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Una investigación judicial descarta poder saber el origen de los ataques con Pegasus

Un juez de Madrid archiva una investigación abierta a raíz de la denuncia del periodista Ignacio Cembrero, espiado con Pegasus y que figuraba en una lista de objetivos de "alguna autoridad marroquí", tras pedirlo la Fiscalía por no poder acusar a nadie

Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. EP

Un juez de Madrid ya ha archivado una investigación abierta para saber quién estuvo detrás del espionaje con el software Pegasus, de la empresa israelí NSO, al periodista español Ignacio Cembrero, que lleva décadas escribiendo sobre las relaciones entre España y Marruecos.

Aunque en la investigación se vio que los hechos pudieron ser constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, la Fiscalía de Madrid interesó en octubre de 2021 el sobreseimiento provisional de la causa al no haber «motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores», según establece el artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio Fiscal se apoyó en dicho artículo en el informe, al que ha tenido acceso El Independiente, con el que presentó denuncia por los hechos y, a la vez, solicitó el archivo, como acordó el juez de Madrid Adolfo Carretero.

Cembrero, a quien aún no se ha notificado la resolución judicial, presentó su denuncia en la Fiscalía tras ser advertido de que su teléfono móvil figuraba en una lista de espionaje que contenía los objetivos a infiltrar «por parte de alguna autoridad marroquí», según se recoge en la denuncia del Ministerio Fiscal. Se trataba de una lista de 10.000 números, casi todos argelinos y franceses, entre los que se encontraban jefes de Estado, activistas y periodistas. Así lo desveló Forbidden Stories, un grupo de investigación con sede en París que agrupa a 17 grandes medios de comunicación y colabora con Amnistía Internacional en investigaciones periodísticas transnacionales. Esta semana, el diario inglés The Guardian informó sobre 200 objetivos españoles más, entre ellos altos cargos del Gobierno, que fueron espiados con Pegasus.

La noticia se conocía después de que el Gobierno denunciara en la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía del Estado, que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con Pegasus entre mayo y junio de 2021. El juez José Luis Calama abrió una investigación un día después de la denuncia que ha sido declarada secreta. Sí ha trascendido que el móvil de Sánchez fue hackeado justo dos días después del salto masivo de la valla de Ceuta tras la crisis diplomática vivida entre Marruecos y España por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de coronavirus en nuestro país. Las fechas apuntan al país vecino de África como posible impulsor de dicho espionaje. Sin embargo, según han reconocido fuentes de la Audiencia Nacional, resulta altamente complicado, casi imposible, dar con el autor del espionaje, con la persona que lo encargara. Tan sólo una confesión por parte de quien haya recurrido a los servicios de NSO o una filtración interna de la propia compañía podría despejar la incógnita.

Una filtración interna

Para el periodista Ignacio Cembrero, con el que ha conversado este diario, «la investigación de Forbidden Stories desvelada el 18 de julio del año pasado marca una diferencia porque es una filtración de dentro de la empresa o de alguien que trabajó en NSO. Lo que llegó a este consorcio eran los móviles que habían sido espiados, aunque no sabían a quién correspondían. Averiguar cuál era el mío fue fácil porque estaba en la agenda de algún colega extranjero. Lo encontraron y me llamaron».

Antes de publicarse dicha investigación, Cembrero sospechó por otra razón de que su terminal había sido intervenido. El periodista marroquí Hassan Alaoui, director del diario digital Maroc Diplomatique que había lanzado ya muchas críticas contra él, publicó un artículo titulado Ignacio Cembrero: l’ectoplasme de la Moncloa, en el que mencionaba que mantenía «sesiones de brainstorming» con la ministra de Defensa española, Robles, y con miembros del gabinete del presidente Sánchez. El artículo recogía dos comentarios que el informador hizo a través de Whatsapp a dos altos cargos del Gobierno de España sobre la crisis diplomática con Marruecos, por lo que se dio cuenta de que el autor sólo podía haber obtenido dicha información accediendo al contenido de sus conversaciones de la aplicación móvil, como denunció ante la Fiscalía.

«Fue a partir de ahí cuando comencé a tomar medidas. Cambié de móvil, cambié de ordenador, seguí todos los consejos que me dieron para intentar protegerme con antivirus, VPN, me compré un móvil que me dijeron que era más complicado que otros de entrar, lo apagué con frecuencia, no respondí a llamadas anónimas de Whatsapp, etc, etc», explica Cembrero, que dos meses después de ver la información del digital marroquí tuvo la constatación, por medio de la investigación de Forbidden Stories, de que su móvil fue infectado.

El ‘spyware’ pudo ser desactivado mediante un comando enviado de forma remota

La Sección de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid hizo un análisis de los contenidos del dispositivo del periodista y, según se recoge en el informe de denuncia y petición de sobreseimiento de la Fiscalía, «no se pudo determinar si el dispositivo móvil había tenido instalado algún tipo de malware/spyware, habida cuenta que el spyware pudo ser desactivado mediante un comando enviado de forma remota o incluso automáticamente si no recibiere órdenes durante un tiempo determinado, borrando el rastro del mismo».

La denuncia del periodista no es la primera que acaba en punto muerto (aunque el juez podría reabrirla si considera que existen nuevas pruebas). A nivel internacional, colectivos como Reporteros Sin Fronteras han presentado denuncias colectivas. «Pero es una vía que fracasa. No hay ninguna posibilidad de ver quién lo ha introducido», repara Cembrero.

«Hay otra vía, que es la de ir contra NSO, afirmar que son culpables de que se haya hecho un mal uso de la herramienta, aunque puede quebrar en los próximos meses y quitarse de en medio todos los problemas. Es una empresa que está en la lista negra norteamericana, no puede trabajar ni tener contactos con empresas norteamericanas. Creo que habría que hacer lo mismo en Europa», reflexiona el periodista.

Otra investigación duerme en Cataluña año y medio

Precisamente una de las primeras denuncias que ha presentado el abogado Gonzalo Boye, uno de los espiados con Pegasus en el denominado Catalangate que desveló el grupo de investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) Citizen Lab, se dirige contra los responsables de NSO Group.

La investigación canadiense, en la que se habla de espionaje a más de 60 políticos y activistas independentistas, ha desatado una crisis política entre el Gobierno central y la Generalitat sin precedentes. La semana pasada, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, llegó a reconocer públicamente que los servicios secretos españoles accedieron al teléfono del presidente Pere Aragonés así como al de otros 17 independentistas. Negó que se hiciera de manera masiva, como denuncian los espiados, y aseguró que todas las intervenciones fueron con autorización judicial.

En este caso, los denunciantes también reconocen la dificultad de dar con el autor del espionaje a todas las personas que figuran en el listad de Citizen Lab, entre ellas la esposa del expresidente catalán Carles Puigdemont, a pesar de que desplegarán sus querellas para intentar averiguarlo hasta en seis países.

Uno de los sitios donde Òmnium Cultural y la CUP han llevado sus denuncias ha sido al Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, donde existe una investigación abierta por espionaje con Pegasus desde hace año y medio. Se inició después de que el entonces presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y el exconsejero de Acción Exterior de la Generalitat y diputado de ERC, Ernest Maragall, presentaran en junio de 2021 una querella contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldan y la empresa NSO Group por la presunta interceptación de comunicaciones y «espionaje informático» entre abril y mayo de 2019. Según trasladan fuentes jurídicas, la instrucción prácticamente «duerme» desde entonces en el Juzgado, con escasas diligencias que no han dado resultado.

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