España

El CNI, dispuesto a dar explicaciones en el Congreso sobre el caso del espionaje a los líderes del procés

En casos excepcionales, el Gobierno podría informar de materia declarada secreta a la presidenta del Congreso, que certificaría o no la licitud de las escuchas

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban Europa Press

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está dispuesto, «como no podía ser de otra manera, es nuestra obligación», a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre el supuesto espionaje a más de sesenta dirigentes independentistas, según denunció The Citizen Lab, una entidad vinculada a la Universidad de Toronto. «Hay mecanismos para aclarar lo que haya que aclarar», recuerdan desde el Centro en referencia a la comisión de secretos oficiales, «pero no se ha constituido» por causas ajenas al CNI.

Dicen entender que el caso haya suscitado interrogantes y necesidad de información, pero, en ningún caso «se pueden poner en duda y perder la confianza en las instituciones», sobre todo en una donde «los agentes se juegan la vida». Recuerdan, como hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles, que todas sus actuaciones tienen aval judicial. Esto significa que, en caso de que hubiera habido, que tampoco existe la certeza de ello, intervención telefónica por parte del CNI de los dirigentes que promovieron una declaración unilateral de independencia -algunos de ellos con vínculos con el régimen de Vladimir Putin- estarían avalados por un juez.

«Actuamos bajo el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial», dice la web del Centro

El propio Centro explica en su página web su dependencia orgánica al Ministerio de Defensa así como la colaboración con distintos organismos de la Administración, entre ellos, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Y subraya: «Actuamos siempre bajo la supervisión y el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial». Entre sus objetivos destacan «prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones».

Robles no se ha cansado de afirmar, desde que volvió a estallar un asunto del que se tuvo ya noticia en el año 2020, que «el Gobierno y el CNI siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente». Pero sobre si el Centro tiene la tecnología Pegasus, tal y como publicó El País, se negó a aclarar nada en este sentido «porque estaría incumpliendo la ley». «Para mi sería más cómodo salir y explicar algunas cosas y no puedo. Hay desigualdad de partes y si dijera algo, estaría cometiendo un delito», afirmó hace unos días en el Canal 24h de TVE, para acabar sentenciando que “no podemos sembrar dudas o sospechas de un organismo que no se puede defender”.

Quizá por ello la disponibilidad del Centro para acudir al Congreso y dar cuenta en una comisión inexistente por falta de acuerdo político y que se ha demostrado necesaria desde el momento en que la mayor parte de las fuerzas políticas de la Cámara están pidiendo explicaciones respecto a si el CNI está tras estas escuchas que arrancaron en 2017, gobernando el PP, y se alargaron hasta 2020, ya bajo ejecutivos de Pedro Sánchez, con especial incidencia tras la sentencia del Tribunal Supremo en octubre de 2019.

A falta de la comisión de secretos oficiales podría existir otra vía para que el Gobierno informara de las actividades del CNI, pero sólo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien debería certificar, o no, la licitud de esas escuchas en el caso de que se hubieran producido. Una resolución de la Presidencia de la Cámara Baja de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales, abre la puerta a esta posibilidad.

En su punto quinto establece que «motivadamente, y con carácter excepcional, el Gobierno podrá solicitar de la Mesa de la Cámara que la información sobre una determinada materia declarada secreta sea facilitada exclusivamente al Presidente del Congreso, o al de la Comisión (de secretos oficiales), cuando la petición hubiese sido formulada por esta última». Correspondería, en todo caso, a la Mesa del Congreso la resolución definitiva sobre la solicitud del Gobierno.

Podría ser ésta una circunstancia «excepcional», aunque muy limitada, de informar al legislativo, pero sólo en la figura de la persona que lo preside, lo que no sería suficiente para los grupos políticos que han pedido una comisión de investigación. A este carro se ha sumado un partido gobernante, Unidas Podemos, cuyo portavoz, Pablo Echenique ha pedido que «rueden cabezas» y se clarifiquen las circunstancias de dichas intervenciones telefónicas.

Podemos se aparta de la petición de comparecencia de Sánchez y de responsable del CNI

Los morados no se han apuntado, sin embargo, a la petición de comparecencias parlamentarias que arrancan con el presidente del Gobierno y terminan en la directora del CNI, Paz Esteban, pasando por los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, además del director de gabinete de Presidencia, Óscar López; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el director general de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros.

La petición parte de ERC, EH-Bildu, BNG, CUP, Junts, PDeCAT, Más País y Compromís. El objetivo es que den cuenta «del conocimiento y las medidas que se van a tomar en relación al espionaje y la intromisión a través del malware Pegasus y Candiru a representantes políticos, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados». Asimismo, este miércoles, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntará al jefe del Ejecutivo si el Gobierno piensa «investigar el caso de espionaje a políticos independentistas».

Por su parte, la secretaria general del PP y portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, reclamó el pasado viernes constituir la comisión de secretos oficiales para «despejar cualquier duda». Residenció en Batet la «capacidad y facultad para constituirla», aunque los vetos para que se incorporen a la misma partidos como ERC, EH-Bildu o la Cup, han imposibilitado hasta ahora su constitución.

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