España

Bildu facilita al Gobierno sacar adelante la Ley de Memoria Democrática

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute. EUROPA PRESS

La Ley de Memoria Democrática saldrá adelante al sumar el apoyo de EH Bildu tras pactar varias enmiendas con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como la ampliación del límite temporal de 1978 a 1983 para poder revisar más casos, y pese a que con ERC aún no se ha cerrado ningún acuerdo.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurúa, ha anunciado en rueda de prensa que han llegado a un acuerdo con el Gobierno para ampliar la Ley de Memoria Democrática y, entre otros asuntos, aumentar su límite temporal de 1978 a 1983, ya que según ha señalado «las consecuencias del franquismo se mantuvieron» en el tiempo y «esto debería haberse reflejado».

Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada ‘guerra sucia’ contra ETA durante los 5 años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de gobierno de Felipe González -que llegó al Ejecutivo en octubre de 1982-. También se contempla declarar «ilegales» los tribunales creados por el franquismo.

Aizpurúa se ha felicitado por un pacto que, a su juicio, servirá para mejorar y hacer «más ambiciosa» la legislación en materia de memoria histórica que sustituirá a la vigente desde 2007.

Con el apoyo explícito de EH Bildu, la Ley de Memoria Democrática del Gobierno cuenta con los votos necesarios para salir adelante por mayoría simple, ya que también están a favor otros socios parlamentarios del Gobierno como PNV, Más País o Compromís, mientras que ERC aún no ha cerrado un acuerdo, pero su postura no variará el resultado.

Además, Bildu ha aludido al acuerdo sobre otras dos enmiendas que ha cerrado con el PSOE y Unidas Podemos. La primera prevé que en un año el Fuerte de San Cristóbal, de Pamplona, utilizado como cárcel durante el franquismo, sea declarado Lugar de Memoria; y la segunda, la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián.

Ese edificio fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias de Francisco Franco en la ciudad, después residencia del gobernador civil de Guipúzcoa y donde fueron torturados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Asimismo, ha explicado que gracias a una enmienda pactada con Bildu, la nueva norma garantiza la creación de una comisión independiente de expertos que estudie y realice un informe de conclusiones sobre «el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos».

Otro de los pactos que la coalición abertzale ha sellado con los grupos del Gobierno contempla la declaración «explícita» en la ley de la «ilegalidad e ilegitimidad» de los tribunales franquistas constituidos a partir del Golpe de Estado de 1936, así «como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas».

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