El Ministerio de Consumo ha eludido detallar cuánto paga al mes por el alquiler de las dos plantas que ocupa en un edificio de oficinas del centro de Madrid con el argumento de que la difusión de estos datos podría perjudicar los «intereses económicos y comerciales» del propietario del inmueble, el banco mayorista Cecabank.

Así lo justifica el departamento que dirige Alberto Garzón en la resolución con la que ha dado respuesta parcial a una solicitud de acceso a la información tramitada a través del Portal de la Transparencia. Consumo ha facilitado una copia del contrato de arrendamiento pero ocultando tanto la cuantía de la renta como el importe de los gastos comunes que soporta.

El subsecretario de Consumo, José Antonio García, firmó el pasado 21 de junio el acuerdo por el que Cecabank les alquilaba dos de las siete plantas del edificio ubicado en el número 27 de la madrileña calle de Alcalá, construido en 1950 y ubicado cerca de la confluencia con la Gran Vía y del Banco de España. En total, la zona arrendada ocupa 1.701,45 metros cuadrados (el 19,5 % de la superficie construida del inmueble).

El ministerio ocupa desde el pasado verano dos plantas del edificio que Cecabank tiene en el centro de Madrid

La rúbrica del contrato tuvo lugar 13 días después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a una modificación de los límites establecidos en la Ley general presupuestaria a fin de que Consumo pudiera comprometer gasto con cargo a ejercicios futuros. En concreto, la duración del arrendamiento es de cuatro años.

No obstante, las partes han pactado que el contrato se pueda romper al término del segundo o tercero siempre que se avise a la propiedad con una antelación de cuatro meses. Si el arrendatario deseara desistir antes de que termine la vigencia, no sólo deberá comunicarlo al arrendador seis meses antes sino que también tendrá que indemnizarle «con un importe equivalente a la suma de las cantidades de renta correspondientes al periodo de vigencia» que quedara hasta su conclusión, detalla la estipulación segunda.

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En cuanto a la forma de pago, el contrato establece que el ministerio -desde el 1 de agosto de 2021- hará un abono mensual a Cecabank repercutiendo a la cantidad acordada el IVA correspondiente. La renta se actualizará a la conclusión de cada anualidad con el objeto de garantizar «el mantenimiento de la competitividad» de dicho importe «frente a posibles variaciones del mercado».

Gastos comunes

Concretamente, la cantidad se revisará tomando como referencia el Índice de alquiler de oficinas a nivel autonómico o el Índice de alquiler de la vivienda del IPC a nivel provincial en caso de que el primero no se hubiera publicado. Consumo ha aceptado que la variación sólo se aplique si se registra un alza. En el supuesto de que se depreciara, Cecabank seguiría cobrando la misma renta que estuviera percibiendo en el momento de la revisión.

Al montante del alquiler se suma el importe mensual que el arrendatario tiene que pagar en concepto de gastos comunes. A saber: el consumo eléctrico de la oficina, los suministros de gas y agua, el mantenimiento y limpieza de las dependencias, la seguridad y el control de accesos, el uso del mobiliario, los impuestos municipales (el IBI y la Tasa de Residuos Urbanos de Actividades TRUA) y la utilización del equipamiento audiovisual para reuniones con que está dotada una de las plantas arrendadas.

Consumo defiende que, si desvela el importe de la renta, puede perjudicar los intereses económicos del arrendador

Sea como fuere, el ministerio mantiene bajo secreto cuánto paga mensualmente, al entender que en la petición de información concurre uno de los límites al derecho de acceso previstos en el artículo 14 de la Ley de transparencia. Consumo ha dado por bueno el argumento esgrimido por Cecabank -entidad a la que ofreció la posibilidad de alegar antes de dictar su resolución- y ha concluido que la divulgación de los detalles económicos podría ser perjudicial para el propietario del edificio.

«La cesión de los datos respecto de la renta y los gastos comunes incluidos en el contrato de alquiler analizado, como ha defendido el arrendador en sus alegaciones, puede ocasionar perjuicio para sus intereses económicos y comerciales. Es por ello por lo que se han ocultado dichos datos en la copia del contrato de arrendamiento adjunta a la presente resolución», expone el subsecretario.

Esta respuesta ya ha sido recurrida ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), al considerar que la ponderación de intereses que ha hecho el ministerio va en contra del espíritu de la Ley de transparencia. En su preámbulo, la norma dice: «Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos». Si no es posible conocer cuánto está pagando no se puede fiscalizar la actuación de los responsables de Consumo.

Razones de seguridad pública

Invocando razones de seguridad pública, el departamento ha eludido igualmente facilitar el anexo del contrato en el que se reproducen los planos del edificio, atendiendo así la petición que le había formulado Cecabank por su condición de operador crítico. Esta entidad financiera mayorista, constituida en 2012 y participada mayoritariamente por la asociación bancaria CECA, tiene su sede en este inmueble de mitad del siglo pasado.

Las dependencias centrales de Consumo -reconvertido por Pedro Sánchez de dirección general a ministerio propio al inicio de la legislatura para poder dar cabida a Unidas Podemos en el Gobierno- se encuentran en el edificio ubicado en los números 18 y 20 del Paseo del Prado. Según informó Vozpopuli, en las oficinas de Alcalá 27 se instalarían la Subsecretaría, la Secretaría General de Consumo y Juego, la Intervención delegada y la Abogacía del Estado.