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Jucil recurre en el Supremo el Código de Conducta de la Guardia Civil: "Invade la vida privada"

La asociación mayoritaria defiende que la nueva disposición que regula el comportamiento ético que han de tener los agentes en su actividad profesional "contradice" otras normas de rango superior

Guardias Civiles, en la última jura de bandera celebrada en Valdemoro (Madrid).

Guardias Civiles, en la última jura de bandera celebrada en Valdemoro (Madrid). EP

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Jucil -asociación mayoritaria en la Guardia Civil- contra el nuevo Código de Conducta del Cuerpo al entender que supone una «invasión en la intimidad» de los agentes y que «contradice» otras normas de rango superior.

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 4 de marzo al real decreto por el que se aprueba el Código de Conducta de la Guardia Civil, concebido por el Ministerio del Interior como «una guía que define los valores, los principios y las normas de comportamiento que han de regir la actuación de los miembros del Cuerpo». Su antecedente es la célebre ‘Cartilla’, que, aprobada el 20 de diciembre de 1845, estableció por primera vez cómo debían comportarse los integrantes del Instituto Armado.

A juicio de Jucil, la norma establece obligaciones que, de aplicarse, «afectarían a la vida personal de los guardias civiles» y tendría efecto sobre la actividad que desarrollan las asociaciones profesionales «en defensa de los derechos laborales y sociales» de los funcionarios que integran el Cuerpo.

El recurso combate por inconstitucional parte del contenido del real derecho, al enmarcar el conjunto de principios que deben regir el comportamiento ético de los miembros de la Guardia Civil sino porque también se «podrá convertir en un instrumento para valorar e interpretar determinadas conductas de cara a la aplicación de las sanciones que están en el catálogo del régimen disciplinario». En su opinión, el nuevo código es «innecesario» puesto que las materias sobre las que versa «están ya recogidas en normas jurídicas, incluso de mayor rango legal».

Jucil aclara que, si bien el Código de Conducta se ha presentado como una simple compilación de principios y normas de comportamiento de la Guardia Civil, «el contenido no se limite a regular las actividades profesionales de los miembros de la Guardia Civil, sino que pasa a hacerlo obligatorio para determinadas esferas de la vida privada de los miembros de la Institución».

Jucil interpreta que el nuevo código es «innecesario»y «contradice» normas de rango superior

A modo de ejemplo, la asociación cita el contenido del artículo 2.1, que dice textualmente: «El Código de Conducta del personal de la Guardia Civil constituye la guía que define los valores, principios y normas de comportamiento que han de regir en todo momento la actuación de los miembros del Cuerpo». Según Jucil, la expresión «en todo momento» hace que se exceda la actuación profesional «para inmiscuirse en la vida privada de los guardias civiles».

También censuran que el texto afecta al papel de las asociaciones profesionales, a las que impone la condición de ser «plenamente respetuosas con todas las opciones ideológicas y políticas» y le obliga a mantener «neutralidad» en esta materia y permanecer «alejados del discurso político y del debate partidista». «Si el contenido se aplica en un sentido estricto puede suponer un ataque a la libertad de asociación, a la defensa de los intereses sociales y profesionales de los asociados, y a la libertad de expresión. Confundiendo la neutralidad política con la crítica política», denuncian.

Reglas esenciales

Desde el inicio de los trabajos hace más de un año, también se ha venido manifestando radicalmente en contra de la aprobación de un Código de Conducta la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), como demuestra la formulación de un voto particular al informe presentado en el pleno que el Consejo de la Guardia Civil celebró el 23 de marzo de 2021. Esta organización también anunció que acudiría al Tribunal Supremo para tratar de tumbar la nueva disposición.

La AUGC considera que la nueva norma no se sustenta en mandato legal alguno y que el ordenamiento vigente ya fija cómo deben actuar los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, en alusión a los artículos 6 y 7 de la Ley de régimen del personal de la Guardia Civil. En este sentido, la AUGC sostiene que el documento no desarrolla las reglas esenciales -las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el código de conducta de los empleados públicos- con las adaptaciones derivadas de la condición militar de los integrantes del Cuerpo sino que «trasciende» y llega a «confrontar» con dicho marco.

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