La Unión Federal de Policía (UFP) interpreta como una «cesión al chantaje de los independentistas» la decisión del Ministerio del Interior de no prorrogar los refuerzos de antidisturbios en Cataluña y se pregunta si la siguiente decisión será abandonar el edificio que ocupa la Jefatura Superior en la céntrica Via Laietana de Barcelona, como viene demandando ERC en los últimos años.

La Jefatura de las Unidades de Intervención Policial (UIP) ha comunicado la cancelación de las comisiones de servicio con las que desde hace una década se refuerza el trabajo de los dos grupos con sede en Barcelona (indicativo Jaguar). El próximo que iba a tomar el relevo iba a proceder de Oviedo (Cobra), que ya sabe que no se tendrá que desplazar.

En función de las circunstancias, la Policía Nacional enviaba a esta comunidad dos o tres grupos procedentes de otras bases del país para cubrir las necesidades operativas de forma rotatoria. El refuerzo ha sido mayor en momentos en que la actividad del movimiento independentista ha sido sido más intensa.

La Policía Nacional dejará de mandar grupos de antidisturbios a Cataluña, como ha venido haciendo en la última década

Como ha adelantado El Confidencial Digital, la Dirección General de la Policía no va a prolongar el refuerzo que ha venido desplegando hasta ahora, por lo que la presencia de los antidisturbios quedará reducida en Cataluña a partir de ahora a los dos grupos que componen la II UIP. Con las recientes incorporaciones, cada uno de ellos está integrado por unos 42 agentes, por debajo de la dotación teórica.

«Esta decisión demuestra que la Dirección General cede al chantaje de los independentistas y queda en la mínima expresión la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, donde los antidisturbios realizan una labor necesaria y ejemplar», declara el secretario de Acción Sindical y Portavoz de la UFP, José María Benito. «Seguramente lo siguiente será dejar la comisaría de Via Laietana. Vamos de error en error», critica.

En noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una iniciativa promovida por ERC -con el respaldo del PSC, BComú y JxCat- para que la Policía Nacional abandone su sede central en la capital catalana a fin de que el edificio se convierta en un centro memorial y documental sobre la represión franquista. Interior siempre ha defendido que no está previsto abandonar dicho inmueble.

Paros de transportistas

La retirada de la comisión de servicio con que Interior venía reforzando la dotación de antidisturbios en esta comunidad se produce coincidiendo con los paros que miles de transportistas vienen secundando en las últimas semanas en todo el país, lo que ha obligado al Ministerio del Interior a desplegar operativos de escolta de convoyes para que puedan transitar los camiones que no secundan la huelga y evitar el desabastecimiento.

«Esperemos que sea una decisión temporal y que tras la retirada de grupos no haya un trasfondo político. Queremos pensar que es una medida temporal debido a la huelga del transporte y que volverán para dar apoyo a la II UIP», señala la secretaria general de la Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña, Rocío Caballero.

El refuerzo permitía hasta ahora disponer de más efectivos en el paso fronterizo de La Junquera (Girona) para el control antiterrorista, así como apoyar la seguridad que se brinda en edificios públicos del Estado -como las sedes de la Jefatura Superior y la Delegación del Gobierno- y dar cobertura a brigadas de investigación, entre otros servicios. También se encarga de prestar labores de escolta y traslado de migrantes al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ubicado en la Zona Franca de Barcelona.

Elevado gasto

Otras fuentes consultadas por este diario consideran que en la decisión de no enviar más antidisturbios a Cataluña pesan sobre todo razones económicas, dado que desplazar desde otras bases a estos policías especializados en orden público tiene un coste de diario de «entre 5.000 y 6.000 euros» por grupo. Esa cantidad incluye el pago de dietas a los funcionarios, el gasto en combustible y el desgaste de las furgonetas, entre otros conceptos.

Sea como fuere, la medida se adopta en un momento en el que actividad independentista no es tan intensa como en fechas recientes y sólo unos meses después de que el comisario Francisco López Gordo asumiera la jefatura de las UIP en sustitución del comisario principal José Miguel Ruiz Igusquiza, destinado como consejero de Interior en la embajada de España en Moscú (Rusia).