Del proveedor 'estrella' de Ábalos al fabricante de yeso: los contratos que Ayuso denuncia en Anticorrupción

Isabel Díaz Ayuso contraataca y pide a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la adjudicación por parte del Ministerio de Sanidad de 11 contratos de compra de material contra la covid-19 al apreciar irregularidades de las que podrían derivarse responsabilidad penal. El importe de esos encargos, formalizados al inicio de la pandemia, supera los 326 millones de euros.

El grupo del PP en la Asamblea de Madrid llama a la puerta del Ministerio Público tres semanas después de que el PSOE, Podemos y Más Madrid presentaran una denuncia por el contrato para el suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó a Priviet Sportive SL, una empresa que retribuyó con 55.850 euros (más IVA) las gestiones que el hermano de Díaz Ayuso llevó a cabo para conseguir el material sanitario en China y su posterior traslado a Madrid.

En el escrito presentado este jueves en Anticorrupción, los populares ponen el foco en 11 contrataciones de material sanitario formalizadas con siete proveedores distintos mediante el procedimiento de emergencia, una posibilidad que prevé la Ley de contratos del sector público para dar una respuesta más rápida a situaciones sobrevenidas y que exime de tramitar un expediente administrativo. Bajo esta fórmula, el Ministerio de Sanidad -a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia- ha adjudicado centenares de millones de euros en compras de material de protección frente al coronavirus.

Basándose en informaciones periodísticas, el grupo parlamentario del PP en el Parlamento autonómico ve motivos para que Anticorrupción realice pesquisas a fin de determinar si los hechos denunciados son constitutivos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos.

Entre los encargos de los que sospecha el PP se encuentran los realizados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una empresa radicada en Zaragoza e inscrita en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNA) como prestataria de "servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico". En la etapa de José Luis Ábalos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -concretamente Puertos del Estado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)- le compró 13 millones de mascarillas por un importe de 36,7 millones de euros en dos encargos con seis días de diferencia (el 21 y el 27 de marzo de 2020).

'Papeles de Panamá'

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas tiene como administrador único a Purdey Investment SL, administrada a su vez por José Ángel Escorial Senante. Como desveló El Mundo, este empresario aparece en los ‘Papeles de Panamá’ vinculado a dos sociedades constituidas en Malta: Delta Advisory and Management Services Limited y Arce Investment Consulting Limited.

El grupo del PP considera "llamativo" el hecho de que "una pequeña empresa ajena a la actividad sanitaria" y sin vínculo comercial "mínimamente relevante con China" pudiera ser un "suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado", lo que le lleva a pensar que "algún responsable del Ministerio de Transportes" tenía "interés personal" en promocionar a esta compañía. Ésta sumó el encargo de otro departamento ministerial -Interior, que le encargó el suministro de material de protección por 3.479.355 euros- y de dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE: Baleares y Canarias.

El PP de la Asamblea de Madrid contraataca por el caso que salpica al hermano de Ayuso denunciando 11 contratos que adjudicó el Gobierno

La denuncia alcanza también a las cuatro operaciones cerradas con FCS Select Products SL, la empresa barcelonesa a la que Sanidad compró 508 millones de mascarillas, diez millones de pares de guantes de nitrilo y 150.000 gafas de protección. El montante ascendió a 263.126.600 euros, cantidad que el ministerio le pagó por adelantado el 24 de marzo de 2020, como consta en las transferencias bancarias que obran en poder de este diario.

El PP no pasa por alto el hecho de que esta compañía se dedicaba a la fabricación de artículos de marketing para empresas del sector de bebidas prémium. "No parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato para poder ser un suministrador referente de mascarillas (...) y mucho menos para la adjudicación de cuatro contratos de manera simultánea por un importe tan elevado sin referencias previas, ni experiencia en el sector", razona.

Que la empresa que pagó al hermano de Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, por sus gestiones no tuviera nada que ver con el suministro de productos sanitarios es uno de los reproches que el PSOE formula en la denuncia presentada el pasado 18 de febrero en Anticorrupción. "¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?", se pregunta retóricamente el grupo socialista en su escrito. 

Empresaria condenada por estafa

En la denuncia del PP se hace constar que uno de los dos administradores solidarios de FCS Selects Products -concretamente Mayra Daga Castillo- fue condenado en 2016 por un delito de estafa agravada tras haber sido investigado por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento de compañías con problemas financieros, aceptando diez meses de cárcel y el pago de la responsabilidad civil. "Tales precedentes son relevantes, puesto que hay que recordar que el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño, lo que podría suponer un gran riesgo especialmente en la adjudicación de contratos de forma directa, sin publicidad ni concurrencia y por el trámite de emergencia", añade.

El principal partido en la Asamblea de Madrid pide también a Anticorrupción que investigue las presuntas irregularidades en el encargo de 144 respiradores a Hyperin Grupo Empresarial SL, con sede en Madrid y cuyo objeto social es la "fabricación de elementos de yeso para la construcción". El pedido se cerró el 24 de marzo de 2020 en 3.310.560 euros (incluidos los 574.560 euros de IVA), cantidad que el ministerio adelantó en su totalidad al día siguiente.

El 2 de abril de 2020, el administrador de Hyperin se dirigió a Sanidad para comunicarle que no podía suministrarle el modelo propuesto (el Vivo-65), al tiempo que planteaba como alternativa otro tipo de respirador: el Avante MVP, del fabricante estadounidense Avante Health Solutions. El departamento dirigido entonces por Salvador Illa rechazó esa alternativa por no reunir los dispositivos propuestos "las condiciones y requerimientos exigidos", lo que llevó a la empresa el 7 de abril a renunciar al contrato y a solicitar que le facilitaran un número de cuenta para devolver el dinero.

Los 'populares' denuncian sobreprecio y que las firmas elegidas no tenían experiencia en el suministro de productos sanitarios

En respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la transparencia, la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia reconoció el pasado 8 de febrero que la empresa sigue sin reintegrar 1.801.481,74 euros (el 54,4 % del total) y que había pasado las actuaciones a la Agencia Tributaria para que pusiera en marcha el correspondiente expediente de recaudación ejecutiva. El plazo para la devolución del dinero en vía voluntaria expiró el 5 de julio de 2020 y, en ese margen, la compañía sólo había reintegrado 1,5 millones.

"El hecho de que se hayan podido adjudicar contratos sin comprobarse la idoneidad de los contratistas, con apariencia de haber primado la existencia de relaciones familiares o de amistad, supone un quebranto a ese principio de confianza de los ciudadanos en una honesta gestión de lo público. Y si esas acciones suponen además la adjudicación de contratos a pesar de establecerse precios muy por encima de los de mercado, y se producen incumplimientos en la entrega de los suministros, especialmente cuando ha habido adelanto del pago, sin duda el perjuicio es mucho mayor, ya que no sólo se estaría produciendo un quebranto económico injustificado a la Administración sino, lo que es más importante, un daño al correcto funcionamiento del servicio a prestar, lo que es significativamente relevante cuando se trata de la protección de la salud de los profesionales médicos y de la salud de la población", reprocha el PP.

Otras operaciones fallidas y sobre las que los populares plantean también sospechas son las realizadas con la empresa barcelonesa Member of the Tribe SLU, a la que el INGESA le adjudicó dos contratos de emergencia durante el primer semestre de 2020 por un importe conjunto de 9,44 millones de euros. El más importante (5.564.000 euros) se firmó el 14 de mayo de 2020 y consistió en el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo de varias tallas.

Sobreprecio

La compañía incumplió los plazos de entrega -10 días naturales- y Sanidad comenzó los trámites para resolver el contrato, del que había adelantado el 30 % del dinero (1.669.200 euros). Esa rescisión fue avalada por el Consejo de Estado en un dictamen aprobado el 6 de mayo de 2021.

El PP denuncia que el precio al que Sanidad pagó los guantes de nitrilo que adquirió a esta compañía fue "mucho mayor" de lo que en esas fechas ofrecieron otros proveedores, lo que ilustra con el importe abonado por cuatro comunidades (Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León) por el mismo producto. "No tenía ninguna lógica económica que justificase la contratación a una empresa cuyo objeto social no era concordante con la naturaleza del suministro", indica.

También ponen en cuestión el encargo que el INGESA hizo a Weihai Textile Group Import & Export Co. Ltd. el 27 de marzo de 2020 para que le sirviera medio millón de batas desechables por 10.192.605 euros. Tras comparar otras contrataciones similares, el PP considera que Sanidad pagó por este pedido entre 52 y 60 veces más de los precios de mercado en esas fechas.