ERC no va a darse por satisfecha con un relevo de la directora del CNI, Paz Esteban, presentada por Margarita Robles «una sustitución, no una destitución». Los republicanos quieren una asunción pública de responsabilidades del Gobierno -más allá de la «cabeza» de Esteban- y quieren formalizarla en un encuentro público de Pere Aragonès con el presidente Pedro Sánchez.

Un encuentro que el pasado viernes, tras el tenso encuentro de ambos en las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona, parecía seguro. Sánchez así se lo aseguró a Aragonès en el breve intercambio de palabras mientras esperaban a Úrsula Von der Leyen, tal como confirmaron después fuentes de Moncloa.

Pero la sensación, cuatro días después, es que el equipo de Presidencia va a resistirse tanto a ese encuentro como en los últimos meses lo ha hecho a la reunión de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. Ese es, al menos, el temor en Palau, donde advierten que no se habrá cerrado la crisis hasta que Sánchez no dé explicaciones a Aragonès sobre quién autorizó la intromisión en su móvil y el de otros sesenta de independentistas, según el Govern.

Agenda cargada

«No hay ninguna novedad sobre el encuentro», apuntan desde el Govern, asegurando que en cuanto Moncloa proponga fechas «nosotros podemos organizar la agenda del President con un margen de 12 horas». Evitan poner fechas límite, pero reconocen que lo más sensato sería que el encuentro se produzca este semana, pese a la dificultad de agenda que supone el pleno del Parlament que empieza este miércoles.

Un pleno en el que Aragonès se referirá previsiblemente a la destitución de la directora del CNI y la crisis abierta por el Caso Pegasus. Y no parece que vaya a rebajar el tono de sus exigencias al Gobierno. O a la parte socialista del Gobierno, puesto que ERC ha encontrado en Podemos al mejor aliado en esta crisis.

Pero la agenda de Pedro Sánchez es aún más complicada en las próximas semanas. El próximo mes viene marcado por dos fechas clave: las elecciones andaluzas del 19 de junio y la Cumbre de la OTAN en Madrid el 29 de junio. Dos citas políticamente incompatibles con un encuentro Sánchez-Aragonès que ponga en cuestión a los servicios de inteligencia del Estado.

Evolución del Gobierno

En este contexto, desde la Generalitat se muestran convencidos de que su presión seguirá consiguiendo modificar la postura del Gobierno. Se remiten para argumentarlo en la «evolución» del discurso de un ejecutivo que empezó negando los espionajes tras la información de The New Yorker.

Una semana, el ministro Félix Bolaños volaba en domingo a Barcelona para reunirse con Laura Vilagrà y ofrecer un paquete de cuatro vías para investigar la responsabilidad del CNI en los espionajes. Responsabilidad que el Gobierno todavía negaba entonces. Bolaños ofreció desclasificar documentación del CNI para facilitar las investigaciones judiciales. Pero el Govern lo consideró insuficiente, y reclamó «asunción de responsabilidades».

Durante la semana siguiente creció la tensión tras la bronca de Margarita Robles con la diputada de la CUP Mireia Vehí en el Congreso. Al día siguiente ERC votaba en contra del Plan de Respuesta del Gobierno a la guerra de Ucrania, aprobado gracias al apoyo de Bildu -que ERC aprobó-.

El lunes siguiente, Bolaños anunciaba en una inesperada comparecencia que Pedro Sánchez también había sido espiado. Pero ni eso ni la votación del Congreso distrajo la atención de ERC. Sobre todo cuando la directora del CNI reconoció en la Comisión de secretos oficiales que se había espiado a Aragonès y otros 17 dirigentes independentistas con autorización judicial.

«Cada semana han dado por cerrada la crisis» apuntan desde Palau, pero la crisis ha seguido abierta. Como ha sucedido tras la dimisión de Esteban. Y auguran: «seguirán pasando cosas».