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"Piolines": la herida abierta por Pedro Sánchez

Referéndum 1-O: Incidentes en el Pabellón Deportivo municipal de Sant Julia de Ramis (Girona).

Referéndum 1-O: Incidentes en el Pabellón Deportivo municipal de Sant Julia de Ramis (Girona). EFE

Pedro Sánchez ha reabierto esta semana una herida nunca cerrada del todo entre los cuerpos policiales españoles: la gestión del 1-O. Desde la ineficaz investigación para evitar la consulta -«donde están las urnas» cantaban con sorna los independentistas a la que veían un uniformado- al todavía más ineficaz intento de impedir el referéndum ilegal por la fuerza.

De todo eso quiso reírse Sánchez en el Congreso en su respuesta al PP. Pero lo que recordó fue el acoso al que fueron sometidos unos agentes ya mal acondicionados por Interior a su llegada a Cataluña. Fueron señalados por el independentismo y mal defendidos por unos partidos nacionales incómodos con el resultado de la Operación Copérnico. Lo han recordado los sindicatos policiales esta semana, dejando claro que la herida sigue abierta.

Operación Copérnico

La llamada Operación Copérnico contra el desafío soberanista supuso el traslado de entre 5.000 y 6.000 agentes de policía a Cataluña entre septiembre y diciembre de 2017. El mayor contingente se alojó en los ferris Azzurra, Rhapsody, Mobby Dada -conocido como Piolín- en los puertos de Barcelona y Tarragona.

No así en el puerto de Palamós, el mayor en manos de la Generalitat. La autoridad portuaria rechazó acoger ninguno de los cruceros contratados como alojamiento para los policías y guardias civiles trasladados a Cataluña. Durante el juicio del procés, el entonces consejero de Territorio, Josep Rull, defendió esa negativa porque hubiera «hipotecado» el mercado de cruceros en ese puerto de acceso a la Costa Brava.

Los «afortunados» fueron alojados en hoteles de localidades turísticas de la costa catalana. Fueron los principales blancos del acoso de partidos y entidades independentistas, sobre todo tras el 1-O.

A comienzos de octubre —cuando empezaron a vencer los primeros contratos con los hoteles y algunos de estos se negaron a renovarlos—, el Ministerio de Interior se vio obligado a reservar habitaciones en establecimientos de localidades de Huesca y Castellón cercanas a Cataluña. Otros fueron alojados en instalaciones militares como el cuartel de Sant Climent, en Girona.

Pineda, echados por el Ayuntamiento del PSC

El 3 de octubre de 2017 dos hoteles de Pineda (Barcelona) anunciaban la expulsión de los policías alojados en sus instalaciones. Lo hacían presionados por el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSC. La teniente de alcalde Carme Aragonès, que no repitió en 2019, fue la encargada de anunciarlo, ufana, a los manifestantes reunidos contra la presencia policial en uno de los hoteles.

A través de un comunicado, el gerente de los dos hoteles de Pineda afirmaba que, «debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante 5 años, a desalojar el contingente de Policías Nacionales de dos hoteles, antes de las 16.00 horas».

Amenazas y bomberos en Calella

Otro tanto sucedió en Calella (Barcelona), gobernada por la ex convergente Montserrat Candini. Tres hoteles de la localidad instaron a 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que estaban alojados allí a que abandonaran sus instalaciones. Previamente, Candini amenazó a la dirección de un hotel del municipio con paralizar el expediente de una licencia de reforma total si no obligaba a abandonar las instalaciones a un grupo de guardias civiles.

La propia Candini reconoció entonces con orgullo, en declaraciones a los medios, que varios restaurantes de la localidad habían dado instrucciones a sus trabajadores de no atender a policías ni guardias civiles. Los bomberos de la Generalitat participaron en los escraches con camión y sirenas incluidos.

A la presión del gobierno local se sumaron las llamadas amenazantes a otro de los hoteles. «Le van a quemar el hotel», «amenazando de muerte a sus padres» y «recordándole que tiene niños pequeños» explicaron entonces los policías alojados que les habían trasladado los responsables del hotel.

«Han tenido que cerrar con maderas y persianas todas las ventanas, como cuando viene un huracán», relataron las fuentes, concluyendo que la dirección tuvo que cerrar después de que gran parte del personal faltara a trabajar «por amenazas y presiones» y que algunos proveedores dejaran de suministrarles comida.

Camping l’Escala

Los escraches se trasladaron de Calella a la Escala, donde un camping se ofreció a acoger a los agentes 180 agentes de la Guardia Civil. Este contingente, que pasó dos semanas en el cuartel del Ejército en Sant Climent, fue recibido por dos centenares de manifestantes a las puertas del camping Illa Mateua.

El verano siguiente, con la temporada turística en apogeo, el propietario del camping fue tachado de «colaboracionista» en los carteles que aparecieron en el municipio. «Martí Guillem colaboracionista, ni olvidamos ni perdonamos» rezaba uno de los carteles, que incorpora el dibujo de una calavera vestida de policía antidisturbios.

Más allá de los incidentes sufridos por los agentes de refuerzo para el 1-O, el caso de acoso más controvertido fue, sin duda, el señalamiento a hijos de guardias civiles en el instituto de Sant Andreu de la Barca.

Señalamiento a los hijos de guardias civiles

Esta localidad de Barcelona acoge la central de la Benemérita en Cataluña y el instituto vecino a muchos hijos de guardia civil. «Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer» fue el saludo de uno de sus profesores a un alumno de 12 años, 1º de la ESO.

En otra aula, «el profesor Jordi en clase de Matemáticas de 4º ESO en horario de 09:00 a 10:00 de la mañana y ante 30 alumnos aproximadamente se dirigió a los mismos señalando ‘no me encuentro en disposición de dar clases normales por lo acontecido en el día de ayer, ya que la policía y la guardia civil son unos animales y unos bestias que solo saben dar palos‘», recogía el escrito de la Fiscalía ante el juzgado de Martorell que vio la denuncia de los padres, causa que finalmente fue archivada.

Los niños señalados recibieron el apoyo de sus compañeros, con una manifestación a las puertas del centro. Pero no del Govern, la consejería de Educación o el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán-. Rafael Ribó se reunió con los nueve profesores denunciados por los padres para expresarles su apoyo y solidaridad, pero no con los menores.

Acoso a los que se quedan: Reus y Manresa

Durante los dos años siguientes, algunos acuartelamientos y comisarías fueron blanco de las iras del independentismo. El caso más recurrente es el del a Jefatura de Policía en la Vía Layetana. Pero otras instalaciones han vivido situaciones más dramáticas.

El 1-O de 2018 la Comisaría de la Policía Nacional de Reus sufrió un escrache de manifestantes independentistas. Antorcha en mano, decenas de personas increparon a los policías al grito de «fuera las fuerzas de ocupación» en la vigilia del primer aniversario del 1-O.

Esa comisaría ya fue blanco de los manifestantes un año antes, tras la detención de dos regidores de la CUP. Y volvió a serlo un año después, durante los disturbios que siguieron a la sentencia del procés.

Anteriormente, el cuartel de la Guardia Civil en Manresa (Barcelona) había sido objeto también de escraches de grupos independentistas coincidiendo con los registros y detenciones del 20 de septiembre. El asedio a esta casa cuartel se repitió también en octubre de 2019.

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