La muerte de los guardias civiles Germán y Jerónimo en una persecución contra una narcolancha frente a las costas de Huelva la semana pasada ha reabierto en Andalucía una de las mayores heridas dentro de la Guardia Civil. La sensación de que los agentes combaten al narcotráfico en condiciones cada vez más peligrosas sin que el Estado reconozca oficialmente ese riesgo. Al suceder esto en el ecuador de la ya finalizada campaña electoral, el malestar de policías y guardias civiles se ha convertido además en un terreno de disputa política entre PP y Vox, que han buscado capitalizar la indignación creciente contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las asociaciones profesionales llevan días denunciando que la tragedia de Huelva era "una muerte anunciada". El enfado se disparó especialmente tras las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, que calificó inicialmente lo ocurrido como un "accidente laboral", y por la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el funeral de los agentes. "Encabronados es muy poco", resumía gráficamente un guardia civil consultado por este periódico. Montero rectificó al poco.
Pero dentro de los cuarteles andaluces el malestar va mucho más allá de la polémica política inmediata. La muerte de los dos agentes ha vuelto a colocar en el centro una reivindicación histórica de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los militares. El reconocimiento como profesión de riesgo. Una exigencia que, tras Barbate primero y Huelva después, se ha convertido casi en un símbolo del deterioro de la relación entre buena parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Gobierno.
Las asociaciones llevan años reclamando ese reconocimiento oficial, especialmente para los agentes desplegados en zonas castigadas por el narcotráfico como el Campo de Gibraltar, la desembocadura del Guadalquivir o la costa de Huelva. Sostienen que las organizaciones criminales operan cada vez con más medios, embarcaciones más potentes y una violencia creciente frente a unos efectivos que consideran insuficientes y sometidos a una presión constante.
Representantes de los agentes alertan además de que el problema ya no se limita únicamente a Cádiz. La expansión de las narcolanchas hacia otras provincias andaluzas preocupa especialmente dentro de la Guardia Civil, donde consideran que el fenómeno se está extendiendo por todo el litoral sur mientras las mafias aumentan su capacidad económica y operativa.
Un reconocimiento institucional
Dentro del cuerpo existe además la percepción de que el debate sobre la profesión de riesgo ha dejado de ser una simple reclamación laboral para convertirse en una cuestión de reconocimiento institucional. Muchos agentes interpretan que, pese a tragedias como la de Barbate o ahora Huelva, sus reivindicaciones siguen sin traducirse en cambios reales. "Si después de esto todavía hay dudas sobre la profesión de riesgo, entonces ya no sabemos qué tiene que pasar", resumen. Este mismo viernes una narcolancha arrolló a otra patrullera en Almería.
El rechazo reciente del PSOE a iniciativas parlamentarias relacionadas con mejoras para policías y guardias civiles ha agravado todavía más ese distanciamiento. Las asociaciones consideran que existe una desconexión creciente entre el Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en un momento especialmente delicado para Andalucía, donde el narcotráfico se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los agentes desplegados en el sur.
La competencia política
Ese clima es precisamente el que PP y Vox intentan convertir ahora en respaldo político. Los populares han optado por un discurso centrado en reclamar más medios y reforzar la lucha contra el narcotráfico, mientras que Vox ha endurecido todavía más el tono contra Marlaska y el Ejecutivo, tratando de capitalizar el enfado emocional existente dentro de la Guardia Civil.
Desde el PP a nivel nacional, se ha propuesto recuperar el OCON-Sur, mayores penas para los narcotraficantes y fijar la profesión como de riesgo, algo que vienen bloqueando 71 veces PSOE y Sumar en el Congreso. En la cámara, Vox ha registrado nuevamente la iniciativa para lograrlo. Se aboga por "más libertad" para que los agentes aborden esas detenciones, con mejor respaldo jurídico y dotaciones de medios materiales. También endurecer las penas.
La batalla política no es menor. Andalucía concentra una importante presencia de Guardia Civil y Policía Nacional, además de miles de familiares y entornos vinculados a los cuerpos de seguridad. Episodios como Barbate o Huelva han generado una fuerte movilización emocional dentro de ese colectivo, especialmente sensible a cuestiones relacionadas con la seguridad, el narcotráfico y el respaldo institucional a los agentes.
En muchos cuarteles andaluces existe la sensación de que el narcotráfico ha dejado de ser un problema localizado para convertirse en una amenaza estructural frente a la que el Estado sigue reaccionando tarde. Las asociaciones denuncian que las persecuciones marítimas, la presión de las mafias o los riesgos operativos forman ya parte cotidiana del trabajo de muchos agentes en Andalucía.

¿Por qué ese voto se la juegan PP y Vox?
Hay un claro sesgo ideológico en el sector. Según los datos del CIS preelectoral, el que más microdatos contiene de la oleada de encuestas y sondeos desde el inicio del proceso electoral, el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -se incluyen todas las policías y militares en Andalucía- se define de derecha en casi un 60% en todas sus franjas. Entendiendo 1 como de 'extrema izquierda' y 10 como 'extrema derecha', hay dos ámbitos fuertes más allá de un 24,4% que se define de "centro". El 36,2% se define como 'de derechas o muy de derechas' y un 17,8% de 'extrema derecha'.
Por otro lado, está la intención de voto previsto para estas andaluzas. La candidatura de Juanma Moreno arrastra el respaldo del 49,6% de los votos del sector y Vox el 17,3%, un 66,9% global. Llega al 70% con Se Acabó la Fiesta. Contrasta con la izquierda. Apenas el 4,5% votaría al PSOE-A, algo de lo que son conscientes los socialistas. Fuentes sevillanas del partido reconocen que no apelan al sector porque sabe que nunca le votará en masa.
La cifra es menor para la izquierda alternativa: un 2% votaría a Adelante Andalucía, ninguno a Por Andalucía y destaca la amplia movilización: solo un 0,5% apunta a no votar. Hay una importante masa de electores indecisos, eso sí, que previsiblemente dudan entre PP y Vox vista la preferencia ideológica.
Hay una mejor percepción en Andalucía del PP que a nivel nacional, de hecho Santiago Abascal fue más votado por esos cuerpos que Alberto Núñez Feijóo (42,9% vs. 37,8%) en la comunidad en las generales de 2023. Moreno Bonilla arrastra la simpatía de un ámbito que ve en un 50% la mejor de las políticas en la autonomía con él al frente. La situación regional es valorada como 'muy buena' por el 16,9% y como 'buena' por el 63,3%. La nota que dan al dirigente popular es del 7,02 sobre 10 mientras que Manuel Gavira supera por los pelos el aprobado, con el 5,06. Montero, en la polémica por sus palabras sobre la Guardia Civil y los accidentes laborales, es la peor valorada: un 2.
La preferencia para ser presidente es mayoritaria para el popular, un 68%, por encima de esa nota. Gavira obtiene un 6% y el 'nadie' supera con un 4,8% a los candidatos de la izquierda. Lo que deja claro la competencia de ese voto por la derecha. Más si se tienen en cuenta las principales preocupaciones: encabeza la sanidad -algo que puede vincularse a la preocupación por la salud y la cobertura durante el servicio-, seguido de la inmigración, la delincuencia-inseguridad -en relación al trabajo- o la vivienda. Los servicios, la inseguridad y el combate a la inmigración masiva ha primado la campaña de Vox.
15.000 votos esenciales para Moreno Bonilla
En un momento crucial para el PP, en el que está en juego su mayoría, el PP cifra en unos 15.000 votos en toda Andalucía como esenciales para el sostenimiento de la misma. Unos 2.000 por provincia. Precisamente, esos son los números de media aproximados de guardias civiles por provincia, por lo que asegurarse el respaldo del sector, entre muchos otros próximos ideológicamente, será crucial.
Según datos del Ministerio de Defensa, hay 20.451 efectivos desplegados en el territorio. Jaén, por la escuela de Baeza, entre otros, es la provincia donde hay más personal, 4.677. Le sigue Sevilla, con 3.234, Cádiz con 3.071, Málaga con 2.560, Granada con 2.152, Almería con 1.808, Huelva con 1.581 y Córdoba con 1.368. Esos votos pueden ser determinantes para mantenerse con 55 escaños o por encima, en un momento en el que el crecimiento de Adelante Andalucía, el quinto partido con quien se puede disputar Moreno Bonilla esos escaños, lo pone en riesgo. Un trasvase del sector a Vox puede arriesgarlo todo.
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