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La Fiscalía archiva la investigación de las ayudas del Gobierno a la empresa que Ayuso relacionó con los padres de Sánchez

El fiscal jefe Alejandro Luzón afirma que lo expuesto en la denuncia "resulta expresivo de la palmaria ausencia de elemento incriminatorio alguno" y "nada aporta acerca de la intervención que pudiera haber tenido el Presidente del Gobierno"

Pedro Sánchez, en Robledo de Chavela.

Pedro Sánchez, en Robledo de Chavela. EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación abiertas en abril de 2022 a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, en la que se denunciaron posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de emergencia durante el Covid por el Gobierno, apuntando hacia empresas que habrían sido beneficiadas por estar relacionados sus propietarios o representantes con miembros del Gobierno.

La denuncia se presentó inmediatamente después de que se abriera una investigación también en la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato para obtener material sanitario del Gobierno madrileño con una empresa en la que trabaja el hermano de la presidenta regional y que igualmente fue archivada por el fiscal jefe Alejandro Luzón rechazando indicios delictivos.

En la denuncia presentada por el PP madrileño el pasado 10 de marzo se incluyeron las ayudas públicas adjudicadas a la empresa Industrias Plásticas Playbol SL, vinculada a los padres de Pedro Sánchez, destacando que recibió entre el 18 de febrero de 2020 y el 25 de mayo de 2021 quince ayudas por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en forma de reafianzamiento o avales.

Los padres de Sánchez vendieron en 2018 -según la información que ha manejado el Ministerio Público en base a la denuncia del PP- los activos, fondos de comercio y maquinaria de la empresa Playbol S.A. a la hoy denominada Industrias Plásticas Playbol S.L, que se subrogó en los contratos laborales de la empresa Playbol S.A. manteniendo esta la propiedad de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial transmitida, por cuyo arrendamiento percibiría anualmente 156.000 euros.

En su decreto de archivo, el fiscal repasa las diligencias practicadas, consistentes en pedir a CERSA e ICO los expedientes completos de las convocatorias en las que la empresa resultó adjudicataria de ayudas, que posteriormente se entregaron a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que emitiera un informe sobre la corrección de los expedientes de adjudicación que entregó el pasado 28 de junio.

Aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias situaría el relato en el ámbito de la pura especulación

Con la información aportada por las tres instituciones, el fiscal concluye en un decreto crítico con las intenciones de los denunciantes que «lo expuesto resulta suficientemente expresivo de la palmaria ausencia de elemento incriminatorio alguno en unas operaciones que aparecen revestidas de legalidad y respecto de las que aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal».

«En primer lugar, porque Industrias Plásticas Playbol, S.L. cumplía con los requisitos para obtener las ayudas, en los términos expuestos. En segundo lugar, porque era la entidad financiera la que tenía el conocimiento del cliente y de la operación de financiación: las ayudas eran concedidas directamente por instituciones financieras privadas (siete diferentes en el caso de los avales ICO) que decidieron sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos. Téngase en cuenta, además, que, dada la cobertura del riesgo que les prestaba el descrito sistema de avales, las entidades financiera tenían tanto interés en conceder estas ayudas como las pymes en percibirlas, de modo que el cumplimiento de los mínimos requisitos establecidos comportaba razonablemente la concesión de la ayuda».

«Nada aporta el denunciante acerca de la intervención del presidente»

El fiscal reprocha que «nada aporta el denunciante acerca de la intervención que pudiera haber tenido el presidente del Gobierno o cualquier otro cargo público en la obtención de las ayudas, esto es, sobre su participación en unos hechos cuya trascendencia penal tampoco se concreta. Ello no obstante, en la medida en que la denuncia siembra la duda sobre las ayudas percibidas por Industrias Plásticas Playbol SL de la que se sugiere que podría haberse visto beneficiada por esa relación con la empresa arrendadora de los locales donde se desarrolla la actividad, propiedad de los padres del presidente del Gobierno».

Luzón concluye que «tampoco se alcanza a vislumbrar la trascendencia que a los efectos de esta investigación pueda tener la relación entre Playbol e Industrias Plásticas Playbol en virtud de la cual aquella vendió a esta en 2018 sus activos, fondo de comercio y maquinaria, manteniendo la vendedora la propiedad de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial transmitida, que pasó a arrendar a la empresa compradora. Se trata de una operación mercantil habitual, transparente y con razonabilidad económica y tributaria tanto para el comprador como para el vendedor».

De ahí que decida archivar las diligencias de investigación en lo que se refiere a la empresa Playbol «no existiendo indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos investigados ni, en consecuencia, de participación criminal alguna».

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