoge además la respuesta dada por la Generalitat al TSJC, en la que el Departamento de Educación esgrime el proyecto de Decreto de desarrollo de los usos lingüísticos, el acuerdo para reformar la Ley de Política Lingüística y el sondeo de Síndic de Greuges sobre usos lingüísticos en la escuela para dar por cumplida la sentencia.

«En estos dos meses, por no decir 2 años, porque la sentencia es de diciembre 2020, el Departamento ha tenido tiempo de prepararse para ejecutar la sentencia, pero no ha hecho nada porque no tiene voluntad» ha concluido Domingo.

Proceso judicial

Tras el anuncio de que la Abogacía del Estado no pedirá la ejecución de la sentencia, como trasladó este miércoles, la decisión queda ahora en manos del tribunal, que tiene diez días para dar traslado a las partes de las peticiones de ejecución de sentnecia. Tanto la Abogacía del Estado como los servicios jurídicos de la Generalitat tendrán otros 20 días para responder. Y finalmente, en 10 días más el Tribunal debe dictar su auto.

La Generalitat ya ha anunciado su intención de cuestionar la legitimidad de la AEB para solicitar la ejecución de la sentencia, por no formar parte de la causa. Pero Domingo ha defendido la jurisprudencia a su favor.

«En este caso es obvio el interés» en la ejecución, porque la finalidad estatutaria de la AEB es garantizar el derecho de los alumnos a recibir educación en su lengua materna, argumenta Domingo. «Además de las peticiones de 1.643 familias», en las que se facilita la identificación de padres, madres y alumnos del sistema educativo catalán.

En caso de que el TSJC rechazar la legitimidad de la AEB, la entidad ya ha anunciado que volverá a pedir la ejecución en nombre de cada uno de esos 1.643 padres que se han adherido a la demanda. «Pero eso sería una locura, lo que estamos haciendo es facilitar el trabajo al tribunal».