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Anticorrupción archiva la investigación sobre el contrato del hermano de Ayuso

El fiscal jefe Alejandro Luzón descarta "conductas penalmente relevantes" en el contrato del Gobierno regional con la empresa Priviet Sportive y la hipótesis de los denunciantes que apuntaba a posibles irregularidades cometidas por la presidenta de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso EP

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación que abrió a raíz de las denuncias de PSOE, Más Madrid y Podemos por el contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive en la que trabaja el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y por el que podría haber cobrado 286.000 euros por sus gestiones.

En un decreto firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, éste descarta la «existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas» por parte de la mercantil y también la hipótesis de posibles irregularidades cometidas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por la adjudicación de tal contrato a la compañía en la que trabajaba su hermano y propiedad de un amigo familiar de ambos, Daniel Alcázar, a las que apuntaron los denunciantes.

Los tres partidos políticos denunciaron posibles irregularidades en la contratación de emergencia realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el 1 de abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas por un importe total de 1.512.500 euros.

Los partidos de la oposición centraban así su denuncia en una contratación sobre la que el propio ex presidente del Partido Popular, Pablo Casado, centró las sospechas públicamente durante una entrevista, lo que desató la guerra interna con Ayuso que acabó con la salida del partido del primero. Nada más presentarse la denuncia, la Fiscalía ya advirtió de la «falta de concreción» y de que no veía trascendencia penal a los hechos descritos en ésta, como adelantó este diario.

Posteriormente, la Fiscalía Europea reclamó quedarse con la investigación de los hechos puesto que el contrato en cuestión se sufragó con fondos de la Unión Europea, concretamente fondos FEDER, lo que provocó un enfrentamiento entre ambas fiscalías por las competencias del departamento europeo de reciente creación dirigido por la ex fiscal Concepción Sabadell en el que Anticorrupción contó con el apoyo de la cúpula de la carrera fiscal.

Sin entrar en el supuesto delito de malversación para el que la Fiscalía Europea se ha declarado competente, la Fiscalía Anticorrupción expone en su escrito de archivo de este jueves las diligencias que ha practicado para rechazar la presentación de una querella contra Tomás Díaz Ayuso, Daniel Alcázar, la compañía adjudicataria o la propia aforada Ayuso.

Declaraciones de Tomás Díaz Ayuso y testigos

En las diligencias, según consta en el decreto, se tomó declaración en abril como investigado a Tomás Díaz Ayuso y como testigos a Daniel Alcázar, al
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al director general de Procesos Integrados de Salud en abril de 2020 y a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, así como se ha recabado diversa documentación de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración de la Administración del Estado.

Así, el fiscal Luzón concluye que «la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas a la mercantil Priviet Sporitive SL. Respecto de Dña. Isabel Díaz Ayuso, la hipótesis delictiva planteada por los denunciantes se fundamentaba en una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo ni de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada. La investigación desarrollada en estas Diligencias no ha confirmado la referida hipótesis delictiva ni permite avanzar más en ella. De conformidad con lo expuesto, a la vista de la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales y, en concreto, en lo que atañe estrictamente al ámbito de estas Diligencias, de los delitos denunciados de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad», acuerda el archivo de la investigación.

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