Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa de estafar al Ayuntamiento de Madrid cobrándole un precio inflado por material sanitario de calidad inferior al proporcionado al inicio de la pandemia, en el momento que más costaba adquirir mascarillas, guantes y test rápidos, están citados a declarar como investigados este lunes ante el juez de Madrid Adolfo Carretero.

El instructor, que tras recibir la querella del fiscal decidió imputarles por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, ampliando posteriormente la imputación a Medina por el delito de insolvencia punible, consideró que "los delitos investigados no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de Covid-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares
en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos".

Precisamente eso es lo que investigará el juez, si el beneficio de 4,7 millones de euros de Luceño y 915.000 euros de Medina, que obtuvieron en el contrato por el que trajeron el mencionado material procedente de China a través de Malaya fue "injustificado y exagerado", como consideró Anticorrupción. Quiere despejar si se enriquecieron por medio de comisiones ilegales, no contempladas en el precio que ofrecieron al organismo público.

El dinero fue de la cuenta de Leno a las suyas

Según expuso el fiscal Luis Rodríguez Sol en la comisión rogatoria que envió a Malasia en busca de información, Medina y Luceño ofrecieron al Ayuntamiento la posibilidad de adquirir en China un millón de mascarillas, 500.000 guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos por 6,7, 5 y 4,2 millones de dólares, respectivamente.

En dicha comisión rogatoria, el fiscal también intentó interrogara al empresario malasio con el que cerraron la operación, San Chin Choon, sin éxito, pues Malasia ha contestado que no le puede obligar a declarar a pesar de que su declaración habría sido clave. Habría despejado si él sabía que, según el representante de Anticorrupción, los dos empresarios españoles "ocultaron que un alto porcentaje del precio ofertado (casi el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi un 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que ellos mismos iban a percibir".

Éste será uno de los principales aspectos por los que el fiscal -si es que los empresarios no se acogen a su derecho a no declarar- preguntará en la primera declaración de ambos como investigados ante el juez: ¿Por qué, por ejemplo, de los más de seis millones de dólares que el Ayuntamiento pagó por las mascarillas, tres fueron desde la cuenta de la empresa adjudicataria Leno Sdn Hdb a la cuenta personal de Luceño y uno a la cuenta de Medina?

Indicios de blanqueo

Con las comisiones obtenidas por las operaciones de venta que costaron al Ayuntamiento de Madrid un total de casi 12 millones de dólares, los investigados compraron los próximos meses propiedades y objetos de máximo lujo: una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid), una flota de una docena de coches de alta gama como Porsche o Aston Martin, relojes Rolex o unas vacaciones de 60.000 euros en Marbella (en el caso de Luceño) y un yate y bonos bancarios por 400.000 euros en el caso de Medina. De ahí que los investigadores consideren dichas operaciones sospechosas de blanqueo.

Documentos ficticios

Para justificar el cobro bancario de las comisiones y los posteriores movimientos, ambos investigados presentaron documentos de acuerdos en los que aparecía la firma de San Chin Choon, como director de Leno, que el fiscal considera falsificados por Luceño. Éste será otro de los asuntos importantes de la investigación: despejar si dichos documentos fueron confeccionados para dar apariencia de legalidad a los contratos.

Para este aspecto y los anteriores sobre los contratos habría sido muy importante para juez y fiscal haber conseguido interrogar al empresario malasio que, de momento, rehúsa contestar a la Justicia española. Sin su testimonio será muy difícil aquilatar los indicios de delito contra los dos investigados.

Por último, tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento -como acusación particular- y los partidos políticos PSOE, Podemos y Más Madrid como acusaciones populares, solicitaron fianzas reales para ambos empresarios y el juez las autorizó. Puesto que no consiguió embargar cuentas ni bienes (más allá del yate) a Medina ya que había sacado los bonos de su banco y sólo tenía 247 euros en la cuenta, el juez le investiga también por un presunto delito de insolvencia punible o alzamiento de bienes. Este lunes, a partir de las 12.30 horas, tanto Medina como Luceño tienen una cita en los Juzgados de Plaza de Castilla para aportar su versión sobre los hechos.