El presidente de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, ha reivindicado la necesidad de autonomía del Gobierno de un organismo como el Instituto Nacional de Estadística (INE). El líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado, tras conocerse la dimisión de Juan Rodríguez Poo de la Presidencia del INE, que "los organismos independientes deben ser independientes".

El presidente de los empresarios ha recalcado que la CEOE ha dado su "apoyo explícito" al Banco de España y a su gobernador, Pablo Hernández de Cos, así como a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (AIReF) y a su presidenta, Cristina Herrero Sánchez. Todos organismos que en las últimas semanas han tenido roces con el Gobierno, al igual que ha ocurrido con el INE.

"No puedo entrar en por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero en cualquier caso sí reclamo y defiendo la independencia del organismo. Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido y es muy importante para todos, para analizar los temas", ha dicho Garamendi a su llegada al Curso de Verano de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

"En un país como el nuestro, es fundamental que haya organizaciones independientes que digan y evalúen las cosas cuando gusten y cuando no gusten. No es malo contar las cosas como son, la realidad de las cosas, porque la mejor manera de afrontar los temas es conociendo la realidad", ha apuntado Garamendi.

Medidas en otra dirección

El presidente de los empresarios también ha cuestionado las medidas anunciadas el pasado sábado por el Gobierno, como parte del paquete de medidas anticrisis para paliar el impacto de la guerra en Ucrania.

"Hay que ayudar a la gente que pueda estar más necesitada. Creo que las medidas deben ir en otra dirección", ha apuntado.

Garamendi también se ha opuesto a "los impuestos a la carta" y ha subrayado que "los impuestos hay que medirlos". En cuanto al impuesto a las eléctricas, ha recordado que son estas empresas las que tienen que financiar la Ley del Clima con unos 240.000 millones de euros hasta 2030, por lo que no entiende que el Gobierno quiera "castigar" a esas compañías.