El Gobierno recurrirá la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condena a España a indemnizar con 12.000 euros al etarra Xavier Atristain por considerar que la Justicia española vulneró sus derechos fundamentales a un proceso justo y a un abogado de propia elección al entender que no se le permitió elegir abogado cuando estuvo detenido en régimen de incomunicación en 2010.

Fuentes del Ministerio de Justicia avanzan que la Abogacía del Estado recurrirá la sentencia del Tribunal de Estrasburgo antes del próximo lunes, cuando vence el plazo para hacerlo.

Tanto la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) como el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, habían instado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a que aclarara si presentaría dicho recurso. En el caso del segundo, pidió una aclaración en un oficio el pasado 22 de marzo puesto que dicho recurso es decisivo para resolver la petición de revisión de sentencia que presentó la defensa de Atristain ante el Supremo.

En la sentencia de enero, el Tribunal de Estrasburgo obliga a España a indemnizar al miembro de ETA con 12.000 euros por daños morales. Ese fallo le permitió presentar un recurso de revisión de la sentencia del Supremo -que a su vez confirmaba una de la Audiencia Nacional de 2013- y salir de la prisión de Martutene (San Sebastián) el pasado 22 de febrero, quedando en libertad condicional.

Este lunes, la ministra de Justicia fue preguntada durante el Consejo de Ministros por si los servicios jurídicos del Estado presentarían dicho recurso ante Estrasburgo antes del lunes. Durante la rueda de prensa, afirmó que «este Ministerio y este Gobierno no gobiernan a golpe de titulares», sin aclarar si ese recurso se presentaría o no. Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron minutos después a El Independiente que sí se hará.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) alertó la semana pasada de que «en caso de que la Abogacía del Estado no presente este recurso, corremos el riesgo de que se consolide esta jurisprudencia del TEDH, o lo que es lo mismo: la excarcelación de muchos presos etarras que aleguen que se les tomó declaración en régimen de incomunicación. Y no sólo esto: de llegar a este terrible punto, España tendría que hacer un gran desembolso económico en forma de pago de indemnizaciones a todos los etarras ya en libertad que aleguen este hecho y pidan la anulación de su condena y su correspondiente indemnización».