El choque entre la Fiscalía española y la Fiscalía Europea a cuenta de la investigación alrededor del contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive para proveer de mascarillas al hospital de Ifema al inicio de la pandemia del que se podría haber beneficiado el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contiene una preocupación de fondo para la cúpula de la carrera fiscal española.

Ésta teme que la Fiscalía española pierda el control y el poder de todas aquellas investigaciones por casos de corrupción en los que haya fondos de la Unión Europea implicados. De ahí que estén batallando para continuar con sus diligencias de investigación sobre posibles delitos que se hubieran cometido en España (tráfico de influencias, cohecho o prevaricación) en la adjudicación del mencionado contrato a la vez que la Fiscalía Europea avance con las suyas sobre un posible delito de malversación. Fuentes fiscales consideran que el precedente que sentaría este caso -en caso de perder la posibilidad de mantener su propia investigación- sería muy dañino para la actividad de la Fiscalía española, concretamente para la Fiscalía Anticorrupción.

El conflicto

La fiscal general europea, Laura Codruta Kovesi, reclama la competencia de su órgano, creado en 2021 y representado en nuestro país por la exfiscal Anticorrupción Concepción Sabadell, para llevarse toda la investigación relativa a las posibles irregularidades que se dieran en la adjudicación para la compra de material sanitario porque asegura que ésta se sufragó con fondos europeos.

Por su parte, la fiscal general Dolores Delgado, siguiendo la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y respaldada por la treintena de fiscales de Sala que componen la Junta de Fiscales de Sala del Ministerio Público, decidió que los presuntos delitos que se hubieran cometido en España deben investigarse aquí, y que deben ser los fiscales Anticorrupción quienes lo hagan.

El TJUE resolverá

Es muy posible que la disputa acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la fiscal general Kovesi se ha quejado ante Bruselas de la interpretación que está haciendo la Fiscalía española del derecho de la Unión, manifestando el equipo del comisario europeo de Justicia Didier Reynders que el asunto debe resolverlo el TJUE, según adelantó El Confidencial.

Kovesi, que fue fiscal general en su país, Rumanía, resultando expulsada del cargo por abrir investigaciones contra figuras políticas del país, lo que le llevó a convertirse en una buena candidata para la recientemente creada Fiscalía Europea, emitió el pasado miércoles un duro comunicado contra Dolores Delgado.

Consideró que la fiscal general española va "contra la legislación de la Unión Europea" por decidir mantener sus propias diligencias alrededor de la adjudicación del contrato para proveer de mascarillas por un valor de 1,5 millones al hospital madrileño de Ifema al inicio de la pandemia a la empresa de un amigo de la infancia de Ayuso y de su hermano, Tomás Ayuso, que habría cobrado una cantidad por realizar gestiones para la empresa adjudicataria.

Cuando la Fiscalía Europea decida ejercer su competencia, las autoridades nacionales competentes no ejercerán la suya respecto del mismo comportamiento constitutivo de delito

"La decisión sobre un conflicto de competencias entre un organismo nacional y un organismo europeo ha sido tomada por el Fiscal General del Estado, que es el superior jerárquico del organismo nacional y, por tanto, parcial en el procedimiento en curso. Además, la decisión se ha tomado sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia durante la reunión de los Fiscales de Sala", se pudo leer en dicho comunicado.

La fiscal general europea reclama que únicamente la fiscal Concepción Sabadell investigue los pormenores del contrato porque el material se sufragó con fondos comunitarios, concretamente fondos europeos de desarrollo regional (FEDER), en aplicación del reglamento del organismo que ella dirige. Éste dice que "cuando la Fiscalía Europea decida ejercer su competencia, las autoridades nacionales competentes no ejercerán la suya respecto del mismo comportamiento constitutivo de delito".

Sabadell ve malversación y Luzón no

Que la investigación quede finalmente en manos únicamente de la Fiscalía Europea o de ambas tendrá consecuencias determinantes para la labor de los fiscales españoles.

Además de para combatir ese precedente al que hacen referencia las fuentes fiscales consultadas, el curso de la investigación puede ser muy distinto en uno u otro caso.

Mientras la fiscal Sabadell ve indicios de un presunto delito de malversación que podría acabar con una acusación contra funcionarios públicos -incluida la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón no ve ningún indicio de dicho delito porque considera que el material llegó a su destino y no se utilizaron fondos públicos para fines privados en la adjudicación.

Merma de garantías respecto a otros casos

El investigador español destaca que mientras su investigación para despejar si pudo haber tráfico de influencias, cohecho o prevaricación es preprocesal (aún tiene que confirmar o descartar la existencia de indicios para presentar querella) la de Sabadell es equivalente a la instrucción de un juez. De hecho, ya se ha designado un juez de garantías en la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, que tendrá que supervisar el avance de las pesquisas.

Este es uno de los hechos que más molesta a los fiscales españoles, puesto que en España (a pesar de los proyectos de ley en curso) las instrucciones todavía no están en manos de los fiscales, sino de los jueces. Las fuentes consultadas consideran que se daría una situación de merma de garantías en esta investigación respecto de otras por hechos similares que se sigan en nuestro país alegando que el contrato se sufragó con fondos europeos. Por eso continuarán batallando para mantener las pesquisas paralelas a las de la Fiscalía Europea, y en este asunto la fiscal general Dolores Delgado cuenta con el apoyo de la cúpula fiscal.