La polémica por el uso del software Pegasus, que viene centrando el debate político en las dos últimas semanas, alcanza otra dimensión al presentarse el Gobierno como víctima del presunto espionaje. Hasta ahora, el independentismo apuntaba la responsabilidad del Estado por haber utilizado presuntamente el programa israelí para intervenir las comunicaciones de políticos y periodistas, según la investigación de Citizen Lab (Unidad de Toronto).

El Ejecutivo ha denunciado este lunes en la Audiencia Nacional que los móviles oficiales de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron hackeados en las vísperas de que se concedieran los indultos a los condenados en el juicio del procés. A la espera de que la Justicia practique diligencias para esclarecer los hechos, El Independiente disecciona las principales claves:

  • ¿Qué ha denunciado el Gobierno? El Ejecutivo ha puesto este lunes en conocimiento de la Justicia que, en mayo y junio de 2021, se consumaron al menos tres intrusiones "ilícitas y externas" a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles (Defensa) -exactamente dos al primero y una a la segunda- a través del programa espía Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO. Ello habría permitido el acceso ilegal a 2,82 gigas, según han precisado fuentes del Ministerio de la Presidencia.
  • ¿Qué información ha sido sustraída? El Gobierno no ha dado a conocer detalles sobre el contenido de los datos robados, tan sólo el volumen de la información a la que se habría accedido de forma ilegal. El Centro Criptológico Nacional (CCN) -dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a su vez al Ministerio de Defensa- está verificando si los terminales móviles de otros integrantes del gabinete de Pedro Sánchez también resultaron infectados.
  • ¿Qué hechos centraban la actualidad en mayo-junio de 2021? En las fechas en las que habrían tenido lugar las intrusiones se produjo un hito de enorme importancia para el movimiento independentista catalán. Invocando razones "de utilidad pública", el Gobierno concedió el indulto el 22 de junio de 2021 al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; la ex presidenta del Parlament Carmen Forcadell; los ex consellers Dolors Bassa, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull, y los líderes de ANC y Òmnium Cultural -Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente- tras ser condenados por el Tribunal Supremo en el otoño de 2019 por su responsabilidad en el procés. Igualmente, en esas fechas se Marruecos había roto relaciones diplomáticas, después de que España hubiera decidido acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital público de Logroño para ser tratado de covid-19. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido este lunes en que los hackeos fueron "externos", desligando al aparato del Estado de estas acciones.
  • ¿Por qué se conoce ahora? La denuncia se produce en medio del terremoto político que ha supuesto la investigación llevada a cabo por Citizen Lab (Universidad de Toronto, Canadá), que ha revelado que los móviles de más de 60 personas vinculadas al movimiento independentista catalán fueron hackeados. Ello ha provocado que grupos como ERC o Junts hayan retirado el apoyo a iniciativas que el Gobierno ha enviado a las Cortes -como la aprobación del decreto-ley con las medidas anticrisis para amortiguar el impacto del encarecimiento de las materias primas provocado por la guerra de Ucrania- y la interposición de querellas para que se esclarezcan los hechos. En su comparecencia informativa de este lunes, el ministro Félix Bolaños ha asegurado que de las intrusiones a los móviles de Sánchez y Robles han tenido conocimiento "en las últimas fechas" tras el proceso de verificación al que han sido sometidos los terminales de todos los ministros, siendo los del presidente del Gobierno y la titular de Defensa los primeros que se han analizado. Los hechos se relatan en dos informes técnicos que el Centro Criptológico Nacional les habría enviado este domingo. "Tan pronto como hemos conocido los hechos lo hemos puesto en conocimiento de la Justicia para que se inicie la investigación sin más dilación y con toda agilidad", ha expresado Bolaños.
  • La oposición cuestiona la "casualidad". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado una "casualidad política no menor" que haya coincidido en el tiempo la noticia sobre la intrusión a móviles de miembros del Ejecutivo a través del software Pegasus y el "debate con el independentismo" a cuenta del supuesto espionaje que habrían sufrido dirigentes nacionalistas catalanes, que señalan directamente al CNI. "Nos ha sorprendido negativamente que hoy nos enteremos de que en el año 2021 haya sido espiado el móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa", ha reconocido el líder de los populares. Por su parte, el ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias ha calificado de "insostenible" la situación de Margarita Iglesias. En su opinión, si la acción procede del exterior, por no haber sido capaz el CNI de haber evitado las intrusiones. En la hipótesis de que el hackeo hubiera sido realizado por el aparato del Estado sin autorización judicial, por no haber sido capaz de "proteger al presidente del Gobierno", reproche que extiende al ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) como máximo responsable de los cuerpos policiales. Por su parte, Junqueras ha dicho: "Esta cortina de humo no diluye las responsabilidades del Gobierno".
  • "Organismos oficiales y autorización judicial". Félix Bolaños ha subrayado que el Gobierno tiene la total seguridad de que las intrusiones han sido "ilícitas y externas", reconociendo implícitamente que España también dispone del software que permite acceder remotamente a terminales móviles para acceder a todo su contenido sin dejar rastro. "En una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. En este caso, al no producirse ninguna de las dos circunstancias, no tenemos ninguna duda de que es una infección externa", ha subrayado. Los procedimientos judiciales en marcha deben aclarar si las revelaciones de Citizen Lab están fundamentadas y si, de ser cierto, el Estado habría espiado a dirigentes independentistas sin el amparo de un juez.