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El juez decreta el secreto de la causa por el espionaje y ofrece personarse a Sánchez y Robles

José Luis Calama expone que así se impide que el conocimiento del contenido de la investigación "pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos"

Pedro Sánchez, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados. EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado por un mes el secreto de la investigación abierta por la infección de los dispositivos móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el software espía Pegasus, como interesó este miércoles la Fiscalía.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 ha ofrecido a Sánchez y Robles personarse en la causa como perjudicados, como también había pedido el Ministerio Público en el informe con las diligencias que considera procedente practicar y del que sólo ha trascendido ésta.

En su auto, el magistrado explica que la declaración del secreto tiene por objeto «prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación, pues sólo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento».

En la resolución, Calama también recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo podrá ser conocido posteriormente, «evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna».

Este martes, el instructor incoó diligencias de investigación por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos a raíz de la denuncia presentada por la Abogacía del Estado alertando de que los móviles de los miembros del Ejecutivo fueron infectados.

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