A seis meses de la celebración del Mundial de fútbol, Doha vive en el vertiginoso tiempo de descuento. A contrarreloj ejércitos de obreros siguen trabajando desperdigados por la ciudad, volcados en las aceras que toman forma en el centro de la ciudad o en los alrededores de los principales estadios, bajo temperaturas que superan ya los 40 grados. Las sombras que durante los últimos años han proyectado los derechos laborales siguen persiguiendo a Qatar.
En una misiva conjunta, una decena de organizaciones -entre las que figuran Amnistía Internacional y Human Rights Watch- solicitan este jueves a la FIFA y a las autoridades qataríes que trabajen en la reparación de los abusos cometidos contra los migrantes implicados en la construcción de los estadios. En concreto, piden igualar los 440 millones de dólares (unos 420 millones de euros) destinados a la dotación en premios del torneo para financiar un gran programa de indemnización para la población trabajadora migrante.
“Dado el historial de abusos contra los derechos humanos en el país, la FIFA sabía o debía haber sabido los riesgos evidentes para los trabajadores y trabajadoras al adjudicar el torneo a Qatar", comenta Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. "Pese a ello, no mencionó ni una sola vez a los trabajadores ni los derechos humanos en su evaluación de la candidatura de Qatar, y no estableció ninguna condición relativa a las protecciones laborales. Desde entonces, la FIFA ha hecho francamente poco por prevenir o mitigar tales riesgos”, agrega.
El Mundial, que se disputará en Qatar a finales de este año, es uno de los reclamos de la gira europea que protagoniza esta semana el emir de Qatar Tamim bin Hamad al Zani. Su alteza se halla este jueves en Berlín tras realizar una visita de Estado a Madrid de dos días de duración que concluyó la víspera con la firma de importantes acuerdos económicos y el anuncio de una inversión en el país de 5.000 millones de dólares.
Se ha recorrido un largo camino y queda mucho también por hacer
Hassan al Thawadi, secretario general del Comité Supremo para la Organización y el Legado
El torneo y las infraestructuras que se han construido en el skyline de Doha no han estado exentas de polémicas. Según datos de Amnistía, miles de migrantes han muerto de manera repentina o inesperada desde 2010 a pesar de haber superado pruebas médicas antes de viajar al país. Las autoridades, denuncia la organización internacional, no han investigado la mayoría de estos fallecimientos, despachando directamente certificados de defunción.
Una realidad con la que Doha trata de convivir, reconociendo alguna de las críticas y refutando otras. "Se ha recorrido un largo camino y queda mucho también por hacer", admite Hassan al Thawadi, secretario general del Comité Supremo para la Organización y el Legado, la organización detrás de los preparativos del campeonato, en una entrevista con varios medios internacionales, entre ellos, El Independiente.
Un fondo de reparación
La solicitud ahora de organizaciones implicadas en la investigación de las condiciones laborales, dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es establecer un fondo de reparación que pague indemnizaciones por todos los abusos laborales relacionados con la celebración del torneo. A juicio de Amnistía, la cantidad propuesta de 440 millones de dólares es "probablemente la mínima necesaria para cubrir toda una serie de gastos de indemnización y respaldar iniciativas de protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el futuro". "Constituirá, además, una pequeña fracción de los 6.000 millones de dólares en ingresos que la FIFA obtendrá con el torneo”, desliza.
Advierte, no obstante, que "el reembolso de salarios impagados y de las tasas de contratación desorbitadas pagadas por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, y a las indemnizaciones por lesiones y muertes podría acabar siendo muy superior y debería evaluarse en el marco de un proceso participativo con sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y la Organización Internacional del Trabajo, entre otros". "Aunque es demasiado tarde para evitar el sufrimiento causado por los abusos cometidos en el pasado, la FIFA y Qatar pueden y deben actuar para proporcionar reparación y prevenir que se produzcan más abusos", sostiene Callamard.
"Pagar indemnizaciones a las personas trabajadoras que dieron tanto para hacer realidad el torneo, y adoptar medidas para garantizar que nunca más se vuelvan a cometer tales abusos, podría suponer un importante punto de inflexión en el compromiso de la FIFA de respetar los derechos humanos”, subraya. Fuentes de la sucursal española de Amnistía también han indicado a este diario que la carta ha sido remitida a la Federación Española de Fútbol, que -agregan- nunca ha respondido a las peticiones previas.
Desde Doha tratan de rebajar las cifras de obreros fallecidos en la construcción de las infraestructuras. "Se habló de 6.500 trabajadores muertos, pero ya dijimos que se habían malinterpretado los datos. Si fueran esas las cifras, yo mismo diría que se trataba de un genocidio", comenta Al Thawadi. "La realidad es bien diferente. Por desgracia, son los titulares sensacionalistas los que se terminan propagando", matiza. "Hemos intentado que este torneo contribuya positivamente a las vidas de la gente en forma de un legado que siga más allá del evento".
Amnistía subraya la obligación de la FIFA de "reparar los abusos contra los derechos humanos a los que haya contribuido". Y eso abarca no solo a "las personas que han trabajado en la construcción de instalaciones específicamente dedicadas al fútbol, como estadios y campos de entrenamiento, hoteles acreditados por la FIFA y el centro de retransmisiones, sino también a quienes lo hicieron prestando los servicios necesarios para el funcionamiento de dichas instalaciones". La reparación también debería alcanzar a quienes trabajaron en la construcción y los servicios de transporte, alojamiento y otras infraestructuras necesarias para albergar a más de un millón de visitantes que se espera que acudan a Qatar durante el torneo.
Avances y deficiencias en su aplicación
Las organizaciones que siguen de cerca la situación en Qatar admiten "ciertos avances a través de las iniciativas del Comité Supremo y del programa de reformas laborales de Qatar". "Una iniciativa positiva" del Comité Supremo, reseña Amnistía, data de 2018 e incluye un acuerdo con contratistas de sedes oficiales de la Copa Mundial para reembolsar las tasas de contratación a 48.000 trabajadores, aunque, de nuevo, estas personas siguen siendo una minoría de todas las que han trabajado en proyectos esenciales para el Mundial.
Afean, en cambio, "su limitado alcance y deficiente aplicación", que han provocado "la persistencia de graves abusos contra los derechos humanos y que los trabajadores y trabajadoras hayan tenido un acceso limitado a la reparación". Por ejemplo, la mayoría de la población migrante de Qatar tuvo que desembolsar unas tasas de contratación ilegales que, de media, fueron de más de 1.300 dólares por persona para acceder al trabajo, y, antes de 2020, todas estas personas tenían restringida la capacidad de cambiar de empleo y salir del país. "Durante años, el sufrimiento de quienes han hecho posible esta Copa Mundial se ha escondido bajo la alfombra", estima Callamard.
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